La Audiencia Nacional ha condenado a siete años de cárcel al exvicepresidente y exconsejero de Justicia madrileño Alfredo Prada (PP) por delito continuado de prevaricación y malversación agravada por 24 contratos —por un total de 40 millones— en la construcción del Campus de la Justicia entre los años 2005 y 2011.

Según ha informado el tribunal, la Sección Primera de la Sala Penal condena por el mismo delito a penas de 3 años y 6 meses de cárcel a cuatro empleados que formaron parte del equipo directivo de este proyecto: Isabelino Baños (director general técnico), Alicio de las Heras (director financiero), Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad) y Félix José García de Castro (letrado asesor). Para todos los condenados, la Sala ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas.

El sexto acusado, Mariano José Sanz, es absuelto porque el tribunal entiende que el máster del que disfrutó fue pactado en concepto de indemnización por su despido.

A todos los acusados se les absuelve del delito de fraude contra las administraciones públicas que les atribuían las acusaciones ejercidas por el Ministerio Fiscal y la Comunidad de Madrid.

La causa se abrió en agosto de 2018 cuando el juez instructor admitió una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que se basó en un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid de marzo de 2018 sobre el Campus que arrojaba diversas irregularidades.

Según el primer juez instructor, Prada y los demás acusados se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicarles de manera irregular distintos contratos del Campus: "Corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación".

200 páginas de sentencia

En su sentencia, de más de 200 páginas, la Sala explica que los acusados, todos ellos miembros de la mesa de contratación, llevaron a cabo una intensa actividad en la que obviaron toda previsión económica, prescindieron de cualquier estudio de costes, eludieron los controles administrativos prescindiendo de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.

Los contratos suscritos se alejaron cada vez más del objeto social y la construcción de una Ciudad de la justicia "dejó de ser el objetivo principal" para convertirse "en un pretexto o excusa para celebrar todo tipo de contratos" cuyo objeto se halla más en publicitar el proyecto del Campus que en la propia ejecución.

Detalla la sentencia que hubo "absoluta falta de relación entre la actividad contratada y la ejecución del proyecto", y pone de relieve "su excesivo coste, que supera completamente la capacidad económica de la sociedad" y "su inutilidad de cara al objeto social", así como su "inadecuación para la fase de desarrollo del proyecto".

Para los magistrados, el dinero "se distrajo de su legítimo fin hasta el punto de que el proyecto, la construcción del Campus de la Justicia de Madrid, nunca se hizo realidad y el gasto excesivo empleado en la contratación fue una de las causas del fracaso del proyecto".

Para la Sala, la participación de Alfredo Prada en los 24 contratos investigados está sobradamente acreditada, no solo porque es él quien firma los contratos, sino también porque tiene una participación decisiva en la elección de los adjudicatarios prescindiendo del procedimiento administrativo.

La sentencia explica que fue Alfredo Prada quien acudió a Londres para entrevistarse con Norman Foster en los pasos previos a la contratación y quien decidió contratarlo sin justificación alguna.