El Supremo inadmite una querella de Vox contra Pedro Sánchez por un delito de conspiración para la rebelión

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite una querella presentada por Vox por delito de conspiración para la rebelión contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los ministros y los consejeros del Gobierno catalán integrantes de la llamada 'Mesa de diálogo', el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y portavoces parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos, en el contexto de los indultos a los líderes independentistas y de lo que siguió hasta la derogación del delito de sedición.

El tribunal inadmite la querella por no existir indicios mínimos y señala que "no existe base alguna, mínimamente sólida (...) que permita considerar (...) que los querellados conspiren para cometer un delito de rebelión, --alzamiento violento y público con alguno de los fines penalmente típicos--, o se encuentren en cualquier fase orientada a la preparación del mismo". 

Vox considera que el margen del Gobierno para conceder los indultos parciales a los líderes del 'procés' "resultó aquí desbordado" y que lo que siguió a la medida de gracia fue un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya para derogar la sedición y modificar el delito de malversación para beneficiarles, de acuerdo con las negociaciones de la llamada 'Mesa de diálogo'. 

Dicen los magistrados del Supremo que "podemos comprender sin dificultad" que la estrategia política del Gobierno que denuncia la querella de Vox  "pueda ser censurada, incluso agriamente, por quienes la consideran errónea, peligrosa o gravemente perjudicial para los intereses de nuestro país, o aun para su misma continuidad". 

"Otros habrá también que la juzguen como la más idónea o como la única posible --continua el auto del Supremo--. Pero por intensa que pueda ser la crítica política a dicha estrategia, es en este terreno, el debate político, en el que debe ser ventilada". 

Admite el Supremo que los partidos independentistas resultan legales en España. Vox expresa en su querella "su disgusto" con que así sea, observando que "en otros países de nuestro entorno geográfico y político una actividad legal secesionista no resulta posible", consta en el auto.

En su querella los ultraderechistas indican que "se trata de partidos políticos legales, aunque independentistas". Y en ese contexto "nada puede sorprender que, en sus programas electorales (...) promuevan la consecución, por cauces no expresamente ilegales o en términos que no constituyan delito, de sus declarados fines".

La querella para el Supremo constituye "una impugnación o crítica completa a la línea política seguida por el Gobierno de España, con relación al proceso que fue enjuiciado en nuestra sentencia de 14 de octubre de 2019 [el 'procés' independentista] y, por extensión, relativa al entendimiento que aquél defiende, --o que el querellante le atribuye defender--, en el marco de la organización territorial del Estado". 

La Sala concluye que "será en el ámbito político y, en último y soberano término en el propio de la contienda electoral, donde deberá ventilarse", a la vez que señala lo denunciado como "plenamente legítima en el plano político, como legítima es también la posición contraria". 

El auto lo firman los magistrados Manuel Marchena, Andrés Palomo Del Arco, Ana María Ferrer, Leopoldo Puente y Javier Hernández García. 

Vox presentó la querella el pasado mes de diciembre y a las puertas del Supremo el propio Abascal dijo que acudía al tribunal con "muchísimas pruebas, muy sopesada, con una argumentación jurídica inatacable". 

"Acudimos con la convicción de que tanto la razón como las leyes nos asisten", señaló el líder del partido tras explicar que la querella se dirigía también contra "todos los integrantes de la mesa de diálogo que ha sido convertida en una auténtica mesa de la conspiración"; entre otros, los ministros Isabel Rodríguez y Félix Bolaños y la vicepresidenta Yolanda Díaz, recoge Europa Press.