Rita Barberá, acorralada, sigue negando que se amañaran contratos en el Ayuntamiento de Valencia

VALENCIA.- La exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, ha insistido hoy en que "ningún contrato del Ayuntamiento de Valencia se ha amañado, ni ha habido ninguna mordida, ni desvío a financiación ilegal". Barberá ha hecho estas declaraciones en un comunicado que distribuyó este martes por la noche, y ha asegurado que las adjudicaciones del Ayuntamiento de Valencia, durante los 24 años que fue alcaldesa, "no se han puesto en duda".

Según asegura en el escrito, con estas manifestaciones quiere salir al paso de la "pública petición por algunos miembros de mi partido" y por "la presión de los medios de comunicación para que dé explicaciones de la situación judicial" que afecta al grupo municipal popular del Ayuntamiento de Valencia.

Barberá manifiesta que el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia decretó el secreto de sumario de los hechos en cuestión, por lo que asegura que "las informaciones que conocemos son meras filtraciones sobre las que no debo opinar ni comentar", y que "nada ha cambiado" desde su comparecencia en una emisora de radio el pasado jueves.

"Desconozco absolutamente cuál es el contenido cierto de los hechos investigados" en el juzgado número 18, "por lo que ante los juicios paralelos y condenas mediáticas ruego mesura, profesionalidad, respeto al Estado de derecho, a la acción de la justicia, a la presunción de inocencia y acatamiento a la resolución judicial sobre el secreto de sumarial", añade.

Y asevera que "si como al parecer informativo se mezcla el llamado caso Imelsa con el Grupo Municipal Popular de Valencia, afirmo, desde mi conocimiento, que nada tiene que ver entre ambos".

"Las adjudicaciones del Ayuntamiento de Valencia, durante los 24 años que fui alcaldesa, no se han puesto en duda"

Barberá insiste en que, como señaló hace unos días, "ningún contrato del Ayuntamiento de Valencia se ha amañado, ni ha habido ninguna mordida, ni desvío a financiación ilegal". "Las adjudicaciones del Ayuntamiento de Valencia, durante los 24 años que fui alcaldesa, no se han puesto en duda", ha insistido.

Sobre las adjudicaciones, ha señalado que "las decidía una Mesa de Contratación de carácter técnico, porque así lo decidimos desde el equipo de Gobierno, y no se debe y ni se puede dudar de los funcionarios, y debemos defender sus profesionalidad".

"A lo largo de mi tiempo de militancia en el Partido Popular he atendido las peticiones de donaciones que se me han hecho, como otros militantes, siempre desde la legalidad, con mi propio patrimonio y con total transparencia"

Por otra parte, ha manifestado que: "A lo largo de mi tiempo de militancia en el Partido Popular -por cierto longevo e intenso- he atendido las peticiones de donaciones que se me han hecho, como otros militantes, siempre desde la legalidad, con mi propio patrimonio y con total transparencia".

Añade que "no es posible explicar con solvencia nada más, puesto que nada conozco de acusaciones hacia mi persona hasta que el señor juez del 18 no proceda al levantamiento del secreto del sumario".

Por último, la exalcaldesa apela al "respeto al derecho constitucional respecto de los derechos y libertades individuales", y a "la responsabilidad de políticos de otras formaciones que con extremo oportunismo hacen ampulosas declaraciones con el riesgo de poner de manifiesto gruesas ilegalidades de sus propios partidos, condenadas, en proceso de investigación o en ciernes sobre su presunta financiación ilegal".

Del mismo modo, pide "no confundir prudencia y sosiego con atrincheramiento o desaparición, pues sigo en mi casa atenta a los hechos, saliendo cuando lo necesito y haciendo las tareas habituales".

Concluye manifestando y ofreciendo su "lealtad a los ciudadanos, al Partido Popular y a su Presidente Mariano Rajoy", y señala que "a pesar del sufrimiento" se siente "muy orgullosa de haber servido y servir a Valencia y a España".

El juzgado de instrucción número 18 de Valencia investiga el supuesto cobro de comisiones a cambio de contratos fraudulentos y la posible derivación en una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia.