Fuentes de La Moncloa reconocen una sensación "agridulce" tras haber sacado adelante la toma en consideración de la reforma de las leyes del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal solo con sus votos a favor y los del Partido Popular. El resto de fuerzas del hemiciclo han votado en contra, se han abstenido o no han votado en señal de protesta. La respuesta de los distintos aliados de Sánchez en el Congreso ha sido variopinta, pero siempre en una escala gradual que ha ido desde la mera incomodidad, hasta la oposición frontal.

Una voz autorizada del grupo parlamentario socialista, en conversación con Público, quita hierro a la drástica respuesta que ha dado el que, en su día, fue el bloque de investidura de Sánchez al pacto con el PP. "No irá más allá", desliza dicha fuente. Desvincula, así, el desencuentro entre el presidente del Gobierno y sus aliados en la cuestión concreta del CGPJ al resto de la actividad de la legislatura. 

En la misma línea, fuentes del Ejecutivo señalan que en ningún caso van a dejar de lado su hoja de ruta progresista. No obstante, también reconocen ―Sánchez lo ha dicho también en declaraciones públicas― que esperan alcanzar más "pactos de Estado" con el PP. En ese grupo destacan el pacto de Estado contra la violencia de género, la ley de extranjería y la financiación autonómica.

Es una vía, la de los pactos con el PP, que se ha demostrado fértil para el PSOE con el entendimiento para reformar el Poder Judicial. La relación entre socialistas y populares sigue siendo muy áspera, nada ha cambiado en ese sentido, pero ambos han abierto un canal para coincidir en cuestiones concretas en una apuesta de Sánchez por la geometría variable ―pactar a izquierda o derecha dependiendo del tema― que ya ensayó en votaciones menores en la Cámara Baja. Sin ir más lejos, la toma en consideración de la ley para otorgar a los funcionarios de prisiones el estatus de agentes de autoridad, que también recibió el apoyo de los de Alberto Núñez Feijóo.

Cinco fuerzas aliadas del Gobierno han elevado la voz, este jueves, por encima del resto en contra del entendimiento entre los dos grandes partidos. Podemos y Junts per Catalunya han votado en contra de la toma en consideración de la reforma. Ione Belarra, secretaria general de los morados y portavoz en el Congreso, ha calificado el pacto de "rendición del PSOE a la derecha". 

Por su parte, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu y Bloque Nacionalista Galego (BNG) han decidido, en forma de protesta, no emitir ningún voto. "EH Bildu no participará ni de la negociación ni de la elección de los nuevos miembros del CGPJ ni de la votación ni de la tramitación de la ley", ha aseverado Mertxe Aizpurua, portavoz en la Cámara de los abertzales. Las tres formaciones, además de Podemos, condenan al PSOE, por tanto, a recorrer el camino de la remodelación del CGPJ prácticamente en solitario con el PP.

La respuesta desde las filas de Sumar ha sido distinta. Quien ha subido a la tribuna para defender su abstención ha sido Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida en la Cámara Baja, que ha celebrado, en especial, el paso para reformar el modelo de elección CGPJ, pero puntualizando que el texto puede mejorarse.

Por eso, ha explicado, se ha abstenido en la votación el socio minoritario del Gobierno. La dimensión de la incomodidad de Sumar por no poder enmendar el texto, en cualquier caso, no tiene nada que ver con el enfado supino de partidos como ERC, Podemos o EH Bildu. Eso sí, contribuye a completar una fotografía en la que el PSOE se ha visto votando, él solo, de la mano del PP.

Para Santiago, el de este jueves en un movimiento en pro de terminar con la "dominación" por parte del PP del "mecanismo que decide presidencias y composición de los altos tribunales". Ha sido eso lo que, de acuerdo con el diputado, ha permitido históricamente a la derecha "desatar una guerra jurídica contra sus adversarios para destrozarlos, a la vez que ha protegido a las clases dominantes".

También el Partido Nacionalista Vasco (PNV) o la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, que forma parte de ese juego de geometría variable del PSOE, se han abstenido.

¿Quién gana fuerza y quién la pierde?

Dos visiones contrapuestas de la misma película han compartido protagonismo, este jueves, en los pasillos del Congreso. ¿Quién gana fuerza y quién la pierde con la rúbrica parlamentaria del pacto entre PP y PSOE para reformar el Poder Judicial? ¿A quién le da potencia negociadora? Para el Ejecutivo, a ellos mismos. De hecho, fuentes de La Moncloa creen que el enfado de algunos de los aliados parlamentarios se debe, precisamente, a que "tienen miedo por los pactos entre PSOE y PP". "Es lógico", rematan, "porque su capacidad de influencia [a la hora de intervenir en la actividad legislativa] se ve mermada".

La otra cara de la moneda ha sido a cargo de una voz de Podemos. "Este pacto nos da un argumento muy poderoso para oponernos a otras cuestiones", ha dejado caer. Se refiere a que, a partir de este punto, ganan margen para vender más caro su apoyo al PSOE, que "siempre tendrá el PP". Es un argumento en la línea de esa idea que comparten con ERC de que Sánchez "ha elegido nuevo socio de legislatura". Algo que no comparten en absoluto los socialistas y que, en Sumar, miran solo de reojo. "El camino no es con el PP, es con el bloque de investidura", advirtieron, este miércoles, los de Yolanda Díaz.

Con todo, los distintos aliados parlamentarios del Gobierno han dado a entender que Sánchez ha forzado la máquina con este pacto con el PP por el CGPJ. Ha tensado la cuerda, aunque no la ha roto. Julio, de todas formas, todavía será largo a nivel legislativo. Será una buena oportunidad para comprobar el estado en las relaciones del bloque de investidura. El PP, por su parte, aumentará la presión contra el Gobierno, entre otras cosas, a cuenta de la aplicación de la amnistía.