Sumar ya tiene todos sus focos puestos en la negociación que se abrirá próximamente en el seno del Gobierno para acordar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025. El objetivo de los de Yolanda Díaz es remitir a la parte socialista del Ejecutivo una propuesta sobre la que empezar a conversar antes del parón estival.

Una de las medidas prioritarias que Sumar incluirá en ese documento es la aprobación de una prestación universal por crianza de 200 euros hasta los 18 años. Se trata de una iniciativa que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ya incluyó en la negociación presupuestaria que se vio interrumpida por el adelanto electoral en Catalunya.

Ahora, Sumar la recupera como una de sus medidas estrella, y en la coalición están dispuestos a dar la batalla tanto en el seno del Gobierno como en el Parlamento. Una prueba de ello ha sido el acto organizado por Derechos Sociales este martes, en el que además de Pablo Bustinduy, ministro del ramo, han participado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Diaz; y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Además de los tres ministros de Sumar, en el acto se han celebrado una serie de mesas redondas para explicar cómo funcionaría esa prestación universal por crianza y cuáles serían sus beneficios potenciales. Para Bustinduy, se trata de una herramienta fundamental para reducir la pobreza infantil en España.

El ministro de Derechos Sociales ha insistido sobremanera en la necesidad de salir del marco del modelo asistencial que considera esta prestación una ayuda para familias vulnerables para empezar a considerarla como un derecho para la ciudadanía. Por eso ha defendido esa "universalización" de la ayuda y el hecho de que su concesión no dependa de la renta o de los ingresos de cada familia.

"Demostrar la pobreza"

Sobre todo después de las numerosas experiencias que demuestran que la burocracia requerida para "demostrar la pobreza" aleja a los más vulnerables de este tipo de ayudas. Bustinduy ha explicado en varias ocasiones que esta ayuda universal no quiebra el principio de solidaridad económica, porque ese principio se haría efectivo en la financiación de la misma (las familias y empresas con mayores ingresos aportarían una mayor financiación).

"No debería ser necesario demostrar que se es pobre. Es una medida que generaría un derecho de ciudadanía y por tanto creo que debe estar muy alta en la lista de prioridades de la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado", ha concluido el ministro.

Rego ha defendido la necesidad de aprobar esta medida para "romper el ciclo de la pobreza" y avanzar en el despliegue de iniciativas "transformadoras que brinden una igualdad real a todos los niños y a todas las niñas".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha pedido que la prestación universal por crianza vaya más allá de ser una medida presupuestaria para convertirse en "un acuerdo de país", y ha confiado en que el "enfrentamiento" y la crispación política actuales no lo bloqueen.

Díaz ha explicado que la medida alcanzaría a ocho millones de personas menores de 18 años, y ha reconocido que para llevarla a cabo habría que aumentar la capacidad fiscal del Estado: "Estamos hablando de financiación autonómica", ha dicho.

Sumar ha confeccionado un grupo en el seno de la coalición con el objetivo de trabajar y remitir una propuesta presupuestaria a los socialistas que incluya la prestación y otras medidas como la ampliación a 20 semanas de los permisos marentales y parentales retribuidos.