Los partidos de la mayoría de investidura van elevando paulatinamente la presión sobre el Gobierno para poner coto a las asociaciones de ideología neonazi. Ya son varias las veces durante esta legislatura en las que dichas formaciones han registrado iniciativas en ese sentido en el Congreso de los Diputados. En este caso, es Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) el partido que aprieta al Ejecutivo. Público ha tenido acceso a una serie de preguntas por escrito que le plantean los republicanos para conocer "qué medidas está implementando para garantizar que la legislación en materia de asociaciones no acabe permitiendo la difusión de mensajes peligrosos para la convivencia y la seguridad pública", tal y como reza el documento.

ERC, en un documento oficial que firma el diputado Francesc-Marc Álvaro, hace referencia a una información de Público que explicaba que "el Ministerio del Interior aceptó la inscripción del grupo neonazi Núcleo Nacional pese a que tenía una investigación policial en curso". Los republicanos no entienden por qué "una entidad neonazi con antecedentes de investigación policial" y una "posible vinculación con delitos de odio y actividades ilícitas" puede obtener sin contratiempo alguno el registro en Interior.

Se trata de algo, apuntan, que "genera preocupación" en relación con la "capacidad del Gobierno para frenar y sancionar legalmente a grupos que difunden ideologías antidemocráticas, como el nazismo o el fascismo". Además, señalan que "la Ley de Memoria Democrática [aprobada recientemente] estipula que las instituciones del Estado tienen la obligación de combatir y prevenir la difusión de ideologías que promueven el menosprecio o la discriminación por razón de etnia, origen u otras condiciones". Sin embargo, abrochan, el Ejecutivo español "afirmó que esa misma ley no incluye mecanismos para la ilegalización de grupos que propaguen mensajes de odio".

Ahí existe, según ERC, una "laguna legal" ―una rendija― por la que ese tipo de asociaciones "pueden eludir el control institucional". Por otra parte, inciden en que en las legislaciones de otros países europeos sí se estrecha el cerco sobre ellas. Las organizaciones que ponen los republicanos como ejemplo son Núcleo Nacional y Devenir Europeo.

Las preguntas que lanza ERC al Gobierno y que tendrán que ser respondidas por escrito pueden dividirse en tres bloques: los criterios que sigue el Estado para permitir el registro de asociaciones y los mecanismos que existen para "evitar que asociaciones con ideologías potencialmente peligrosas se registren como entidades legales"; la comparación entre el caso español y el de otros países, que, como Alemania, tienen legislación para evitar la proliferación de este tipo de grupos; y, por último, la preocupación que les suscita que la Ley de Memoria Democrática permita el desarrollo de "entidades con vínculos con el nazismo o el franquismo".

También se interesan, más en concreto, por el proceso a través del cual se incluyó en el Registro Nacional de Asociaciones, el 8 de agosto, Núcleo Nacional. "¿Ha recibido el Ministerio del Interior, en el proceso de registro de la asociación Núcleo Nacional, algún informe o advertencia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad sobre las actividades de esta entidad o sus miembros? En caso afirmativo, ¿cómo justifica el Gobierno que se haya procedido con el registro a pesar de las advertencias?", pregunta Esquerra.

Sumar y Podemos, contra Desokupa

Más allá de este movimiento de ETC, tanto Sumar, como Podemos han presentado iniciativas para perseguir a otro conjunto de asociaciones que preocupa preocupa profundamente al bloque izquierdista: las empresas de desokupación. Los morados, sin ir más lejos, propusieron una ley, como ya hicieran en la legislatura pasada, para ilegalizarlas. 

Desde Sumar, ya son tres las baterías de preguntas que han registrado para prohibir la actividad de ese tipo de empresas y, en particular, la más conocida: Desokupa. Esas preguntas al Gobierno ―todavía sin respuesta― se registraron en agosto, septiembre y octubre de este mismo año. En ellas, califican de "grupos escuadristas" a este tipo de asociaciones y piden su ilegalización. No hay que perder de vista que, durante el mes de agosto, se supo que la empresa de Dani Esteve había firmado un convenio con el Sindicato Unificado de Polícía (SUP) para realizar formaciones policiales.

Ofensiva contra la Fundación Francisco Franco

Por otro lado, no hay que olvidar que el Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun (Movimiento Sumar), ha iniciado el camino para ilegalizar la Fundación Francisco Franco. El Partido Socialista, por su parte, llevó al Congreso una reforma de la Ley de Asociaciones para avanzar en la prohibición de cualquier asociación que haga apología de la dictadura. La Cámara Baja la admitió a trámite.

Existe, por tanto, una creciente actividad parlamentaria para poner el foco en este tipo de asociaciones, aunque fuentes parlamentarias coinciden en la importancia de que se den los debates precisos para que ninguna de las eventuales leyes o normas que se aprueben sean restrictivas con la libertad de expresión.