El Tribunal Supremo ha inadmitido la querella de Podemos contra el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y el juez refuerzo, el magistrado Joaquín Gadea, por presuntos delitos de prevaricación, revelación de secretos y omisión de perseguir conductas delictivas en un supuesto caso de lawfare al haber reabierto la investigación contra el partido por presunta financiación ilegal. 

El Alto Tribunal entiende que no existen indicios de delito que sustenten la querella de Podemos, tal y como considera también la Fiscalía, que este martes había solicitado a la Sala Segunda del Supremo la inadmisión por carencia de indicios delictivos. 

La Fiscalía ha asegurado que la decisión que en este caso adoptó el juez de reabrir las actuaciones "es perfectamente legal" y, además, "correcta desde el punto de vista de las obligaciones del juez de instrucción que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sin vulneración alguna ni de las reglas de competencia ni del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley".

Podemos presentó el pasado 27 de noviembre la querella contra el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 y el magistrado Gadea, por haber reabierto la investigación que se seguía en su contra y sus líderes por presuntos delitos de financiación de partidos, blanqueo de capitales y delito fiscal, tras haber tomado declaración al exjefe de la Inteligencia de Venezuela Hugo 'Pollo' Carvajal, reclamado por Estados Unidos. 

La causa se abrió en junio de 2016 en virtud del falso informe policial PISA, acrónimo de Pablo Iglesias S.A. elaborado por la brigada patriótica del Ministerio del Interior en la época en que estuvo dirigido por Jorge Fernández Díaz, en el Gobierno de Mariano Rajoy. Un informe inventado sobre la financiación de Podemos. Días después de abrirse la causa, el juez García Castellón la archivó ante la manifiesta falsedad del informe. 

Sin embargo, el 18 de octubre de 2021 el mismo magistrado dictó auto de reapertura de las diligencias, acordando el secreto de las actuaciones, ante la declaración del exmilitar venezolano 'Pollo Carvajal' , que se prestó a colaborar con la Justicia para evitar su extradición a Estados Unidos, como finalmente sucedió, por narcotráfico y blanqueo de capitales. 

La Sala Segunda considera que los hechos denunciados no son constitutivos de los citados delitos de prevaricación, revelación de secretos y/o de omisión del deber de perseguir delitos. Respecto a la información aportada por Carvajal, afirma que los hechos guardaban relación con el objeto de la investigación que se había llevado a cabo en el juzgado por delitos de financiación ilegal de partidos políticos, delito fiscal y blanqueo de capitales por lo que ante esta nueva información el juez estaba obligado a investigar y verificar la veracidad de la información que se le transmitía. 

Para la Sala, tampoco parece injustificada en ese momento la declaración de secreto de sumario con la que el Ministerio Fiscal estaba conforme. 

Del mismo modo, el tribunal rechaza la indefensión denunciada por Podemos por la declaración del secreto sumarial puesto que de continuarse la investigación, hubiera terminado por levantarse el secreto, dice la Sala. 

El tribunal ha estado formado por el presidente de la Sala, Manuel Marchena, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela (ponente) y Eduardo de Porres.