El juicio por la salida a bolsa de Bankia ha desvelado, tras cinco meses de sesiones, numerosas contradicciones y controversias entre acusados y testigos, entre sí y consigo mismos, a la espera de que los peritos aclaren si la entidad tenía suficientes provisiones y era o no viable.

Las discrepancias más llamativas las han protagonizado el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato –al que la fiscalía anticorrupción atribuye un delito de estafa a los inversores y pide para él cinco años de cárcel–, su entonces jefe de gabinete, Luis Maldonado, el exministro de Economía Luis de Guindos, y el expresidente del BBVA, Francisco González.

En su declaración en enero, el expresidente de Bankia aseguró que su dimisión al frente de la entidad, en mayo de 2012, "fue total responsabilidad de Luis de Guindos", mediante una "conspiración" orquestada por el Gobierno en colaboración con los principales competidores del banco, fundamentalmente el expresidente del BBVA Francisco González.

En marzo, y en su declaración como testigo realizada por videoconferencia desde Fráncfort, De Guindos refutó esta versión y relató que hubo una reunión en su despacho un día antes de que Rato renunciara a su cargo, a la que asistieron tres competidores –los presidentes del Santander, BBVA y Caixabank–, pero negó que se hubiera hablado de la dimisión.

De Guindos negó presiones del FMI

Tras De Guindos declaró, también como testigo, el expresidente del BBVA, Francisco González, que asimismo contradijo la versión del actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), y aseguró que él mismo le pidió personalmente a Rato que dimitiera.

Por si esto fuera poco, De Guindos negó ante el tribunal que el Ejecutivo hubiera presionado en 2012 al Fondo Monetario Internacional (FMI) para adelantar las conclusiones de un informe sobre la banca española muy crítico con la situación de Bankia.

Pocos días después, la defensa de Rato presentaba un escrito de 2016 realizado por la Oficina de Evaluación Independiente, organismo dependiente del FMI, en el que se explica que la publicación del documento de 2012 "fue controvertida pero justificada por las circunstancias, y el 25 de abril de ese año, a requerimiento del Gobierno", el FMI publicó sus conclusiones preliminares.

A estas discrepancias hay que añadir la mala memoria del que fuera jefe de gabinete de Rato, Luis Maldonado, que en fase de instrucción insistió en que no tuvo interlocución directa con el Ministerio de Economía en los meses previos al cese de Rato, lo que contradice lo declarado entonces por De Guindos.

El exministro relató que en las semanas previas al 4 de mayo de 2012, solo tres días antes de la dimisión de Rato, hubo varios contactos entre el subsecretario de Economía, Miguel Temboury, y el entonces director general de Política Económica, Antonio Carrascosa, con el consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, con Maldonado, y con el secretario del consejo, Miguel Crespo.

Ya durante el juicio, Maldonado admitió que no recordaba prácticamente nada de lo ocurrido en aquellos años, pero su mala memoria se disipó de golpe y recordó un encuentro del 3 de mayo de 2012, apenas cuatro días antes de la dimisión de Rato, del que este le avisó la víspera para que "estuviera temprano en la sede del Ministerio de Economía".

Caso aparte es el del inspector del Banco de España destacado en Bankia José Antonio Casaus, responsable de la inspección del Grupo y autor en los meses previos a la salida a bolsa, en julio de 2011, de correos electrónicos muy críticos con la situación del banco y con la gestión de sus administradores.

Aunque ante la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó que en 2011 el grupo BFA-Bankia era inviable y sin ayudas se hubiera asfixiado por falta de liquidez, matizó en parte su diagnóstico y señaló que quizás se "extralimitó" con su trabajo, que "debe ser analizar y nunca prescribir, aunque fue para evitar el desastre".

Casaus detalló a sus superiores que faltaban miles de millones de euros de saneamientos, pero finalmente accedió a añadir en su informe un párrafo que decía que eran suficientes, un "error producto de la falta de coraje", que ante la misma sala negó que hubiera sido por presiones de sus superiores.

El testimonio de Casaus no estuvo exento de algún roce con la presidenta de la Sala, Ángela Murillo, que ante los titubeos del inspector le reconvino que "imagina, pero no se acuerda", y le recordó que "como testigo tiene que responder de hechos, no de hipótesis o suposiciones".