El Grupo Plurinacional Sumar ha registrado este miércoles, 5 de junio, en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para impedir que las empresas españolas lleven a cabo negocios en territorios ocupados como el caso de Palestina o el Sáhara Occidental. La iniciativa, que firman los diputados Tesh Sidi, Txema Guijarro y Enrique Santiago incluye, entre otras cosas, una reforma de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.

Los de Yolanda Díaz explican en la proposición de ley que el objetivo de la misma es "establecer medidas legales concretas que permitan
garantizar el cumplimiento de las normas y principios del derecho internacional relacionados con la prohibición de asentamientos en territorios ocupados". Para ello, enumeran todos los acuerdos internacionales en los que se sustenta el cuórum internacional en el tratamiento de los asentamientos ilegales.

La propia propuesta de Sumar define esos asentamientos como "aquellos asentamientos en territorios militarmente ocupados, cuya presencia y control es o ha sido facilitada de forma directa o indirecta por la potencia ocupante, y cuya ilegalidad ha sido declarada mediante alguna de las siguientes decisiones".

Uno de los puntos clave de la iniciativa, con todo, es la reforma de la Ley de Represión del Contrabando. En concreto, se añadiría un apartado al texto en el que se especificaría que se considerarán contrabando los "productos y recursos obtenidos de asentamientos ilegales situados en territorios ocupados". Y concretan: "Productos o recursos que hayan sido elaborados, extraídos, manufacturados, fabricados, procesados, tratados o terminados en los asentamientos ilegales situados en territorios ocupados".

En otro punto, amplían: "Cometen delito de contrabando quienes importen, exporten, introduzcan, expidan o realicen cualquier otra operación de carácter comercial de productos elaborados y recursos obtenidos de asentamientos ilegales en territorios ocupados".

Pero la propuesta también incide en las contrataciones que se hacen desde el sector público. Para ello, propone una reforma de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Se incluye, en concreto, que se prohíba a la Administración contratar a empresas "involucradas, directa o indirectamente, en actividades comerciales, económicas o financieras en asentamientos ilegales en territorios ocupados", según las listas publicadas por la ONU.

Sumar aumenta la presión con el Estado de Israel

Con esta proposición de ley, que deberá debatirse en Pleno en el Congreso de los Diputados, Sumar aumenta la presión en el Gobierno de coalición acerca de las relaciones con el Estado de Israel.

"El caso de Palestina es quizá uno de los más representativos", señala Sumar en la iniciativa, "en el sentido de que no solo los asentamientos de población, sino la ocupación en sí que ejerce el estado de Israel respecto del territorio palestino ya ha sido declarada ilegal" por "la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU) y el Consejo de Seguridad" o, también, el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) o, en algunos puntos concretos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En cualquier caso, Sumar también cita los territorios de Sáhara
Occidental, Crimea o Chipre.