La negociación para reformular el índice de referencia de los precios del alquiler diseñado por el Ministerio de Vivienda encara sus últimas 24 horas. El departamento dirigido por Isabel Rodríguez publicó hace dos semanas el sistema que recoge el índice de precios, un sistema que no convenció a Sumar, que denunció que bajo el diseño actual no sólo no se tendía a rebajar los precios en las denominadas zonas tensionadas, sino que se tendía a subirlo en las no tensionadas.

Esto es así porque, explicaron los de Yolanda Díaz, el sistema establece unas horquillas mínima y máxima de referencia de los precios que no ofrece el dato de la mediana de precios, lo que los hace tender hacia sus valores más altos. Además, la estimación de los precios se calcula en base a criterios subjetivos acerca del estado del inmueble, criterios que establecen los caseros.

En este contexto, Sumar se posicionó en contra del índice de Vivienda y se mostró muy crítico con la política en esta materia que pretendía desplegar el PSOE durante la legislatura. Tras su publicación, se abrió el denominado periodo de consultas, un proceso en el que formaciones políticas, organismos, sociedad civil y otras administraciones pueden formular alegaciones y presentar aportaciones al índice.

Este periodo concluyó este martes, pero legalmente se tienen que habilitar 24 horas más para responder a todas las consultas ciudadanas e institucionales, por lo que el plazo termina de facto el miércoles. 

El secretario de Estado de Vivienda firmará este mismo día la resolución para su publicación en el BOE, que se estima para el viernes, según explican desde Vivienda. A partir del día siguiente entrará en vigor de manera definitiva el índice de precios.

Efecto inflacionista en las zonas no tensionadas

Los de Yolanda Díaz han presentado una serie de alegaciones y propuestas de reforma para tratar de garantizar que el índice ayuda a bajar los alquileres en las zonas de mercado tensionado (teniendo en cuenta que declarar este tipo de zonas es una competencia de la comunidad autónoma, y que muchos territorios gobernados por el PP ya han mostrado su rechazo a hacerlo).

Una de las propuestas de Sumar es la de que el índice ofrezca la mediana de los precios para que los caseros no tiendan hacia los valores más altos de la horquilla en las zonas no tensionadas. En estos municipios y barrios no será obligatorio aplicar los precios del índice (ni siquiera aunque la comunidad así lo decida), pero el objetivo era que los inquilinos, al menos, tuvieran acceso a una información de referencia sobre el valor objetivo del inmueble que quieren alquilar.

Si los caseros utilizan esas referencias para subir sus precios, el índice, alertan desde Sumar, podría tener un efecto inflacionista en las zonas no tensionadas que agravaría todavía más el problema de la vivienda en España.

Otra medida del socio minoritario del Gobierno es hacer objetivables los criterios del estado en el que se encuentra el inmueble. En la actualidad, el índice permite que los propios caseros valoren esta cuestión (que influye en el cálculo de los precios de referencia), de manera que pueden establecer si la vivienda está en buen o en mal estado, si tiene vistas especiales, etc.

Sumar pide, además, que el índice incluya un régimen de inspección que permita sancionar a los caseros que no lo cumplan en las zonas de mercado tensionado en las que se aplica. También plantean la creación de un servicio de mediación que evite que los inquilinos tengan que llevar a los tribunales cualquier caso de incumplimiento por parte de los arrendadores.

Por último, proponen la creación de una comisión de seguimiento de funcionamiento del índice, para ver en qué casos funciona y en cuáles no. El plazo para que Vivienda valore estas alegaciones y resuelva si aplicarlas o no termina este miércoles; a partir del viernes, el índice se desplegará de manera definitiva.