Sumar ha registrado este lunes en el Congreso de los Diputados una serie de preguntas por escrito con las que piden explicaciones al Ministerio del Interior por las cargas policiales que tuvieron lugar en Murcia, el viernes 4 de octubre, durante una manifestación estudiantil. Entre uno y dos millares de estudiantes se concentraron ante la Consejería de Educación de la ciudad para protestar ante la "incertidumbre", en sus palabras, que generan las condiciones de la nueva Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Las protestas terminaron con una actuación policial.

Dichas cargas policiales obligaron a pronunciarse a la delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara, que aseguró, antes de nada, que desde la institución a la que representa en ningún momento se ordenó el uso de la fuerza contra los estudiantes, la mayoría de ellos cursando los estudios de segundo de Bachillerato.

Guevara, como ya contó Público, se reunió con el jefe superior de Policía, quien le aseguró que el dispositivo había sido "proporcional" y que solo había tenido como objetivo "establecer un perímetro que evitara que se produjeran situaciones más graves". De todas formas, la delegada del Gobierno reconoció que "las imágenes publicadas puedan resultar sensibles", por lo que ha llegado a solicitar "un informe para garantizar que, en caso de que se detectara alguna actuación improcedente, se depuren las responsabilidades oportunas".

El Grupo Plurinacional Sumar, en cualquier caso, califica como "de gran violencia" la actuación de la Policía Nacional y concreta que, tal y como se ha podido ver en imágenes recogidas en distintos medios de comunicación y publicadas en redes sociales, "se puede observar a varios agentes realizando cargas con porras extensibles, disparando salvas al aire y utilizando sus protecciones personales para empujar a los menores, que se encontraban en una clara disposición pacífica". 

Por ello, los de Yolanda Díaz preguntan por escrito a Fernando Grande-Marlaska "qué justificación encuentra" a dichas cargas judiciales, si considera que "los hechos acontecidos podrían haber vulnerado el derecho constitucional de manifestación" y, por último, si cree que "estas acciones concuerdan con los recientes acuerdos alcanzados por el Gobierno de España sobre los derechos de manifestación ciudadana".

Se refieren, en concreto, al acuerdo que alcanzaron el Ejecutivo y EH Bildu para reformar la ley mordaza y, entre otras cuestiones, eliminar las pelotas de goma y las devoluciones en caliente.

A partir de este punto, el Ministerio del Interior tendrá que responder por escrito a las preguntas del socio minoritario del Gobierno, que con este movimiento vuelve a marcar perfil propio en el Congreso, en una dinámica que se ha consolidado en las últimas semanas.