Este artículo se publicó hace 2 años.
Sánchez salva en Bruselas con un plan B una de sus semanas más turbulentas desde que llegó al Gobierno
El presidente logra su objetivo de que la UE permita a España y Portugal frenar los precios de la electricidad. El propósito inicial era consensuar una reforma en toda Europa, pero las reticencias de otros países como Alemania o Países Bajos lo han impedido. Moncloa se ha enfrentado a días complicados por la huelga de transportes, su soledad en el asunto del Sáhara Occidental o la presión para tomar medidas económicas urgentes.
Madrid-
Moncloa tenía un plan B. El pasado miércoles, fuentes gubernamentales comenzaron a transmitir que Pedro Sánchez defendería, si no lograba el consenso total, una excepción para España y Portugal. Es decir, que se permitiera a ambos países desacoplar en solitario el precio del gas y la electricidad. Las reticencias de Alemania o Países Bajos hacían al Gobierno cambiar las ambiciones iniciales de que toda la UE metiera mano al mercado energético. Y el presidente ha celebrado el acuerdo como "un gran logro". A las conclusiones de Bruselas se llegan tras una de las semanas más turbulentas para el presidente desde que llegó al cargo.
Fuentes de Moncloa señalaban a Público, minutos después de conocerse el acuerdo, que era "una gran victoria, dura, trabajada y justa". La decisión no fue fácil de tomar. Y provocó cierta tensión en el encuentro a puerta cerrada entre los líderes europeos. El propio Sánchez, según transmitió su equipo, se levantó de la silla en un momento de la tarde. "Me voy a airear un rato, a ver si encuentran una situación técnica", dijo antes de marcharse un corto intervalo de tiempo.
El Gobierno lleva días transmitiendo la importancia de este Consejo Europeo para los intereses españoles. De hecho, no han querido avanzar ninguna medida concreta, tampoco al resto de grupos políticos, hasta no conseguir el objetivo logrado este viernes. Ya con esta vía libre para topar los precios en la península Ibérica, se espera la concreción del resto de propuestas que se incluirán en el Real Decreto ley previsto para aprobarse en el Consejo de Ministros del próximo martes 29 de marzo.
"Vamos a bajar el precio de la luz, el gas y la electricidad", dijo hace unos días el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Ese era el objetivo principal de esta ofensiva realizada por Sánchez y escenificada en una gira europea en la que trató de sumar apoyos y aliados. El ambicioso objetivo de que todos los países accedieran a reformar el mercado energético no se ha conseguido totalmente. Pero, en la práctica, la UE deja a España y Portugal hacerlo.
Según señalaron desde la Comisión Europea, la península Ibérica tiene una situación especial, con una alta carga de renovables y muy pocas interconexiones. Por ello, el acuerdo establece un tratamiento especial para que España y Portugal puedan gestionar los precios de la electricidad.
El éxito fue valorado también por otros mandatarios como el canciller alemán, Olaf Scholz. "Pedro Sánchez ha representado de forma muy exitosa los intereses de su país. Junto a su colega portugués, han garantizado que hay opciones para que los Gobiernos de Portugal y España puedan actuar", dijo.
Presión política y social
La presión política y social durante los últimos días ha ido en aumento para el Gobierno de Sánchez. "Somos conscientes de las dificultades", han repetido desde el Ejecutivo de forma insistente. La calle y el resto de partidos han reclamado medidas contundentes para que los precios de la energía disminuyan, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania.
Las quejas de todo el arco parlamentario se repitieron tras culminarse la ronda de negociaciones puesta en marcha la semana pasada. Desde Unidas Podemos, aunque reclamaron medidas urgentes días atrás, cerraron filas en torno al Consejo Europeo y la misión a la que iba Sánchez. "El esfuerzo conjunto de España y Portugal ha logrado que la UE reconozca la singularidad del mercado energético ibérico. El Gobierno de España está determinado a llevar adelante todas las medidas que sean necesarias en el sector energético para afrontar esta crisis", destacó este viernes la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Otras fuerzas como ERC, aliados del Gobierno, fueron duras con el Ejecutivo por, en su opinión, solo "buscar la foto" y acudir a los encuentros sin medidas ni papeles. Por su parte, el PP exigía una importante rebaja fiscal, vista con reticencias en Moncloa.
Transportistas y Sáhara Occidental
La semana ha sido complicada también para Moncloa en otro frente. El paro patronal de transportistas ha generado numerosos problemas logísticos en nuestro país. El Gobierno logró un acuerdo en la madrugada del jueves con las asociaciones mayoritarias del sector.
El Ministerio que lidera Raquel Sánchez pactó un descuento de 20 céntimos por litro de combustible hasta el próximo 30 de junio. Pese a ello, los transportistas del paro se manifestaron en Madrid en una marcha en la que se pudieron ver banderas del sindicato de Vox. Estas plataformas ya han avanzado que seguirán con sus protestas hasta negociar con el Gobierno.
Por otro lado, el cambio de posición sobre el Sáhara Occidental tras un acuerdo con Marruecos ha desatado críticas también de todos los grupos políticos. En el PSOE ha abierto una pequeña brecha interna por la especial sensibilidad de este asunto. Están por ver todavía las consecuencias que tendrá en las relaciones españolas con Argelia. Pero en Moncloa respiran hoy más aliviados y contentos que hace unos días tras el acuerdo conseguido en Bruselas.
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