Hace dos veranos, la periodista y jurista madrileña Ritama Muñoz-Rojas estaba comiendo en su casa de la sierra cuando entró a charlar Pedro Caba, médico y exmilitante del Partido Comunista de España (PCE) y buen amigo de su familia desde que ella tenía diez años. Esa tarde el doctor llevaba puesta una camiseta con la famosa imagen de El Abrazo, del pintor Juan Genovés. Para su sorpresa, Caba le contó que él era uno de los protagonistas del cuadro de los manifestantes que reclamaron la amnistía de los presos políticos cuando murió Franco. 

En casa de los Muñoz-Rojas se respiraba, desde que la periodista tiene uso de razón, un ambiente de lucha abierta contra el fascismo. Nieta del exministro de Asuntos Exteriores socialista Fernando de los Ríos y miembro de la Institución Libre de Enseñanza, sus padres participaron en núcleos revolucionarios como Izquierda Unida.

Como traslada en conversación con este medio, "las cosas que se cuentan en el libro las he vivido a través de mi madre o de los amigos de mi madre. Siempre he sabido que había algo importante que había que contar sobre el compromiso, la lucha y la entrega de personas que querían que su país fuera mejor".

Memorias de la Clandestinidad (Reino de Cordelia, 2024), la nueva obra ensayística de Muñoz-Rojas, es un relato a voces sobre la clandestinidad, el exilio y las torturas en el régimen franquista, y a su vez un grito ensordecedor contra las instituciones que hoy pretenden olvidarlo. La recuperación del relato soterrado deviene, en este caso, un antídoto para acabar con la desmemoria. El franquismo impuso una cruel maquinaria de terror y represión: social, ideológica, religiosa, sexual, política.

Frente a ella hubo quienes, desde las universidades, entidades vecinales, sindicatos obreros o partidos entonces ilegalizados como el PCE, sacaron las uñas y se organizaron para combatirlo hasta las últimas consecuencias. Sus historias, 25 de las cuales reúne Muñoz-Rojas en su ensayo, atestiguan décadas enteras de vida dedicada a lucha antifascista por una democracia y una sociedad libre, aun poniendo en peligro "su vida, su seguridad económica, su seguridad física y la de su entorno cercano", cuenta la autora.

Los protagonistas del ensayo vivieron la necesidad constante de trazar estrategias para sobrevivir a la represión fascista: creación de identidades falsas, organización de reuniones clandestinas, códigos secretos para la comunicación interna en los colectivos... En definitiva, formas de resistir al horror. 

"Ahora en democracia, cuando algunos han intentado recuperar determinadas amistades o compañeros de lucha de esa época, no los encuentran porque no tienen ni medio dato sobre ellos porque entonces vivían con identidad falsa", infiere la autora. Su incesante lucha tambaleó- y en muchos casos rompió en mil pedazos- no sólo el tejido y las relaciones sociales de estos activistas, sino también sus vínculos intrafamiliares, ya que gran parte de ellos eran hijos de defensores del régimen e incluso de nazis, que conocían a la perfección la militancia activa de sus hijos.

En la obra, además, la escritora alude a cómo los combatientes antifranquistas fueron tejiendo una intrincada red de apoyo tanto local como internacional que permitió la consecución de gran parte de sus objetivos. "Había muchas más conexiones con el exterior de lo que creemos. Ahí intervenían los partidos que tenían relación con otros partidos en Europa, siempre estaba el Partido Comunista de Italia que tenía conexiones con el Partido Comunista de España o con la Liga. El FRAP, por ejemplo, se crea en Francia", destaca la autora.

Tampoco faltaban los cientos de filántropos anónimos que recaudaban dinero para sostener económicamente a los activistas, y que a su manera integraban la "ola de solidaridad brutal contra Franco" que existía masivamente fuera de España. Dentro del país, poco ha trascendido el papel que jugaron las personas de los pueblos a la hora de proporcionar a los guerrilleros "tanto refugio en las casas como armas, información y capacidad de infiltrarse en los canales propios de un sistema que pretendía exterminarles", alega un superviviente en la entrevista con la periodista. Se trata de ineludibles redes de apoyo mutuo que funcionaron como medio para sobrevivir a la maquinaria sanguinaria del Estado.

Las mujeres que enfrentaron el patriarcado y el franquismo

Si la lucha antifascista contra las atrocidades de un régimen caduco y violento ha estado estratégicamente silenciada en la historia de nuestro país, el decisivo papel de las mujeres militantes supone directamente una incógnita. Esa incógnita articula la práctica totalidad de la obra de Muñoz-Rojas, que combate este gran borrado recogiendo el relato de once activistas represaliadas. Como se trasluce en la obra a partir de la narración vital de estas "heroínas de la dictadura", y según corrobora la autora, estas mujeres encararon un doble desafío.

Por un lado, la pelea eterna contra la dictadura y la represión política amparada por la Ley Antiterrorismo de Franco y, por otro, la ruptura del rol de "ángeles del hogar" que el franquismo más rancio había diseñado como una camisa de fuerza para ellas. Todo ello en un sistema donde la Iglesia católica gozaba de un poder omnímodo en todas las esferas de la sociedad. 

Cuando rememora las vivencias de mujeres como Carlota Falgueras, Socorro Robles o Juana Doña -encarcelada en la prisión de Alcalá por participar en núcleos de resistencia antifranquista durante la primera etapa de la dictadura- Ritama incide en que "la represión contra ellas fue incluso peor que en el caso de sus compañeros". Los perversos métodos de tortura que la Policía - compuesta enteramente por varones- aplicaba sin piedad contra ellas pasaba por la humillación y el dolor a través del pudor corporal.  

"Cuando detienen a las mujeres en las comisarías una manera de vejarlas consiste en no dejarlas lavarse, no proporcionarlas compresas cuando están menstruando o reírse de todo lo que tiene que ver con su condición de mujer, algo que ellas vivían con rubor, sobre todo a determinadas edades en las que se siente más pudor delante de hombres", denuncia Muñoz-Rojas. Pero la lucha valía más que la vergüenza, y ni siquiera las humillaciones consiguieron doblegar a muchas de ellas.

Mujeres antifascistas como la exmilitante del PCE (m-l) y de la FRAP, Matilde Muñoz, compaginaron la actividad política con la feminista en organizaciones como la Unión Popular de Mujeres. Se comenzaba a entender, entonces, que la conciencia de clase y la de género debían caminar de la mano para socavar un régimen que las quería silenciadas y sumisas.  

Muñoz pasó varios meses encerrada en un convento de clausura en Calatayud después de que su hermano, tan fascista como sus progenitores, le denunciara a la Policía. "Nos quitaron todo lo que llevábamos, mientras yo intentaba sujetarme la falda para no enseñar las bragas", recuerda con terror en su conversación con la autora del libro, en relación al traumático momento en que llegó a la DGS. En aquel momento, Matilde era menor de edad. También lo era la barcelonesa Maribel Ferrándiz cuando, en 1971 y con tal solo 17 años, ingresó en prisión y fue torturada sin miramientos por su pertenencia a la Joven Guardia Roja, organización juvenil del Partido del Trabajo de España (PTE).

En la sala de tortura le amenazaron con violarla mientras la agredían físicamente para que destapara los nombres de sus camaradas. Mientras tanto, los mismos policías obligaban a su hermano, también detenido, a contemplar las agresiones desde un ventanuco. 

El empedrado camino hacia la reparación de las víctimas

La ansiada ley de Memoria Democrática, que vio la luz en octubre de 2022, ha sido un elemento vital para avanzar social y políticamente hacia la justicia restaurativa de las víctimas de la dictadura. Esta iniciativa legislativa persigue estudiar las posibles vulneraciones de derechos humanos entre los años 1978 y 1983 y permite buscar a los desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo. Este mes de junio, en virtud de esta ley, el ministerio de Cultura ha iniciado el procedimiento para extinguir la Fundación Francisco Franco.

La introducción de esta ley es un paso tímido pero fundamental para que los miles de represaliados por el franquismo obtengan, aunque décadas más tarde, el reconocimiento que la Transición les arrebató. La Ley de Amnistía, introducida tras la muerte del dictador, se dio previamente a la investigación y juicio de los delitos que cometieron las fuerzas del régimen: por este motivo, actualmente reconocer como víctimas a quienes sufrieron abusos policiales es un auténtico rompecabezas, ya que en muchos casos no existe delito por el que acusar a los torturadores.

Junto a la impunidad de los torturadores del franquismo llegó la criminalización de los movimientos que luchaban precisamente contra el régimen de terror. "Muchos confiesan que, como les estaban intentando matar, tenían que salir a la calle con cócteles molotov o directamente piedras, pero sin intención alguna de matar, como sí hicieron las fuerzas del Estado", explica la autora, "pero eso ha trascendido como si fueran asesinos equiparables a la ETA, incluso al yihadismo".

Algunos de los más injustamente tildados de terroristas, según la autora, han sido los integrantes de la FRAP, los maquis o guerrilleros antifascistas y los miembros de la Liga Comunista Revolucionaria. La periodista expone el caso de dos figuras míticas de estos grupos: Bernardo Fuster, cantautor antifranquista y exmiembro de la FRAP y, Francisco Martínez López, el Quico, último superviviente de los maquis. Ambos comparten un pasado por el trauma de la clandestinidad, el exilio y la lucha por la democracia y la libertad.

En este sentido, asegura la autora, "se ha hablado poquísimo de la lucha antifascista, parece que para el imaginario público el 20 de noviembre de 1975 (día de la muerte de Franco) los políticos se levantaron demócratas con el manual de la Transición debajo del brazo y no hay nada más lejos de la realidad". Si algo ha recalcado Muñoz-Rojas es que la democracia que hoy disfrutamos no habría existido jamás sin la tenacidad y la presión de quienes se enfrentaron con garras "al aparato represor del franquismo".

Aunque ya se conocen casos como el de Julio Pacheco, quien en septiembre de 2023 testificó por primera vez contra sus torturadores de la Brigada Político-Social en 1975 (entre los que se encontraba, presuntamente, el comisario José Manuel Villarejo), Muñoz-Rojas apunta a que todavía "no se ha procesado a nadie por delitos contra las víctimas de la dictadura, de manera que muchos verán morir a sus torturadores antes de que se pueda hacer justicia". 

Pacheco, cuenta Ritama, fue detenido en su vivienda en agosto de 1975 junto con su pareja, Rosa García Alcón, cuando ambos militaban en la Federación Universitaria Democrática de España (FUDE), dependiente de la FRAP. Fue sometido durante una semana entera a palizas, amenazas de muerte y todo tipo de actos de desmedida brutalidad policial en la DGS, "lo habitual en aquella época".

El avance ultraderechista: un escollo para hacer justicia

A la periodista le causa un hondo dolor el reciente empuje de los fascismos tanto en España como en el resto de estados de la UE, tal y como evidenciaron los resultados de los últimos comicios al Parlamento Europeo.

"Yo creo que eso es una prueba de que le siguen teniendo miedo a todos los movimientos antifranquistas. Por un lado dicen, ¿por qué vas a remover si eso ya está muerto?, ¿qué más da si ya no hay nada que hacer? Bueno, si no hay nada que hacer, ¿por qué os preocupa tanto y os dedicáis a derogar las leyes de memoria democrática cada vez que llegáis al poder?", expresa.

En algunas comunidades, la derecha y ultraderecha no han tardado en ponerse manos a la obra para seguir defendiendo los privilegios de los herederos de la dictadura. En Aragón, el pasado mes de febrero el Ejecutivo autonómico, encabezado por la coalición de PP y Vox, dejó "atado y bien atado" este asunto: el Gobierno autonómico derogó la ley de Memoria Democrática regional -la primera que se había aprobado en la comunidad autónoma- en el seno de sus denominadas "leyes de la concordia".

En Illes Balears, el president del Parlament, Gabriel Le Senne, protagonizó el pasado 19 de junio un espectáculo bochornoso al romper una fotografía de la activista feminista y antifascista Aurora Picornell. Este agosto, Le Senne ha sido imputado por los actos cometidos después de que la Associació de Memòria Democràtica de Mallorca presentara una denuncia penal contra él.