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Sánchez desgrana el paquete de regeneración entre críticas de la izquierda y ataques del PP por el caso de su esposa

Yolanda Díaz aclara sus palabras de este martes sobre la "derogación de la ley mordaza" y especifica que remitían al pacto de Gobierno con el PSOE.

Sánchez Montero
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, durante el pleno de este miércoles. Eduardo Parra / Europa Press

Pedro Sánchez no ha cerrado este miércoles la etapa que se abrió tras sus cinco días de reflexión de abril. Ha dado un paso, pero sin concretar ni aportar medidas definitivas. El presidente del Ejecutivo sí ha desgranado, en cualquier caso, un paquete de regeneración democrática, aunque algunos de sus puntos vienen teledirigidos desde Bruselas y son de obligado cumplimiento. Sus aliados en el Congreso le han reprochado tibieza, mientras que el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado gran parte de su intervención para atacarle por el caso de su esposa, Begoña Gómez.

Y si Sánchez no ha concretado es, precisamente, porque espera trabajar las medidas con los grupos parlamentarios. Tanto Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), como EH Bildu han reprochado al Ejecutivo no haber avanzado más en los tres meses que median entre los cinco días de reflexión y esta segunda quincena de julio. "Lo que usted ha presentado hoy, sinceramente, ni siquiera se acerca al mínimo exigible si de verdad usted aboga por una regeneración democrática", ha dicho Mertxe Aizpurua, portavoz abertzale en la Cámara Baja.

En cualquier caso, Pedro Sánchez ha explicado una por una las medidas que su Gobierno se propone sacar adelante. Por una parte, las mandatadas por la UE, que tienen que ver con los medios de comunicación: fijar nuevos estándares de transparencia sobre la propiedad o la asignación de publicidad institucional y, en general, de todas las fuentes de financiación; aspirar a que ningún medio tenga "más financiadores que lectores" limitando los pagos por parte de las Administraciones; o actualizar la Ley de Publicidad Institucional.

Todavía en el marco de los medios de comunicación, ha prometido un paquete de 100 millones de euros procedente de fondos europeos para su digitalización. 

También ha hablado de algunas propuestas para dotar de más transparencia a la Administración en general y del poder ejecutivo en particular. En concreto, ha anunciado una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto y el registro de una nueva ley de Administración Abierta.

Y los reglamentos del Congreso y el Senado también experimentarán un cambio si así lo consiguen acordar la mayoría de los grupos que los componen. En concreto, se endurecerán las sanciones a aquellos diputados y senadores "que no presenten su declaración de bienes y actividades, o que lo hagan con información falsa o incompleta".

Además, Sánchez se ha comprometido a promover una reforma de la Ley Electoral para "establecer la obligatoriedad de celebrar debates electorales entre los candidatos en los medios de comunicación" y para que las encuestas electorales incorporen siempre los microdatos.

El lío con la 'ley mordaza'

En cualquier caso, lo que ha centrado la atención política en las últimas horas es la parte del anuncio del Gobierno que afecta directamente a la ley de protección de seguridad ciudadana, popularmente conocida como ley mordaza. Tal y como trascendió desde Sumar durante la jornada del martes, por el momento solo se ha pactado con el PSOE modificar su artículo 36, que tiene que ver con la toma y difusión de imágenes en la vía pública durante concentraciones o manifestaciones. "Solo estamos comenzando el debate", han tranquilizado hoy los dos partidos del Gobierno.

La confusión en las últimas horas se ha producido a raíz de unas palabras de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, desde Bruselas, a donde viajó para reunirse con el resto de titulares de las carteras de Empleo de la Unión Europea. Díaz habló de que, con el acuerdo con el PSOE, se consumaba "la derogación de la ley mordaza". Aliados del Gobierno como ERC, EH Bildu o Podemos negaron que el acuerdo signifique una "derogación" de dicha ley y reprocharon al Ejecutivo no haberles llamado. Tanto PSOE, como Sumar han tratado, durante este miércoles, de sosegar los ánimos y han insistido en que, a partir de este punto, abrirán la negociación al resto de grupos parlamentarios.

Tal y como ha dicho la propia Yolanda Díaz, serán los ministros Félix Bolaños (PSOE) y Ernest Urtasun (Sumar) los que representarán al Gobierno en dichas negociaciones.

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