Las Cortes dejaron de tener actividad el martes, cuando el decreto de convocatoria electoral del Gobierno acabó con el trabajo parlamentario ordinario. Con la disolución de Congreso y Senado, los parlamentarios dejan de prestar sus servicios y, por lo tanto, también dejan de cobrar por ello. Sin embargo, como en el resto de trabajos, tienen derecho a percibir indemnizaciones en función de la actividad desarrollada.

Durante los periodos de actividad ordinaria diputados y senadores perciben un salario base en concepto de asignación constitucional. Esta cuantía es de 2.972,94 euros para los miembros de la Cámara Baja y de 2.972,98 euros para los de la Cámara Alta. La asignación se suele complementar con otras cuantías en función del trabajo desarrollado y del cargo que se ocupe en las Cortes.

Los presidentes de las cámaras, por ejemplo, reciben varios complementos salariales por las funciones que desempeñan. En el caso del Congreso, al sueldo se le añade un complemento de 3.242 euros, uno de 3.521 euros en concepto de gastos de representación y otro de 2.887 euros en concepto de gastos de libre disposición.

La presidencia del Senado recibe, aparte de la asignación constitucional, otra retribución de 3.242 euros y un complemento de 4.733 euros. También existen complementos salariales para el resto de miembros de las Mesas, para los portavoces y portavoces adjuntos, así como para los miembros de las mesas de las diferentes comisiones y los portavoces y portavoces adjuntos de las mismas.

Cuando la actividad del Parlamento cesa, como en el caso de una convocatoria electoral, los diputados y senadores dejan de percibir sus salarios (y todos los complementos asignados), a excepción de los miembros de las diputaciones permanentes, órganos que asumen algunas de las facultades básicas de las Cámaras cuando éstas se encuentran disueltas o entre periodos de sesiones.

En el Congreso, la Diputación Permanente está compuesta por 128 diputados, entre titulares, suplentes y miembros de la Mesa. La Diputación Permanente del Senado está compuesta por 73 parlamentarios. Los miembros de estos órganos continúan cobrando la cantidad que percibían entre la asignación constitucional y los complementos.

El resto de diputados y senadores, aquellos que no forman parte de la diputación permanente (222 parlamentarios en el Congreso y 193 en el Senado) tienen derecho a cobrar, de forma excluyente, dos tipos de indemnización tras el cese de la actividad de la Cámara; es decir, que pueden elegir entre dos modalidades de "finiquito".

La primera es la denominada “indemnización de transición”, una suerte de finiquito que se abona en un solo pago y cuya cuantía es fijada por las mesas de Congreso y Senado. En 2015 y 2016, años electorales, las mesas de las Cámaras decidieron que la cuantía equivaldría a las retribuciones que venían percibiendo de forma habitual los parlamentarios cuando había actividad.

Dietas, residencia, taxis, tablets y teléfonos móviles

Los diputados tienen 15 días para solicitar esta paga, que no es compatible con ningún otro ingreso público o privado. Esta modalidad está pensada para aquellos parlamentarios que, en principio, quieren volver a la actividad cuando se constituyan las nuevas Cámaras.

Para aquellos que no tienen pensado repetir, existe otra modalidad de retribución: la idemnización por cese. Esta paga será mensual y equivalente a una mensualidad de asignación constitucional (2.972 euros en la actualidad) por cada año de mandato parlamentario en las Cortes (o fracción superior a medio año) y hasta un límite máximo de 24 meses. Es decir, aunque un diputado o senador superase la cifra de 24 meses en las Cortes, acumulando un mes por año trabajado, no puede cobrar más de los dos años acumulados.

Los parlamentarios que no formen parte de la Diputación Permanente también dejan de percibir aquellas retribuciones que no van unidas al cargo, como las que se engloban bajo el concepto de dietas. Este es el caso de las indemnizaciones por residencia. Los diputados elegidos en circunscripciones distintas a Madrid perciben 1921 euros al mes y lo electos en Madrid, 917 euros.

También disponen en periodo ordinario de una tarjeta de taxi, cuyo límite de gasto es de 3.000 euros al año, para utilizar en la ciudad de Madrid; el Congreso abona, además, los desplazamientos en transporte público (avión, tren, automóvil o barco). Lo que no pierden los diputados (si no quieren) cuando se disuelven las Cortes son las tablets y los teléfonos móviles que les da el Congreso, ya que pueden quedarse con ellos con un precio que, según fuentes parlamentarias, “se ajusta al del mercado”.