Que ERC y Bildu formen parte de la dirección política del Estado no se limita a ser una afirmación de peso y alcance sobre la idea de la legislatura que tiene Unidas Podemos; es un objetivo. La renovación de un Poder Judicial que se encuentra en funciones desde hace casi dos años y que sirve como principal arma política del PP para entorpecer el ciclo político iniciado tras las elecciones del 10-N es una urgencia para el Gobierno de coalición, pero también es percibido por los de Pablo Iglesias como una oportunidad para avanzar en la resolución de los conflictos territoriales enquistados.

La intención es que, a la hora de afrontar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, se cuente con estas formaciones soberanistas y no se las excluya de las negociaciones para elegir a los miembros de la cúpula judicial. Tradicionalmente, los principales artífices de las renovaciones han sido el PSOE y el PP, ya que el sistema de elección se estructura en base a un sistema político de partidos muy mayoritarios.

Sin embargo, con la desintegración del bipartidismo y la irrupción de un sistema que aleja las mayorías de partido único, la fórmula para renovar el CGPJ ha terminado sirviendo para que el principal partido de la oposición logre bloquear la renovación, ya que es necesario contar con el PP para alcanzar la mayoría de tres quintos que se exige para llevarla a cabo.

En este contexto, la intención del vicepresidente de Derechos Sociales es tratar de buscar una alternativa para desbloquear la situación a través de la participación de las formaciones del denominado bloque de la investidura en las negociaciones para designar a la cúpula judicial. 

Hace unas semanas, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, avanzó la predisposición de su partido a votar favorablemente a los Presupuestos Generales del Estado que se encuentran en tramitación en el Congreso, poniendo de esta manera sobre la mesa la posibilidad de tener los primeros apoyos explícitos a las cuentas.

El movimiento del dirigente vasco fue saludado por el vicepresidente de Derechos Sociales, que consideró relevante este hecho, no solo en lo relativo a las cuentas, sino también al rumbo político de la legislatura: "La disponibilidad de EH Bildu para votar sí a los PGE es una buena noticia. Demuestra responsabilidad y compromiso para avanzar con políticas de izquierdas. El bloque de la investidura se refuerza y será de legislatura y de dirección de Estado", escribió en su cuenta de Twitter.

El PP solo negociará si se excluye a Unidas Podemos

Desde el principio de la legislatura, el PP ha protagonizado conversaciones para alcanzar un acuerdo con el PSOE y renovar el CGPJ en base a una exigencia de la que, hasta el momento, no se han movido: que en las negociaciones no participe el otro partido que sustenta el Gobierno, Unidas Podemos. Los de Pablo Casado han roto las conversaciones en varias ocasiones, y llegaron a dinamitar un preacuerdo con los socialistas en 2018, cuando Sánchez gobernaba en solitario.

En diciembre, el órgano cumplirá dos años desde su entrada en funciones, dos años en los que, lejos de reducir su actividad y limitarse a atribuciones de funcionamiento básico, se ha movido para consolidar la orientación de la cúpula judicial. El CGPJ ha nombrado o convocado las plazas de 46 presidentes de tribunales y magistrados del Tribunal Supremo que tendría que haber nombrado el próximo Consejo. En su mayoría son afines al presidente interino, Carlos Lesmes, y a los vocales nombrados a instancia del PP que gobiernan el órgano constitucional.

La situación de bloqueo y los movimientos del órgano llevaron a PSOE y a Unidas Podemos a presentar una proposición de ley en el Congreso para cambiar el sistema de elección de los jueces. La reforma mantiene en un principio la mayoría de tres quintos necesaria para renovar el CGPJ pero establece que, si transcurrido un plazo no se logran los votos necesarios, la renovación se podría llevar a cabo por mayoría absoluta (a partir de 176 diputados).

En este sentido, en el Ejecutivo consideran que la composición actual del órgano de gobierno de los jueces no responde a la aritmética parlamentaria existente, ya que los nombramientos se hicieron en 2013, cuando el PP gozaba de una mayoría absoluta en el Parlamento. Además, en Unidas Podemos defienden que la fórmula actual se diseñó pensando en el sistema bipartidista, y en concreto para tratar de evitar que un solo partido, aunque tuviera una mayoría absoluta, no pudiera renovar el poder judicial a placer.

La reflexión es que, con el bipartidismo agotado, en la actualidad gobiernan dos formaciones con una mayoría minoritaria en el Congreso que precisa de alianzas para sacar adelante cualquier reforma de calado. Anteriormente se procuraba garantizar la pluralidad en un sistema bipartidista a través de una mayoría reforzada, pero ahora esa pluralidad está garantizada desde la base misma de un sistema multipartidista.

Más allá de la fórmula, incluir a partidos como ERC o Bildu en las negociaciones permitiría, a juicio de la formación morada, la entrada de aire fresco a una cúpula judicial cuyos cambios siempre han venido de la mano de PP y PSOE, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos siete años la mayoría del CGPJ ha sido conservadora.

Además, la participación de estas formaciones en la designación de los miembros del órgano ayudaría, a juicio de Unidas Podemos, a resolver los conflictos territoriales enquistados en los que juega un papel importante el hecho de que estas fuerzas se vean fuera de los marcos e instituciones del Estado. "El Estado es de todos", recuerdan desde la formación morada, e insisten en que excluir a ERC, Bildu y otros partidos de las instituciones juega radicalmente en contra de desactivar los marcos de ausencia de legitimidad y reconocimiento de las instituciones del Estado en los que una parte de la ciudadanía se siente representada.

Tras el discurso de Pablo Casado en la moción de censura de Vox, en el que el presidente del PP protagonizó una intervención que apuntaba hacia una moderación del partido y a una rebaja de la crispación, el PSOE decidió congelar la reforma del sistema de elección del CGPJ. Sin embargo, al discurso del líder conservador no ha seguido una actitud en ese sentido, y la crispación no parece haberse rebajado lo más mínimo.

Sin embargo, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, admitió que en la actualidad existen conversaciones con el PP en este sentido y se mostró "esperanzado" en que prosperaran. En este contexto, la iniciativa impulsada por los socialistas y por Unidas Podemos podría seguir adelante y, si finalmente se impone la fórmula de la mayoría absoluta, el bloque de la investidura sería crucial para renovar el órgano de gobierno de los jueces.