Las siete leyes más regresivas que Rajoy ha impuesto a golpe de 'rodillo'

MADRID.– Al presidente del Gobierno Mariano Rajoy no le gusta dar cuentas al Congreso de los Diputados; tampoco al Senado. Así se desprende de su limitada presencia durante la legislatura en la Cámara Baja, apenas para cumplir con el expediente, y sus constantes excusas para aparecer lo mínimo posible en la Cámara Alta. Pero su aversión al parlamentarismo no es solo personal. La gestión de su Gobierno y su actividad legislativa también han rehuido todo lo posible sus obligaciones para con las dos cámaras.

El propio Rajoy ha comparecido apenas en dos ocasiones ante el Congreso de los Diputados a petición de la oposición: una, el 8 de mayo de 2013 para hablar sobre la situación de la economía española; otra, tres meses después, el 1 de agosto, para hablar sobre el caso Bárcenas. Otras 103 peticiones de la oposición no fueron atendidas, siendo el presidente del Ejecutivo que más veces ha rechazado este tipo de comparecencias.

Además, ha sido una actitud de la que ha contagiado al resto de su Gabinete. Su mano derecha, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, apenas ha comparecido una sola vez en cuatro años ante la Comisión Constitucional para dar cuenta de su gestión. Todo un récord si se compara con las cifras de sus homólogos en las legislaturas precedentes.

Los ministros de Rajoy han "excusado" su asistencia a las sesiones de control en más de 200 ocasiones

No ha estado sola: la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, no ha pisado su comisión desde enero de 2014; su colega de Interior, Fernández Díaz, sólo ha aparecido una vez desde febrero de 2014 forzado tras conocerse que recibió en su despacho a Rodrigo Rato. Los ministros Pastor, Catalá y Montoro ofrecen ausencias parecidas. Durante estos cuatro años los ministros del Gobierno de Rajoy han “excusado” su asistencia las sesiones de control para responder a las preguntas de la oposición en más de 200 ocasiones, según datos facilitados por el grupo parlamentario socialista.

En el ámbito de la producción legislativa, al Gobierno de Rajoy tampoco le ha gustado mucho dar cuentas y si lo ha hecho ha sido bajo el principio del mínimo esfuerzo. De un total de 220 iniciativas legislativas, el Ejecutivo ha empleado en 75 ocasiones (el 34%) la vía del Real Decreto-Ley, un método que la Constitución permite para casos excepcionales y urgentes. Con estas cifras Rajoy ha superado el record de Aznar, que llegó al 33% en su primera legislatura.

Y, además, el Gobierno de Rajoy ha empleado, gracias al rodillo de su mayoría absoluta, otros dos trucos parlamentarios: la tramitación de proyectos legislativos por urgencia, que reduce notablemente los plazos y requisitos ordinarios, y el debate en la comisión sectorial correspondiente con competencia legislativa plena, es decir sin pasar por el doble debate ante el pleno de la Cámara baja por el que normalmente pasa un proyecto o proposición de ley.

Hasta 59 iniciativas legislativas han ido por el trámite de urgencia y otros 117 han siso debatidas solo en comisión. La reforma laboral, la de pensiones, la de seguridad privada, la reforma del sector eléctrico o la de costas, entre otras, no han pasado por el pleno de la cámara. El Gobierno no ha tenido ningún remilgo en emplear el rodillo para sacar adelante las leyes consideradas más reaccionarias sin tener el apoyo de los grupos de la oposición. Estas son algunas de ellas.

El 30 de diciembre de 2011, una semana después de llegar a La Moncloa, el Gobierno de Rajoy aprobó su primer real decreto-ley en el que subía hasta un 7% el IRPF a millones de trabajadores y el IBI hasta un 10%, congelaba los salarios de funcionarios –con subida de la jornada semanal de 35 a 37,5 horas– y reducía el gasto público en 9.000 millones de euros entre otras drásticas medidas. Aquella iniciativa fue considerada como “el mayor ajuste presupuestario y fiscal de la historia”. El Congreso convalidó el 11 de enero siguiente, con el apoyo de CiU, este real-decreto ley.

También por real decreto-ley, el tercero de su larga producción, el Ejecutivo de Rajoy dictó el 10 de febrero de 2012 la reforma laboral que bajo el argumento de “facilitar la contratación, especialmente de los jóvenes y parados de larga duración”, ha supuesto el mayor recorte de derechos laborales de los trabajadores en España desde la dictadura. Rajoy recurrió a esa vía tras fracasar el diálogo con los agentes sociales, especialmente los sindicatos que se opusieron al nuevo modelo renegociación colectiva.

El Congreso, el 8 de marzo, el mismo día del 32 aniversario del Estatuto de los Trabajadores y fecha en la que se conmemora el día de la mujer trabajadora, convalidó el real decreto-ley con el apoyo de CiU, UPN y Foro Asturias y la oposición de todo el resto del arco parlamentario. Se tramitó como proyecto de ley por vía de urgencia sin introducir cambios. En los pasillos, Rajoy declaró: “Estamos contentos porque todo el mundo sabía que era una ley que había que hacer (…), esto es lo que necesita España para que haya trabajo y creación de empleo”.

El 20 de abril de 2012 el Gobierno de Rajoy insistió en sus medidas restrictivas sobre derechos del Estado del bienestar. En un real decreto-ley introdujo un recorte brutal de 10.000 millones de euros en la sanidad (7.000 millones) y la educación (3.000) públicas. En el ámbito sanitario esta norma estableció el copago farmacéutico para los pensionistas hasta el 10% del coste de los medicamentos y eliminó de un plumazo la asistencia sanitaria a más de 500.000 inmigrantes en situación administrativa irregular, entre otras disposiciones.

En educación aumentó las horas lectivas a los profesores y subió un 20% el ratio de alumnos por aula con el fin de bajar los costes, entre otras medidas. Este real decreto-ley fue convalidado, ya sin respaldos, el 17 de mayo de 2012 en la Cámara Baja en medio de múltiples protestas por parte de la oposición y de colectivos sociales diversos, entre ellos estudiantes del Instituto Luis Vives de Valencia que dieron lugar a la llamada “primavera valenciana” y a brutales cargas policiales que fueron vistas en las televisiones de todo el mundo. La oposición se ha comprometido a restablecer la sanidad universal (escrito conjunto en marzo de 2015).

Ha sido, sin duda, una de las estrellas de la legislación reaccionaria del Gobierno de Rajoy, considerada desde no pocos sectores profesionales como totalmente innecesaria e incluso “provocadora”. El proyecto de ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana fue presentado por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, considerado uno de los halcones del Gobierno de Rajoy, el 11 de julio de 2014. En diciembre de ese mismo año fue aprobado por el Congreso de los Diputados únicamente con los votos del grupo parlamentario popular.

Entre otras disposiciones establece sanciones administrativas, con elevadas multas, por actos considerados infracciones de ultraje a España y sus símbolos, manifestarse en las cercanías del Congreso o del Senado, fotografiar en la calle a policías o intervenir para frenar desahucios. El texto recibió duras críticas por parte de innumerables colectivos, incluso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La oposición parlamentaria ha anunciado su derogación (mediante un escrito conjunto, en febrero de 2015).

Ha sido otro de los golpes bajos legislativos del Gobierno de Rajoy y una iniciativa personal del que ha sido el ministro de Educación más polémico desde la Transición, José Ignacio Wert. Durante casi año y medio de tramitación –desde su presentación como anteproyecto, el 29 de junio de 2012, hasta su aprobación por el Congreso de los Diputados, el 28 de noviembre de 2013, con solo los votos del PP– la ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa fue muy contestada, desde la propia comunidad educativa hasta los más diversos estamentos sociales.

Establece la “reválida” tras cada uno de los ciclos formativos –Primaria, ESO y Bachiller– y elimina la selectividad para acceder a la universidad, pero sin duda dos de sus medidas más protestadas son la que confiere carácter curricular a la materia de religión y la que modifica competencias lingüísticas de las comunidades autónomas, además de favorecer los conciertos con el sector privado de la educación. La oposición parlamentaria ha anunciado su derogación (escrito conjunto de julio de 2013).

En vigor desde el pasado día 1 de julio, aunque fue aprobada tres meses antes e el Congreso de los Diputados, es otra polémica iniciativa legislativa del Gobierno de Rajoy que no ha tenido el respaldo de ninguna otra fuerza parlamentaria de la oposición. Entre otras novedades establece la cadena perpetua que no existía en el ordenamiento penal español, aunque bajo la eufemística expresión de condena permanente revisable. La reforma introduce penas de prisión a quien ayude a inmigrantes irregulares y la llamada "custodia de seguridad", esto es la ampliación hasta 10 años de penas ya cumplidas para reos de delitos peligrosos. La oposición se ha comprometido a derogar la condena perpetua revisable en el caso de tener mayoría en la próxima legislatura.

La reforma de la vigente legislación en materia de aborto, conocida como “ley de plazos”, fue uno de los objetivos declarados de Alberto Ruiz-Gallardón, primer ministro de Justicia del Gobierno de Rajoy. El 20 de diciembre de 2013 fue presentado en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de reforma de la legislación anterior nacida durante la segunda legislatura del socialista Rodríguez Zapatero. De la progresista “ley de plazos” el texto de Gallardón pasaba a tan solo dos supuestos para abortar: peligro para la vida de la madre y violación.

Pese a tener el visto bueno inicial del Ejecutivo, el anteproyecto de Gallardón no gustaba ni siquiera dentro de su propio partido, salvo para los sectores democristianos y más cercanos a la Iglesia Católica. La contestación social fue en aumento hasta agobiar al propio Gobierno que, tras dar la callada por respuesta, dejó solo a su ministro. Abandonado por Rajoy, Gallardón dimitió el 27 de septiembre de 2014 ,dando un portazo y profiriendo críticas hacia su jefe de filas.

Al final, para salir del embrollo, el Gobierno metió el anteproyecto en un cajón y echó mano de su grupo parlamentario para que presentara una proposición de ley, aprobada con prisas y sin apenas debates, en la que se reformaba la ley vigente en un apartado: restringir el derecho a las jóvenes entre 16 y 18 a abortar sin el consentimiento de sus padres. Toda la oposición ha anunciado que restablecerá el texto de la ley vigente hasta la reforma.

Otras leyes reaccionarias del PP han sido las de Montes, de Costas, de Reforma Fiscal, de Tasas Judiciales y de Seguridad Privada

Estas son algunas de las iniciativas legales que han marcado el trabajo parlamentarlo de la legislatura, tanto en los contenidos como en las formas. Pero ha habido otras muchas más que, de momento, dejan una huella de conservadurismo en la legislación española: la ley de Montes –se vuelve a poder construir en espacios quemados por incendios– , la ley de Costas –se eliminan los plazos para derruir construcciones situadas en el espacio de dominio público junto a las playas–, la reforma fiscal –con la amnistía fiscal incluida de Montoro–, la ley de Tasas Judiciales –que elimina el principio de justicia gratuita, al menos para quienes no tienen recursos–, la ley de Seguridad Privada –que posibilita la custodia de lugares públicos, incluso sensibles para la seguridad nacional, a las empresas privadas–, entre otras muchas.

El trabajo de la oposición ha sido intenso, pero apenas ha trascendido ante la aplicación permanente del rodillo de la mayoría absoluta del PP. Una muestra: en los cinco Presupuestos Generales del Estado (PGE) tramitados y aprobados en esta legislatura, la oposición ha presentado alrededor de 30.000 enmiendas parciales; pues bien, apenas se han admitido una docena cada año, todas ellas modificadas por el PP. En estos últimos PGE durante su debate en el Congreso de los Diputados el PP no admitió ni una de las más de 4.000 presentadas. Todo un paradigma.