Una de las consecuencias más sorprendentes de los graves sucesos ocurridos en Montejurra en 1976 es el reconocimiento oficial de la escasa relevancia que, dentro del conglomerado carlista, tenían en ese momento las corrientes ultraderechistas o vinculadas al régimen; y, por el contrario, la fuerza demostrada por los sectores democráticos y progresistas liderados por Carlos Hugo de Borbón–Parma.

Así lo corroboran los datos no solo del propio gobernador civil, Ruiz de Gordoa, sino también de los máximos mandos de la Guardia Civil, especialmente implicada en la llamada Operación Reconquista, siguiendo orientaciones del general Ángel Campano, entonces director general del instituto armado.

En el amplio informe elaborado tras lo ocurrido, se calcula que, mientras los seguidores del Partido Carlista, defensores del "socialismo autogestionario", reunieron entre 4.000 y 5.000 personas, los que respondieron a la llamada de Sixto y de la Unión Nacional Española para respaldar el plan gubernativo, apenas llegaban a seiscientos.

Era exactamente lo contrario a lo previsto y así lo reconoce Ruiz de Gordoa en la comunicación que envía a su "buen amigo" Fraga Iribarne, ministro de Gobernación, el 15 de mayo, con copia "en idénticos términos al presidente del Gobierno (Carlos Arias Navarro)". En sus conclusiones, también se reconoce que había orden de no intervenir "si no se producían enfrentamientos graves".

Así lo ratifica el máximo mando de la 521 Comandancia de la Guardia Civil al consignar que en la cima había "unos cien guerrilleros de Cristo Rey provistos de armas automáticas", como también las detectaron –al menos siete armas cortas y un subfusil ametrallador– entre los atacantes al Monasterio de Irache y, pese a ello, no se produjeron detenciones.

De los informes sobre lo ocurrido se desprende que todo salió mal en la Operación Reconquista. Ruiz de Gordoa llegó a reconocer que "la facción de D. Sixto llegó tarde, desorganizada y muy mermada en relación con el cálculo que se había efectuado" y que "elementos influyentes del tradicionalismo ortodoxo" dieron instrucciones en el último momento para que no se respondiera a la convocatoria.

Sobre la actuación de los grupos armados que causaron dos muertos y una treintena de heridos, el gobernador civil afirma que "el enfrentamiento (calificado de necesario y deseable en otros informes) no debió pasar (del uso) de la garrota de campo", en referencia a los doscientos bates o porras de madera que se adquirieron para la ocasión. Llegó a calificar los disparos como un hecho "desgraciado sin justificación alguna", efectuados por "varios desequilibrados e insensatos".

Pese a todo, esos informes insisten en que la concentración anual del carlismo "suponía una ofensiva contra nuestro Rey D. Juan Carlos que no se podía tolerar" y ese "reto a Su Majestad debía tener adecuada respuesta, sobre todo, dentro del sector tradicionalista", ya que, al contrario de lo ocurrido en años anteriores, ese año 1976 se contaba "con la existencia de la UNE y la figura de D. Sixto, en abierta oposición a su hermano y a las directrices del mal llamado Partido Carlista".

También se refleja en los atestados de la Guardia Civil que entre las once y media y las doce del mediodía se tuvo que reforzar el despliegue policial en las Campas de Irache para proteger al grupo de sixtinos concentrado en el aparcamiento de los autobuses, ante el temor de que fueran arrollados por la masa "huguista" que descendía del monte tras ser batidos con disparos de ametralladora desde la cumbre.

Desde el punto de vista judicial, Ruiz de Gordoa se convirtió en el principal blanco de las investigaciones, primero por el juez de Estella y después del TOP (Tribunal de Orden Público), sobre todo porque las habitaciones del Hotel Irache –cuartel general de los ultraderechistas internacionales–
habían sido reservadas desde el Gobierno Civil.

Ruiz de Gordoa tuvo que responder por escrito primero en Pamplona el 29 de mayo y después el 11 de octubre desde Sevilla, donde había sido destinado también como gobernador. Y es que fue relevado al frente de la provincia de Navarra un mes después de los sucesos de Montejurra para asumir el mismo cargo en la capital andaluza el 7 de junio. En Sevilla se encargó de dirigir la "transición democrática" y de organizar las trascendentales elecciones del 15 de junio de 1977, siendo cesado el 6 de agosto por Adolfo Suárez sin asumir nuevos cargos políticos.

Ingeniero agrónomo en excedencia de la Diputación Foral de Álava, Ruiz de Gordoa regresó a Vitoria. De allí había salido, tras ser presidente de la administración foral durante dos años, en 1968, al ser nombrado gobernador civil de Jaén. En 1972, llegaba a Navarra con la difícil misión de controlar una de las provincias con mayor sentimiento antifranquista. En todos los casos mantuvo una férrea fidelidad al régimen, hasta el punto de que, bajo su mandato, la comunidad foral vivió uno de los periodos de represión policial más intensa de toda la dictadura.

Durante el proceso judicial, Ruiz de Gordoa funcionó como cortafuegos en una instrucción que, de acuerdo con la acusación particular, apuntaba a responsabilidades de mucho mayor rango dentro del Gobierno de Arias Navarro, sumido ya en una grave crisis política y totalmente desprestigiado por aquellos acontecimientos. Sin embargo, las investigaciones judiciales quedaron paralizadas y todo el proceso anulado, al aplicarse la ley de Amnistía de 1977. De esta forma, Ruiz de Gordoa quedó públicamente como principal responsable mientras otros cargos superiores se salvaban al extenderse la idea, tal y como afirmó Fraga repetidamente, de que aquellos sucesos habían sido solo "una pelea entre hermanos".

Se da la circunstancia de que Adolfo Suárez, cuyo Gobierno puso como tope temporal de la aplicación de la Amnistía el mes de diciembre de 1976, fue quien sustituyó a Manuel Fraga al frente del Ministerio de Gobernación aquella luctuosa jornada del 9 de mayo, en su calidad de ministro–secretario general del Movimiento, y quien impidió la participación del Partido Carlista en las primeras elecciones democráticas al rechazar su legalización, pese a que había presentado precandidaturas por treinta y cinco circunscripciones electorales.

Personas que conocieron a Ruiz de Gordoa aseguran que se sintió utilizado y abandonado, convirtiéndose en la verdadera cabeza de turco de la Operación Reconquista, y que, por este motivo, rechazó la Gran Cruz de Isabel la Católica que le concedió el rey Juan Carlos I por "los muchos y difíciles servicios prestados", tal y como le había comunicado por carta el 15 de mayo de 1976 el propio Manuel Fraga.

Tras aquellos sucesos, la relación con su "amigo" Fraga se enfrió y la férrea y perseverante lealtad que había mostrado al rey Juan Carlos se trastocó en una animadversión no menos intensa hacia la figura del monarca. Ruiz de Gordoa, viviendo ya de nuevo en Vitoria, se quejó de que no se le pusiera escolta cuando se descubrió que era objetivo de ETA precisamente por su papel en los sucesos de Montejurra. Murió el 27 de febrero de 1992 de un infarto fulminante a la edad de 70 años.