La Audiencia Nacional estudia la petición del expresidente de Caja Madrid Rodrigo Rato de suspender su entrada en prisión tras ser condenado por el Tribunal Supremo por las tarjetas black, a expensas del Constitucional, por lo que se espera que se pronuncie antes del jueves, fecha límite para el exministro de Economía con José María Aznar.

Precisamente este martes, la sala rechazaba hacerlo en el caso de otros siete exconsejeros y exdirectivos de la entidad, entre ellos el exvicepresidente de Caja Madrid José Antonio Moral Santín, condenado a cuatro años de prisión y que deberá empezar a cumplir su castigo antes del 29 de octubre.

En concreto, se ha rechazado ya la solicitud de suspensión de la ejecución de la sentencia instada por los exconsejeros de Caja Madrid de parte del PSOE Jorge Gómez Moreno, condenado a tres años y dos meses de prisión; y José María De la Riva, sentenciado a tres años; y el exconsejero de CCOO Francisco Baquero, que afronta tres años y dos meses de cárcel.

Asimismo, ha rechazado las del exconsejero de parte de UGT Gonzalo Martín Pascual, sentenciado a tres años; el ex miembro de la comisión de control de Caja Madrid, Francisco José Pérez Fernández, con una sentencia de dos años y medio; y el también miembro de la comisión de control Miguel Ángel Abejón, con la misma pena. Todos deberán ingresar de forma inminente en un centro penitenciario,

Rato alega "perjuicios irreparables"

En su escrito, que según han informado fuentes jurídicas llegó a la sala en la tarde del lunes y está siendo valorado por la Fiscalía Anticorrupción, la defensa de Rato solicitaba dejar en suspenso el cumplimiento de su pena hasta que los magistrados decidan sobre el recurso de amparo por posible vulneración de derechos fundamentales que interpondrá a finales de noviembre.

De no hacerlo, proseguía, se "acarrearían perjuicios irreparables" para el exvicepresidente del Gobierno, "cuyas expectativas quedarían burladas de seguir ejecutándose la sentencia" dictada en firme por el Tribunal Supremo hace dos semanas y que ratificaba su condena a cuatro años y medio de cárcel por apropiación indebida.

Una petición que fundamenta al descartar tanto la falta de riesgo de fuga como la posible desprotección de las víctimas, unos supuestos "inexistentes" en este caso "como acredita la actitud procesal" de Rato durante la tramitación del proceso y la reparación del daño "realizada y garantizada" al haber devuelto los 99.000 euros que desembolsó con su tarjeta.

Pero también, en el grado de gravedad de la pena impuesta, que no supera la frontera de los cinco años de prisión que establece el Tribunal Constitucional para decidir acerca de la paralización.

Además del también ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), que tiene de plazo hasta este jueves para ingresar de forma voluntaria en el centro penitenciario que considere oportuno, también ha solicitado la suspensión provisional el exconsejero de la entidad y ex miembro de la Ejecutiva Confederal de de CCOO Rodolfo Benito, condenado a tres años de cárcel.

Por su parte, la sala ha acordado aplazar el ingreso de Antonio Romero (tres años y dos meses) por motivos familiares diez días hábiles a contar desde el 30 de octubre, mientras que estudia si suspende la ejecución por enfermedad respecto a Rubén Cruz (dos años y seis meses).

Mañana se cumple una semana desde que entraran en prisión los dos primeros usuarios de las tarjetas, el ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez-Ponga -condenado a tres años y dos meses- en la madrileña Soto del Real, y el exdirigente de CCOO Antonio Rey de Viñas -miembro de la comisión de control de la extinta caja sobre quien pesan dos años y medio de cárcel- en Navalcarnero.