El Tribunal Supremo no reconocerá como observadores internacionales a las organizaciones que quieren desempeñar este rol en el juicio al procés catalán. Amnistía Internacional o la plataforma International Trial Watch-Catalan Referendum Case, creada ad hoc para velar por los derechos de los procesados, podrán estar en sala siempre que haya hueco, pero no tendrán plazas reservadas para seguir el desarrollo del juicio.

El auto del Alto Tribunal dado a conocer este viernes, último paso previo a la apertura del juicio, el 12 de febrero, justifica esta decisión recordando que las sesiones serán televisadas en directo. "Todo ciudadano que quiera convertirse en observador nacional o internacional del desarrollo del juicio, podrá hacerlo", recoge el escrito. El mismo auto autoriza la comparecencia como testigos del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, entre otros.

Así, la Sala de lo Penal, presidida por el magistrado Manuel Marchena, sigue la línea marcada por el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, este mismo jueves. En una conversación informal con periodistas, Lesmes no aclaró si el tribunal tenía previsto reconocer el estatus de observadores que reivindican estas organizaciones, pero sí fue muy claro al señalar que no considera necesario que nadie cumpla esta labor.

"Harán falta observadores cuando exista una cierta opacidad", o "cuando haya determinadas dudas". "El desarrollo del proceso se hará a la vista de todo el mundo"; "Todo el que quiera observarlo podrá hacerlo sin ningún tipo de limitación", decía, anticipando casi de forma literal la frase que recoge el auto del Supremo. 

"La Sala opta así por una fiscalización incondicionada de todas y cada una de las sesiones del plenario. Se eluden de este modo los problemas que se derivarían de la falta de acreditación, por aquellos a quienes las partes atribuyen la condición de observadores imparciales, de un estatuto de neutralidad e independencia económica respecto de sus proponentes", apunta el texto.

Este auto es el último paso antes de la celebración de la primera jornada de este macroproceso, en el que los siete miembros del Tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena juzgarán a 12 dirigentes independentistas. Se exponen a peticiones de hasta 25 años de cárcel por parte de la Fiscalía, en el caso del exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras (por un supuesto delito de rebelión y malversación), y de 12 años por parte de la Abogacía General del Estado (por sedición y malversación). 

Por otro lado, el Supremo también ha resuelto que cada procesado cuente con dos acreditaciones para el seguimiento de las sesiones por parte de sus familiares o allegados. La sala tiene apenas 100 butacas, y la repercusión de la causa es enorme. Sólo en lo que respecta a medios de comunicación ya hay 600 peticiones de acreditación de distintos informadores, de un total de 150 medios. La expectación es máxima.