El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves en el Congreso la aprobación de una nueva ley de secretos oficiales, que sustituirá a la aprobada durante la dictadura en 1968, y la reforma de la ley orgánica reguladora del control judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Así lo ha trasladado el líder del Ejecutivo a los grupos durante su comparecencia para rendir cuentas sobre el caso Pegasus, el espionaje a dirigentes y activistas independentistas, y a la propia cúpula del Ejecutivo. 

En cuanto a la primera medida, la norma ya estaba contemplada en el Plan Anual Normativo de los dos últimos años, a pesar de que en el Congreso actualmente hay una proposición de ley registrada por el PNV en esta dirección (y no es la primera vez, ya que esta propuesta se ha presentado hasta en cuatro ocasiones). Sobre la segunda medida, también el grupo vasco presentó hace unos días otra iniciativa en este sentido para que las autorizaciones judiciales de los espionajes tengan que ser firmadas por tres jueces en lugar de uno y se detallen los medios e instrumentos técnicos previstos de utilización. 

Durante su comparecencia, el presidente del Gobierno ha considerado que era "fundamental y impostergable" aprobar una nueva ley sobre información clasificada, ya que la actual data de la dictadura franquista, y ha subrayado que con la reforma del control judicial del CNI habrá aún más garantías para los derechos individuales de las personas. 

A pesar de reivindicar el sistema que rige el funcionamiento de los servicios de inteligencia, Sánchez ha anunciado una "adaptación" de la norma que regula el CNI, del año 2002, para adaptarla a los nuevos retos, sobre todo los derivados de las nuevas tecnologías, "mientras sigue cumpliendo su misión de servicios a la seguridad nacional y defensa de los intereses nacionales y el ordenamiento constitucional".

En cualquier caso, ha insistido previamente en que el CNI "se rige por la ley" y su intervención está "en todo momento alineada por la Constitución" para después subrayar que el sistema español es "incluso más garantista" que el de otros países similares, permitiendo un "equilibrio" entre los derechos de los ciudadanos y la "lógica" defensa de la seguridad nacional.

No obstante, en virtud de las recomendaciones extraídas de la investigación liderada por el Defensor del Pueblo, Sánchez ha apostado por "avances normativos" para los servicios de inteligencia, además de un aumento de su presupuesto. "Reforzar las garantías de control a la vez que poder asegurar el máximo respeto por los derechos individuales y políticos de las personas", ha apostillado.

Retomar el diálogo con Catalunya

Sobre las decisiones operativas del CNI, Sánchez ha asegurado que Gobierno "no las conoce ni decide" sobre las mismas. En esta línea, ha manifestado sus "dudas razonables" hacia la metodología del informe de Citizen Lab que recoge el espionaje de 65 independentistas, limitándolo a solo 18 y señalando que la gran mayoría de las intervenciones "lo han sido por actores desconocidos completamente ajenos a la administración española, como fueron igualmente infectados los teléfonos de los miembros del Gobierno".

Asimismo, ha reiterado su apuesta por el diálogo en Catalunya y ha ofrecido al Govern de la Generalitat retomar la mesa bilateral. "El camino no estará exento de dificultades pero no será excusa para renunciar al diálogo, y los problemas que surjan se resolverán mediante más diálogo", ha señalado en aras de dejar claro su compromiso de "consolidar el reencuentro, y construir la concordia y la convivencia".

Arremete contra el PP

También, el presidente del Gobierno ha aprovechado el primer tramo de su intervención (al menos 25 minutos) de este jueves para arremeter contra el PP al sacar a colación los "escándalos de corrupción" y la creación de "policías paralelas", en alusión a los casos Gürtel y Kitchen.

"La opinión pública española asistía entre atónita e indignada a una cascada interminable de escándalos de corrupción de sus gobernantes, que con una mano recortaban y con otra cobraban sueldos en B", ha dicho entre aplausos de la bancada socialista y la del Gobierno. 

Esta situación dio pie a un cambio político tras la moción de censura a Mariano Rajoy y, como contraste, en su Gobierno "no hay gula para apropiarse del dinero público, no hay permiso para crear policías paralelas que persigan a partidos rivales y se defiende la Constitución con los métodos que autoriza la Constitución y sin saltarse la Constitución".