"Tienen que ser capaces de explicar por qué no se abordan los puntos que hicieron decaer la reforma de la ley mordaza en la legislatura pasada", apunta una fuente parlamentaria aliada del Gobierno. El anuncio que ha lanzado la mañana de este martes la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acerca de una serie de medidas para "la derogación de las leyes mordaza" —tal y como lo han comunicado fuentes de Sumar— ha tensado las fibras de aliados fiables del Gobierno como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) o EH Bildu y también de Podemos. 

Fuentes de las tres formaciones aseguran que no han recibido ninguna llamada por parte de ninguno de los dos partidos del Ejecutivo para informarles o poner en común con ellos los términos de la eventual reforma de la ley de protección de seguridad ciudadana. 

"Nos enteramos de todo por anuncios", se quejan en Podemos. Desde EH Bildu y ERC recuerdan al Ejecutivo que "no tiene mayoría". Los abertzales, como ha pasado en otros momentos durante esta legislatura, instan al Gobierno a "negociar con la mayoría plurinacional y a trabajar intensamente para ganarse los apoyos". 

Han chirriado mucho las palabras que ha pronunciado Díaz desde Bruselas, donde se encontraba para reunirse con otros ministros de Trabajo de la Unión Europea. "Les anuncio que acabamos en estas horas de cerrar un acuerdo con el Partido Socialista en el que la petición de Sumar para la derogación de la ley mordaza se consuma", declaraba la vicepresidenta y líder de facto de Sumar. Horas más tarde, el propio partido y, prácticamente a la vez, Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados y voz autorizada en el grupo parlamentario plurinacional, rebajaba las expectativas. 

El acuerdo que han alcanzado PSOE y Sumar, según ha trascendido de los dos partidos que componen el Ejecutivo, incluye la reforma de un punto de un artículo de la ley de protección de seguridad ciudadana; la modificación del Código Penal para derogar delitos como el de injurias a la Corona, al Gobierno o los sentimientos religiosos; y un cambio legal para reparar el honor de las personas que hayan sido imputadas y que, finalmente, no hayan terminado yendo a juicio.

Mientras que los de Yolanda Díaz defienden que "con este acuerdo" comienzan a derogar algunas de las "cuestiones más urgentes", desde Esquerra recuerdan que en el dictamen para reformar la ley mordaza que acabó decayendo la legislatura pasada ya existía la reforma del artículo 36 de la ley de protección de la seguridad ciudadana, que despenalizaba, como también se incluye en el acuerdo de este martes de PSOE y Sumar, "la toma de imágenes y posterior difusión en lugares de tránsito público y manifestaciones o su mera difusión". Insisten en que no es nuevo.

De todas formas, lo que EH Bildu y ERC no quieren que se pierda de vista es que, de acuerdo con su opinión, el anuncio de Sumar de este martes no ataca lo mollar de la cuestión. El dictamen de la ley mordaza decayó la legislatura pasada porque no se respetaron las líneas rojas que pusieron ambos partidos independentistas: "Poner fin a las devoluciones en caliente, prohibir el uso de las pelotas de goma y abordar el artículo sobre las faltas de respeto a la autoridad".

Para ambas formaciones no se puede hablar de "derogación de la ley mordaza", como ha hecho Yolanda Díaz, sin poner el acento en esos tres elementos. Y solo si se ponen sobre la mesa de negociación se plantearán un voto a favor. Si no, el voto será negativo.

El PSOE trata de calmar las aguas

Desde el PSOE tratan de calmar las aguas. Conscientes de las discrepancias que levanta en Podemos, ERC o EH Bildu los citados aspectos de la ley mordaza, insisten en ir paso a paso y en entablar negociaciones más colectivas en septiembre. "La ley mordaza tenía dificultades de tramitación con otros grupos. En este caso, respecto a Sumar, hablamos de delitos de injurias y calumnias y la parte de la ley mordaza que tiene que ver con la libertad de expresión. Por eso está en este paquete [de medidas de regeneración democrática]", ha destacado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero.

También Enrique Santiago ha hablado de ensanchar el acuerdo. Las fuentes consultadas entre los aliados afean esa bilateralidad en una tesitura en la que el Ejecutivo necesita pactar todas las reformas progresistas con el bloque de investidura para sacarlas adelante. Todos los votos cuentan. Hasta el último es necesario. Incluso el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha reprochado al Ejecutivo que vuelva a actuar "otra vez mal". Los jeltzales, eso sí, han asegurado ya desde primera hora su apoyo a la reforma anunciada.