Hasta 19 veces ha comparecido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso desde que fuera investido en enero de 2020, según apuntan fuentes del grupo socialista a este medio. La gran mayoría de ellas ha sido a petición propia y para dar cuenta de los consejos europeos a los que ha asistido. Este jueves, Sánchez volverá a hablar desde la tribuna después de la celebración de la última cumbre de la UE en Praga el pasado 7 de octubre.

Asimismo, el líder del Ejecutivo pidió comparecer en esta cámara (también en el Senado, donde lo hará el próximo 18 de octubre) para "informar sobre las medidas económicas y sociales adoptadas por el Gobierno para dar respuesta a la crisis provocada por la guerra en Ucrania", un leitmotiv que ha aupado varias de sus intervenciones ante el Pleno de ambas cámaras desde que comenzase la invasión rusa al país del este europeo el pasado mes de febrero.

En este sentido, Sánchez hablará también de las nuevas medidas contempladas en el último plan de contingencia para afrontar la crisis energética, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y aprobado este martes, el cual contempla una reducción del consumo de energía de entre un 5,1% y un 13,5% para este invierno.

Al margen del motivo de dicha comparecencia, esta liturgia coincide en un nuevo momento crucial de la legislatura (y probablemente de los últimos) y, por ende, para el propio Gobierno de coalición, a pocos meses de que se inicie el ciclo electoral de 2023, con los comicios municipales y autonómicos de mayo, y los generales de finales del próximo año.

El momento no es otro que la negociación de los últimos presupuestos de la legislatura, los terceros aprobados en el seno del Consejo de Ministros y que medirán el estado de las alianzas parlamentarias que los de Pedro Sánchez han tejido especialmente con la mayoría progresista, la misma que ha dado luz verde a las cuentas públicas de 2021 y 2022.

La ley de vivienda, una cuenta pendiente

A pesar de las tensas negociaciones presupuestarias entre las formaciones que componen el Ejecutivo de coalición, PSOE y Unidas Podemos, el desbloqueo de la tramitación en el Congreso de la ley de vivienda, que enfrenta al PSOE con otras fuerzas de izquierdas, esto es, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Más País o Compromís, no se ha podido resolver todavía.

Esta cuestión ha aglutinado el principal motivo de crítica de estas fuerzas desde que los Presupuestos de 2023 pusieran el pasado martes rumbo al Congreso, dejando claro que van a "seguir peleando" para que la ley sea aprobada ante el bloqueo que la ha lastrado durante más de dos años. Tres son los puntos que, según Unidas Podemos, el PSOE se niega a incluir a pesar de que allanarían la aprobación de la primera norma estatal de vivienda.

Esto es, la regulación del precio de alquiler en las zonas de mercado tensionado para todos los propietarios (no solo a grandes tenedores, como está contemplado en el proyecto de ley), la prohibición de manera estructural de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional (una medida que se aplica de forma excepcional desde la irrupción de la pandemia y que se ha ido prorrogando también con la crisis energética actual), y la inclusión de todas las viviendas de la Sareb en el parque público de vivienda de alquiler.

Gran aumento del gasto en Defensa

Los Presupuestos con mayor inversión social de la historia (266.719 millones de euros) aumentan por otro lado un 25,8% el gasto en Defensa. Este primer paso para alcanzar el compromiso adquirido ante la OTAN para elevar la inversión en esta materia hasta el 2% del PIB de manera progresiva desató la polémica entre PSOE y Unidas Podemos. 

Así, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, denunció que Hacienda "ocultó el aumento unilateral en el gasto en defensa", algo que desde la parte socialista del Gobierno niegan. No obstante, esa fuerte subida podría afectar a la tramitación parlamentaria de las cuentas, pues fuerzas como ERC o EH Bildu han manifestado en varias ocasiones su rechazo.

La ruptura del Govern catalán

El nuevo mapa político dibujado en Catalunya tras la salida de los miembros de Junts del Govern, y su sustitución por perfiles independientes llegados desde espacios tan diferentes como el PSC, los comuns o la antigua Convergència, no pasará desapercibido en las relaciones de los independentistas con los socialistas y morados en el Congreso.

Y es que, los de Salvador Illa y Jéssica Albiach serán más imprescindibles que nunca en el Parlament catalán después de que Junts decidiera pasar a la oposición, lo que ha supuesto la fragmentación del bloque independentista. Muy lejos ahora de la mayoría absoluta (68 escaños), ya que ERC solo cuenta con 33 diputados, Pere Aragonès afronta esta nueva etapa de su mandato con los presupuestos y la mesa de diálogo como principales retos.