Sindicatos de seguridad privada inician acciones contra la Policía por no sancionar a las empresas

MADRID- Los trabajadores de Seguridad Privada llevan desde 2011, cuando el PSOE cambió la legislación denunciando la instalación de sistemas no homologados de alarma y viodevigilancia, sin que la Policía, encargada de inspeccionar y abrir expedientes a las empresas, haya obligado a cumplir la normativa. Por eso la Intersindical que los reúne ha decidido comenzar a interponer denuncias caso por caso, como el ahora denunciado, que afecta a 961 usuarios de La Moraleja (Madrid).

La denuncia interpuesta va dirigida contra el inspector jefe de la Sección de Inspecciones que, desde que se implantó la nueva normativa, debió abrir distintos expedientes contra Seguridad La Moraleja S.L y Prosegur, encargados de instalar sistemas de alarma que no estaban homologados. Los denunciantes aseguran que “sólo por los sistemas de alarma en La Moraleja los expedientes sancionadores debían haber sido por una falta grave o muy grave y la multa ascendería a 30 millones de euros”. También le atribuyen a este funcionario concreto por su “inacción y la falta de incoación de expedientes sancionadores por faltas graves (3) y muy graves (10.000)” a esta empresa en toda España “casi 300 millones de euros que la Administración ha dejado de recaudar”.

Fue ese año cuando presentaron los primeros escritos ante la Unidad Central de Seguridad Privada (UCPS) de la Policía Nacional, dirigida por el comisario Esteban Gándara, “que nunca ha hecho caso a nuestras denuncias que ponen en peligro, como en este caso, no ya a los trabajadores, sino a los usuarios de estos servicios que son carísimos y que en la mayoría de las ocasiones no están homologados”, según la responsable sindical.

Los sindicatos elevan la cuantía no recaudada por Hacienda en 15.000 millones de euros.

Sumando los expedientes a todas las empresas de seguridad que podrían conllevar multa por instalar sistemas no homologados en centros comerciales, bancos, universidades o urbanizaciones de todo el territorio español, los sindicatos elevan la cuantía no recaudada por Hacienda en 15.000 millones de euros.

“Vista la pasividad del comisario Gándara y de la Unidad Central decidimos poner las denuncias directamente en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, ante el comisario Eugenio Pino, que no sólo ha seguido el mismo camino de no abrir expedientes si no que ha mantenido al comisario en su puesto. Aquí habría que pensar dónde acaban muchos de los policías cuando se van a segunda actividad o se jubilan, porque la puerta giratoria con las empresas de seguridad que deberían ser sancionadas es muy habitual”, asegura la portavoz de los denunciantes.

En la lujosa zona de La Moraleja, en Madrid, -donde vivió por ejemplo la cantante Isabel Pantoja, que sufrió un robo- en 2011 el inspector avisó a Seguridad La Moraleja de que no cumplía los requisitos de una central receptora de alarmas, lo que suponía la apertura de un expediente por una infracción muy grave. No se abrió dicho expediente y se decidió subcontratar a Prosegur para esa parte del trabajo.

Sin embargo, “un año después tuvimos que volver a denunciar a ambas empresas ante la Policía debido a que los sistemas seguían infringiendo las leyes de seguridad. Pero nunca nos contestaron”, asegura la portavoz de la Intersindical que añade: “Los 961 sistemas de seguridad de los vecinos de La Moraleja no eran bidireccionales como decía la ley. Es decir, cuando saltaba la alarma, era imposible saber qué zonas se habían activado, la ubicación concreta de las mismas, ni los datos del titular”.

Las multas por infracción grave o muy grave ascienden a unos 30.000 euros por casa sistema de alarma no homologada.

Las multas por infracción grave o muy grave ascienden a unos 30.000 euros por casa sistema de alarma no homologada. En el caso de los sistemas no bidireccionales, que no identifican claramente a los usuarios sino que lo hacen con las siglas “BB”, el problema está en que además “Prosegur llegó a reconocer ante las quejas de los trabajadores que carecía de los teléfono válidos para localizar a clientes, las incidencias no se pueden gestionar directamente con los afectados”.

La situación llegó a ser “tan grotesca”, aseguran en su escrito, que con fecha 30 de octubre de 2012, “se produjo una situación de incomunicación en la receptora de SEGURIDAD LA MORALEJA por ‘caída de servicio’, de manera que ni en PROSEGUR ni en el centro de control de SEGURIDAD LA MORALEJA se recibían señales de los cientos de sistemas de seguridad no homologados de la FASE I (BB). La UCSP siguió sin intervenir, poniendo en peligro los bienes de los usuarios de esta urbanización”.

Finalmente y después de años de quejas, en 2014 la Unidad Central de Seguridad Privada contestó a los sindicatos que la inspección de productos sin homologar “no es competencia” de la Policía. “Ciertamente, la UCSP es una institución inservible para el ciudadano y solo parece tener una función: facilitar el 'negocio" a las grandes empresas de seguridad de España”, aseguran en su escrito.