Pedro Sánchez acuerda con Mariano Rajoy mantener una vía directa de diálogo sobre Catalunya

MADRID.- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha telefoneado este martes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para mostrarle su preocupación por la resolución presentada por Junts pel Sí y la CUP, de cara a iniciar el proceso independentista de Catalunya. Por su parte, el jefe del Ejecutivo central llamó a Albert Rivera minutos antes de su declaración en Moncloa -según ha informado Ciudadanos- para comentar esta cuestión y éste le pidió que recurra dicho "desafío a la democracia y la convivencia" al Tribunal Constitucional. 

Aunque poco ha trascendido de la conversación, fuentes del PSOE aseguran que ambos políticos han quedado en mantener una vía directa de diálogo sobre este asunto.

Aunque pueda sonar a poco el compromiso alcanzado entre ambos dirigentes, lo cierto es que hasta ahora no ha habido interlocución alguna entre el presidente del Gobierno y el líder del primer partido de la oposición en cuanto al problema de Catalunya.

Sánchez, además, ha reiterado al presidente del Gobierno que la postura de su partido se resume en tres palabras: ley, diálogo y política. Por lo que en este ámbito se pueden encontrar.

El PSOE sigue creyendo que la salida al independentismo pasar por abrir días de diálogo, y llegar a un acuerdo de reforma Constitucional que reconozca la singularidad de Catalunya en una marco de una España federal.

Por su parte, el líder de Ciudadanos (C's) opinó que "todos los demócratas han de apoyar el cumplimiento de las leyes" y agradeció la llamada del presidente del Gobierno, a quien ha pedido que le mantenga informado "de cualquier acción que se lleve a cabo en Catalunya",dado que su partido es la segunda fuerza en la Comunidad.

Asimismo, la líder naranja allí, Inés Arrimadas, ha adelantado que su grupo parlamentario intentará reunirse con otras fuerzas del Parlament para "coordinar una respuesta que deje sin efectos jurídicos la declaración separatista". De hecho, el partido ya ha solicitado un informe a los servicios jurídicos del Parlament para que se pronuncien sobre la declaración que, en su opinión, "vulnera el orden de la Constitución, del Estatut y del Reglamento de la Cámara" catalana.