Han pasado casi cuatro meses desde las elecciones generales del 23 de julio. El resultado de aquella noche dejó un escenario complejo donde la alianza entre PP y Vox no sumaba lo suficiente para gobernar. El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no superó al PP de Alberto Núñez Feijóo pero obtuvo más votos que en 2019. La aritmética parlamentaria le daba la opción de formar Ejecutivo, pero contando con una suma de apoyos sin precedentes.

Desde las filas socialistas se apostó desde el primer momento por intentar la investidura. Necesitaban a aliados ya habituales del Gobierno de coalición durante la pasada legislatura como ERC, PNV o EH Bildu. También a otros más puntuales como el BNG. Pero el principal escollo a superar era conseguir el apoyo de Junts, el partido de Carles Puigdemont.

Las negociaciones han sido largas. Complejas. Con un escenario principal situado en Bruselas, sede habitual de la actividad política del expresident de Catalunya. La ley de amnistía para los encausados del procès que exigía Puigdemont, también ERC, copó la actualidad política durante semanas. Y desató, la ira de la derecha y la ultraderecha, que aún continúa

Si no ocurre nada extraño, Sánchez afrontará finalmente la investidura los días 15 y 16 de noviembre, a falta de una comunicación oficial de la fecha que se espera para este lunes. Lo hará con 179 votos a favor. 12 más que los obtenidos en la investidura de 2019. Solo votarán en contra tres partidos políticos: PP, Vox y UPN, que suman 171. El PSOE ha logrado amarrar compromisos con fuerzas de ideologías muy diferentes y que los socialistas confían en que les aporten estabilidad para una legislatura lo más larga posible.

Desde la dirección de los socialistas en Ferraz señalan que los pactos demuestran la “soledad” del PP, que solo puede pactar con Vox. “Pueden decir lo que quieran pero en España todos los partidos del Congreso menos PP y Vox van a votar la investidura. Debería llamar a una reflexión en el PP”, sentencian. Todo esto además en un clima donde, consideran en el PSOE, los populares están contribuyendo a la crispación que desemboca en manifestaciones violentas en las sedes socialistas, en especial Ferraz.

Sumar, acuerdo de Gobierno

El primer acuerdo que consiguió el PSOE fue, como parecía obvio, con Sumar. En este caso era un pacto programático para su Gobierno de coalición con el espacio que lidera Yolanda Díaz. Llegó en la madrugada del 23 al 24 de octubre. El documento presentado incluye más de 230 medidas, algunas con mayor concreción que otras. Una de las medidas más llamativas tiene que ver con la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales.

También se incluyen asuntos que quedaron en el limbo al convocarse las elecciones anticipadas y que eran reivindicaciones de Sumar como el Pacto de Rentas, el Estatuto del Becario, la reforma de la 'ley mordaza' o la aprobación de la Ley de Usos del Tiempo. El Gobierno de coalición pretende blindar por ley la subida del Salario Mínimo Interprofesional, renovar el bloqueado CGPJ (sin concretar la manera) o abordar una reforma de la financiación autonómica, así como otros asuntos fiscales.

ERC, deuda autonómica, amnistía o Rodalies

El siguiente pacto al que ha llegado el PSOE no se firmó hasta el pasado 2 de octubre. Fue con ERC, firmado en Barcelona por Félix Bolaños y Oriol Junqueras. Días antes Sánchez había llamado al líder de ERC, una señal evidente de que el acuerdo estaba cerca. El pacto incluye además de la ley de amnistía o el traspaso de Rodalies a Catalunya, la condonación de una parte de la deuda autonómica, cerca de 15.000 millones de euros. Una medida que, según el propio pacto, se hará extensible a otras comunidades autónomas.

Al igual que con otros partidos, el pacto tiene vocación de legislatura. Siempre, insisten en ERC, que los acuerdos se cumplan. Aparte del reforzamiento de la Mesa de Diálogo ya existente entre el Gobierno y el Govern de la Generalitat de Catalunya, también se crea un espacio entre partidos con una institución de reconocido prestigio para hacer el seguimiento de las conversaciones.

BNG, acuerdo de investidura (no de legislatura)

Ana Pontón, portavoz nacional de BNG, lo especificó y así trasluce, también, del acuerdo: los nacionalistas gallegos han pactado con el PSOE la investidura, pero no fidelidad durante la legislatura. Es algo simbólico, todos los partidos tienen la potestad de apoyar o no leyes concretas, pero también es una declaración de intenciones. Fuera como fuere, ambas formaciones se han puesto de acuerdo para sacar el pacto adelante.

La medida de más calado —al menos, en lo económico— que figura en el acuerdo es la que tiene que ver con la compensación de la deuda gallega. Galicia no se acogió, prácticamente, al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), por lo que el PSOE se ha comprometido a aplicar medidas para equiparar a la autonomía gallega con las CCAA que sí se acogieron al FLA y a las que se les condonará parte de su deuda.

En términos territoriales, el BNG ha pactado con los socialistas que se iguale a Galicia con Catalunya o Euskadi en "cualquier modificación de la estructura del Estado" que se lleve a cabo durante la legislatura. Además, también han acordado que transfieran todas las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Galicia y “las que hayan sido objeto de consenso en el Parlamento de Galicia”. Más allá de eso, el texto contempla la ampliación de los descuentos en las autopistas gallegas AP-9 y AP-53 para los “usuarios superrecurrentes”.

Junts y la nueva etapa para Catalunya

El tercer acuerdo ha llegado esta misma semana, el jueves 9 de noviembre. Era el más difícil, por la desconfianza mutua y las posiciones tan alejadas entre PSOE y Junts. Los socialistas celebraron la alianza como una oportunidad histórica para resolver el conflicto con Catalunya. Incluye también la garantía de estabilidad para la legislatura, siempre que se cumplan los acuerdos, según afirmó Puigdemont. El documento incluye también los desacuerdos en asuntos espinosos como el referéndum de autodeterminación o la fiscalidad.

Uno de los puntos principales del acuerdo es la ley de amnistía, que debe ser registrada en el Congreso la próxima semana. En el texto firmado se especifica que la ley abarcará las movilizaciones independentistas de la última década y que se aborden también “situaciones de lawfare”. Junts y PSOE han acordado un mecanismo bilateral, y entre partidos, con un mediador internacional para acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación.

PNV y el traspaso de competencias a Euskadi

Es uno de los acuerdos que más se ha demorado. Fuentes del PNV hablan de que se cerró en la madrugada de este viernes. En cualquier caso, el PSOE, en boca de su portavoz en el Congreso, Patxi López, ha enfatizado que los jeltzales son “socios preferentes”. El pacto entre ambas formaciones incluye varios puntos relevantes. Algunos de ellos con un compromiso a corto plazo, como el que obliga al Gobierno a transferir a Euskadi todas las competencias pendientes incluidas en el Estatuto de Gernika. El texto también contempla salvar “los obstáculos legales” que puedan dificultar el fortalecimiento del autogobierno vasco.

También acuerdan PSOE y PNV dar más competencias a la Ertzaintza y ampliar los límites del concierto vasco con más control sobre los impuestos; abordar el traspaso de los ferrocarriles y también la homologación y convalidación de títulos extranjeros.

Mención especial a la prelación de los convenios de Euskadi sobre los españoles. La valoración, en rueda de prensa, de este último punto lo ha acompañado Andoni Ortuzar, presidente del PNV, de un pequeño dardo al Gobierno saliente. “Es el acuerdo al que no llegamos para la reforma laboral y por el que votamos en contra”, ha deslizado. En este caso, las negociaciones han ido por otros derroteros y la prevalencia de los convenios vascos sí forma parte del pacto.

Coalición Canaria, el más inesperado

Podría entenderse como el 'escaño 179'. Es el último acuerdo que ha firmado el PSOE y, además, el más inesperado. De hecho, CC votó a favor de la popular Cuca Gamarra para presidir el Congreso y no de la socialista Francina Armengol, que terminó coronándose tercera autoridad del Estado. En el texto, destaca la transferencia a Canarias de la totalidad de las partidas pactadas en los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esta era una condición sine qua non incluso para sentarse a negociar con el Partido Socialista. Además, el pacto contempla que CC se compromete a apoyar los siguientes tres PGE (los de los años 2023, 2024, 2025).

Garantizar la “suficiencia financiera de servicios públicos básicos” para Canarias a través de reformas en la financiación autonómica, dar pasos para que las competencias en la gestión de los asuntos relacionados con los menores extranjeros no acompañados sean compartidas con el Estado o participar de las mesas de diálogo con el Reino de Marruecos cuando se traten temas relevantes para el archipiélago son otros de los puntos importantes del documento.

EH Bildu, sin documentos ni líneas rojas

EH Bildu, por su parte, no ha hecho público ningún acuerdo ni está previsto que lo haga, según ha podido saber Público. “Ya hemos comprometido públicamente y al propio Sánchez nuestros seis votos favorables sin poner ninguna línea roja”, amplían fuentes del partido. Lo importante para los abertzales, y así lo expresan en conversación con este medio, es llegar a acuerdos durante la legislatura.

Las negociaciones han sido largas. Seis semanas si se cuentan solo las posteriores al intento de investidura de Feijóo. Muchas reuniones. Primero, discretas. Durante los últimos días, inevitablemente ruidosas. La ley de amnistía pactada con ERC y Junts ha acarreado una ola de protestas en las calles —embrutecidas por grupos de extrema derecha— y en algunas instituciones que tendrá, todavía, más capítulos. Los próximos, eso sí, coincidirán con el debate de investidura, previsto para los días 15 y 16 de noviembre. Francina Armengol lo oficializará el lunes.