La vivienda se ha situado en el foco principal del debate político y social. La presión ciudadana ha ido creciendo durante los últimos años y el pasado domingo se visibilizó en una multitudinaria manifestación que no ha pasado desapercibida para el Gobierno de PSOE y Sumar. El presidente Pedro Sánchez reconoció el lunes que debían "reaccionar con contundencia" y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, compareció en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para anunciar dos nuevas medidas. 

Una de ellas, eso sí, ha contado con el rechazo explícito de sus socios de coalición. Se trata del Bono Alquiler Joven, unas ayudas que se implementaron hace dos años. Los socialistas se defienden de las críticas apuntando que la iniciativa está incluida en el acuerdo de Gobierno firmado entre PSOE y Sumar hace poco más de un año.

Pero en el espacio de Yolanda Díaz destacan que la medida "solo tiene sentido en un mercado regulado". Es decir que si se topan los precios al alquiler y se da un bono a los jóvenes se llena el bolsillo de los jóvenes. En cambio, si se da un bono a los jóvenes en un mercado que no está regulado, se abre la puerta a los caseros para volver a subir los precios. "Estas ayudas tienen el riesgo de convertirse en una simple transferencia de dinero público a manos privada", destacaron también desde IU. 

Otros aliados como ERC o EH Bildu también su sumaron a las críticas. En sus pactos de investidura no se incluyeron medidas sobre vivienda, a diferencia del acuerdo de coalición. En él también se incluyó otra medida que fue criticada hace unos meses por Sumar por no ir acompañada de otras. Se trata de línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para ayudar a los jóvenes menores de 35 años el sistema de avales del 20% de la hipoteca para la compra de la primera vivienda habitual. 

En líneas generales se han desarrollado buena parte de las medidas firmadas entonces. Pero la gran clave que falta es la completa aplicación de la Ley de Vivienda por parte de las comunidades autónomas del PP. Los populares han boicoteado desde el primer momento declarar zonas tensionadas en sus territorios para poder regular los precios del alquiler. Solo Catalunya ha dado un paso importante en ese sentido y sus efectos positivos ya se notan en los precios. 

Por todo ello, desde Sumar reclaman desde hace días más contundencia a Rodríguez. En concreto, piden "apoyar mediante recursos condicionados a los ayuntamientos y Comunidades Autónomas para que puedan hacer cumplir la normativa en materia de pisos turísticos y vivienda en general". Es decir, bloquear los fondos a dichas comunidades ante su rebelión frente a la ley. La ministra amagó con llevarlo a cabo hace unas semanas pero finalmente lo descartó pocos días después.

Más allá de esto, en Sumar han puesto encima de la mesa una serie de medidas para hacer frente a la crisis de la vivienda. Entre ellas se incluye la prohibición temporal de la compra de vivienda en zonas tensionadas para usos diferentes a la vivienda habitual o el alquiler asequible. Este mismo lunes, también en Podemos, se hizo especial hincapié en esta propuesta. 

En Sumar quieren poner el foco también en cuestiones fiscales para hacer frente a la situación. Una de sus propuestas es "acabar con los alquileres turísticos ilegales y desincentivar el alquiler turístico en zonas tensionadas con medidas fiscales". También se propone "elevar la fiscalidad estatal de los pisos turísticos para recortar drásticamente su rentabilidad". 

Sumar quiere limitar también las deducciones en el IRPF a las rentas por arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda a aquellos casos en que éstas se sitúen por debajo del límite máximo establecido en el sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda. 

La ministra defiende sus medidas 

"No vamos a parar", destacó este martes en varias ocasiones Rodríguez durante la rueda de prensa. Fuentes de su ministerio aseguran que preparan una batería de medidas importante para antes de que acabe el año 2024. En su horizonte se encuentra además la Conferencia de Presidentes, donde el tema principal a abordar con las comunidades autónomas será la vivienda, o al menos ese es el objetivo de Sánchez. 

Sobre la aplicación de la Ley de Vivienda por parte del PP apelan a que tendrán que darse cuenta de los beneficios, también fiscales, que supone la aplicación de la ley. Apuntan también a que hay territorios donde la presión interna del PP puede surgir efecto ya que habría comunidades dispuestas a aplicar la ley si los ayuntamientos dan el paso. Pero lo cierto es que los populares no han dado señales de acercamientos en estos temas sino todo lo contrario. 

El Gobierno se defiende de las críticas y considera que ya ha tomado cartas en el asunto. Enumeran todas las medidas tomadas en apenas un año como la publicación del índice de precios de referencia necesario para aplicar la Ley de Vivienda, la ampliación de la moratoria de desahucios para personas vulnerables o la aprobación por unanimidad de ley para paralizar desahucios hipotecarios hasta 2028.

Desde Moncloa sacan pecho del fin de las Golden Visa y la tramitación parlamentaria en torno a la modificación de la ley propiedad horizontal para "empoderar a los vecinos y prohibir los alojamientos turísticos en tramitación parlamentaria". La puesta en marcha de los avales para las hipotecas es otro punto que destacan en el Ministerio de Vivienda. 

En lo que se refiere a construcción de vivienda pública, se han firmado ya convenios para la construcción de 25.000 viviendas en alquiler asequible y ha comenzado la urbanización de la Operación Campamento, que contará con más de 10.000 viviendas asequibles. En el aire está todavía la reforma de la Ley del Suelo, que retiró el Gobierno por falta de apoyos en el último minuto y que ha sido criticada también por diferentes colectivos sociales. 

El último paso ha sido el dado este martes con la tramitación del reglamento para un registro único de pisos de temporada y turísticos con el objetivo de evitar fraudes. Los detalles del Real Decreto tampoco han sido vistos con buenos ojos ni por los colectivos del movimiento por la vivienda ni por los socios de Gobierno.