La ley del Gobierno encaminada a proteger a las personas que informen sobre infracciones normativas y de corrupción se somete este miércoles a su último examen en el Senado. Después de su tramitación en ambas cámaras (en el Congreso recibió el respaldo del Gobierno y sus socios mientras que PP y Vox votaron en contra), el resultado de la norma, que busca transponer al ordenamiento español una directiva europea de 2019 sobre esta cuestión, corre peligro de "acabar siendo un mero trámite de mínimos para cumplir" con dicha adaptación exigida por la UE.

Así lo traslada Xnet, la plataforma de derechos digitales y actualización de la democracia al siglo XXI, que a su vez pertenece a la Whistleblowing International Network (WIN). Precisamente, de cara a la aprobación de la norma, que volverá previsiblemente al Congreso para ratificar algunas correcciones puntuales incluidas en el Senado, esta organización emitió el pasado 25 de enero una carta con carácter urgente a la Comisión Europea.

En la misiva, la Red Internacional de Denuncias WIN, que aglutina a cerca de 30 asociaciones, ya advirtió que el proyecto impulsado por el Ministerio de Justicia es "disfuncional" y "poco claro" en aspectos sensibles, además de "violar" y "socavar" aspectos clave de la directiva. Asimismo, señaló nueve puntos que "violan los estándares mínimos requeridos por la Directiva de la UE".

Por otro lado, tanto WIN como otros miembros asociados activos en España (Xnet, Government Accountability Project, The Signals Network y Blueprint for Free Speech) han expresado su "preocupación" por la "falta de compromiso político serio" del Gobierno en lo relativo a la adaptación de dicha directiva de la UE sobre la protección de informantes. "Podría ser desastroso para las personas informantes/alertadoras e incluso impugnable ante la UE", remachan.

En el marco de este comunicado publicado este martes, la directora ejecutiva de WIN, Anna Myers, y el director jurídico del Government Accountability Project, Tom Devine, han manifestado su "alarma" al observar que "los políticos no logran comprender el valor y la importancia de proteger a los informantes como una de las formas más efectivas de prevenir la corrupción e identificar los abusos de poder con suficiente antelación para detener el daño". "Si lo hicieran, estarían luchando para que España tuviera la mejor ley de Europa. En cambio, el mensaje para la gente de España sigue siendo 'habla bajo tu propio riesgo'", apostillan en un comunicado.

Principales "fallas"

Así, tanto WIN como Xnet han señalado a los senadores las principales "fallas" de la ley, que resumen en buena medida los puntos que Anna Myers trasladó a la Comisión Europea. Entre ellos, destaca que la norma solo ampara la denuncia de hechos "graves y muy graves", dejando fuera un "sinfín de otras infracciones, como el acoso o el abuso de poder, cuando deben incluirse todas las amenazas o daños al interés público".

El texto establece que los informantes solo están protegidos de facto si siguen los canales oficiales. Sin embargo, a tenor de los expertos, en casos de corrupción, esto puede ser una "trampa": "Significa que los empleados que la divulguen como parte de sus deberes laborales estarán indefensos".

"La ley no protege de represalias a quienes divulgan información que ya está en el registro público (aunque sea parcialmente), un hecho que socava el propósito de cualquier legislación sobre informantes", que no es otro que "alentar y proteger el libre flujo de información para la rendición de cuentas institucional", añaden.

Los denunciantes pueden sentarse en el banquillo

Estas organizaciones destacan que el texto legislativo no elimina la responsabilidad penal de los denunciantes, por lo que dejaría "desprotegidos o sin defensa de interés público" a los alertadores de casos como el de las tarjetas black, Antoine Deltour (filtrador del escándalo fiscal LuxLeaks), Edward Snowden (sacó a la luz el espionaje masivo de la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU) o Hervé Falciani (conocido por su famosa lista de evasores fiscales), entre otros.

En lo relativo a este punto recogido en el Artículo 38, el director legal de la Plataforma por la Libertad de Información (PLI), Carlos Sánchez Almeida, señala que se debería haber introducido alguna excepción en el Código Penal para "exculpar" a los denunciantes "a cambio de pruebas". Y es que, el punto uno de ese precepto establece que "no se considerará que las personas que comuniquen información sobre las acciones u omisiones recogidas en esta ley o que hagan una revelación pública de conformidad con esta ley hayan infringido ninguna restricción de revelación de información".

El proyecto de ley tampoco protege a los intermediarios, esto es, a los facilitadores, como las ONG expertas, que también son "necesarios en la mayoría de los casos". Y "no establece requisitos técnicos" para los sistemas de denuncia y, por lo tanto, "discrimina las denuncias anónimas a pesar de que el proyecto de ley hace referencia al anonimato en igualdad de condiciones".