Las relaciones con Marruecos y la reactivación del conflicto del Sáhara, foco de tensión entre los socios de Gobierno

Cuando el pasado 19 de junio miles de personas abarrotaron la madrileña Puerta del Sol reclamando al Gobierno español responsabilidad con respecto al Sáhara Occidental, la mayoría de medios de comunicación miró hacia otro lado. Tras semanas saturando información acerca de la crisis de España con Marruecos, aquel día se silenció, salvo desde Público y alguna excepción más, una protesta que era la culminación de unas marchas que habían recorrido toda España hasta llegar a Madrid.

Tres semanas después, Pedro Sánchez anunciaba una esperada crisis de Gobierno. Y entre otros cambios, prescindía de la titular de Exteriores, Arancha González Laya, para dejar paso en el Palacio de Santa Cruz a José Manuel Albares, nuevo jefe de la diplomacia española. A González Laya se le había reprochado pasividad en la crisis poliédrica que se evidenció con Marruecos en mayo, cuando el régimen alauí facilitó que miles de personas cruzaran la frontera de Ceuta a nado, entre ellas centenares de menores, arriesgando sus vidas, una forma de presionar al Estado español por su postura sobre el Sáhara Occidental. Un chantaje que pronto obtuvo la condena del Gobierno español y también de las instituciones europeas.

El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, había sido acogido por el Gobierno español en un hospital de Logroño por razones humanitarias, donde se trataba de covid-19. El dirigente había sido registrado con otro nombre para evitar la polémica con Marruecos, la cual estalló por los aires. El pasado 29 de julio buena parte de la prensa española volvía a permanecer en silencio cuando la Audiencia Nacional archivaba una querella contra Ghali por un supuesto delito de genocidio que no fue probado. Durante semanas azuzaron una imagen del líder y del Frente Polisario, único representante del pueblo saharaui según Naciones Unidas, que no ha sido desmentida después.

Los últimos meses han sido especialmente agitados para los saharauis, tras décadas de estancamiento de este conflicto político sobre el que la comunidad internacional mira para otro lado. El influyente movimiento de solidaridad con este pueblo organizado a lo largo y ancho del Estado español presionó al Gobierno de coalición el pasado otoño. Y es que el 13 de noviembre del 2020 (justo 45 años desde que se firmaron los Acuerdos Tripartitos de Madrid) el Frente Polisario declaraba la guerra a Marruecos, pues tras tres décadas de alto el fuego, las tropas marroquíes habían violado el acuerdo atacando a unos manifestantes saharauis que pacíficamente protestaban en la zona fronteriza con Mauritania de Guerguerat. El Gobierno marroquí ha construido ahí una carretera ilegal, vulnerando, una vez más, el statu quo que había puesto fin a la guerra en 1991.

González Laya no modificó en noviembre la postura española de las últimas décadas con respecto al conflicto: una "neutralidad activa", abogando por el respeto de las resoluciones de Naciones Unidas y la búsqueda de una "solución política justa, duradera y mutuamente aceptable" que implique a las partes. Esto enfadó al movimiento prosaharaui que esperaba una actitud más proactiva por parte del Gobierno de coalición. 

Por primera vez, había ministros de Unidas Podemos, una fuerza política que siempre ha defendido el derecho a la autodeterminación de los saharauis y cuyas bases, en gran medida, están involucradas en esta lucha. La presión hizo que el entonces vicepresidente, Pablo Iglesias, se expresara en redes sociales a favor del referéndum saharaui. Esto puso de manifiesto la tensión en el seno del Consejo de Ministros sobre este tema. Una tensión siempre susceptible de volver.

España, responsable

Y es que en aquellos Acuerdos de Madrid que tuvieron lugar 45 años atrás, España pretendió ceder su soberanía sobre el Sáhara a Marruecos y Mauritania, sin embargo carecen de valor a tal efecto. España sigue siendo hoy la potencia administradora de este proceso de descolonización, por ello, cualquier hito que suceda en la que fuera la provincia 53 española hasta 1975 le involucra. Así lo expresaba en 2002 Hans Corell, secretario general adjunto para Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas: "El Acuerdo de Madrid de noviembre de 1975 no transfirió la soberanía sobre el territorio ni confirió a ninguno de los signatarios (Marruecos y Mauritania) la condición de potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente".

El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo corroboraba en 2014 siendo juez de la Audiencia Nacional en un auto: "España sigue siendo la potencia administradora del territorio, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas, entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso, para lo cual debe extender su jurisdicción territorial para hechos como los que se refieren en la querella a que se contrae el presente procedimiento".

Cuando el pasado 4 de agosto, en la toma de posesión de altos cargos de Exteriores, el ministro Albares se refirió al estado de las relaciones bilaterales con Marruecos, expresó: "El primer viaje a Marruecos será importante, pero tienen que ser más importantes el segundo, el tercero o el cuarto, eso es lo que hay que consolidar". El nuevo responsable de la diplomacia española tiene claro que su principal misión es reestablecer y fortalecer las relaciones con el vecino del sur. Y eso pasa por modificar la postura española sobre el contencioso saharaui, según ha exigido la contraparte marroquí en su chantaje de los últimos meses. Peligro. De momento, el Ejecutivo no ha dudado en devolver a centenares de niños marroquíes a su país de origen, los cuales llegaron en el episodio de mayo, a pesar de las advertencias sobre la ilegalidad.

La soberanía, en disputa

En el Frente Polisario están alerta y dudan incluso de que Albares se atreva a posicionarse a favor del plan de autonomía de Marruecos, contrario a la legalidad internacional que reconoce el derecho a la autodeterminación saharaui, o que reconozca soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, contraria a demasiadas resoluciones judiciales. Esto sería un serio motivo de disputa entre los socios del Gobierno de coalición.

Los representantes saharauis esperan, por su parte, a que la Justicia europea se vuelva a pronunciar acerca de la explotación de recursos naturales de su territorio por parte de empresas marroquíes y europeas. Es probable que la sentencia, que podría conocerse en la primera quincena de septiembre, reincida, como en anteriores ocasiones, en que no hay soberanía marroquí sobre el Sáhara, ni sobre sus aguas ni sus recursos naturales. Esto, junto a las revelaciones sobre el programa Pegasus, por el cual podrían haber sido espiados cargos públicos de alto nivel y periodistas europeos, entre ellos el español Ignacio Cembrero, por parte del régimen marroquí, puede enturbiar unas relaciones entre Marruecos y la Unión Europea que ya no pasan por el mejor momento.

La bravuconada de junio, esas fotografías de centenares de menores llegando a la frontera de Ceuta a nado auspiciadas por el régimen alauita, han hecho daño a la imagen exterior de Marruecos y han empeorado su posición en las negociaciones internacionales. Un error diplomático que se le vuelve en contra, tras unos meses dorados en su batalla en las relaciones internacionales para anexionarse la excolonia española. 

Y es que el pasado 10 de diciembre del 2020 el entonces presidente de los Estados Unidos, el ultraderechista Donald Trump, reconocía la soberanía marroquí sobre el Sáhara a golpe de tuit, saltándose toda la literatura legal sobre el caso y pisoteando a las propias Naciones Unidas. Además, a través de esta maniobra, establecían relaciones diplomáticas Marruecos e Israel, un giro inesperado que un país musulmán reconozca al Estado israelita, que mantiene una política de apartheid y ocupación sobre Palestina. Una ecuación que incluía la problemática del Sáhara en una operación compleja con varios actores internacionales implicados.

En aquel momento, los ojos se pusieron también sobre González Laya que, en esta ocasión, contentó a los partidarios de la autodeterminación saharaui. En Rabat esperaban que, una vez reconocida su soberanía sobre el Sáhara Occidental por parte del presidente de Estados Unidos, tendría lugar una oleada de reacciones similares en otros países occidentales, en especial en España. No fue así. La entonces ministra de Exteriores siempre mantuvo que la posición de España pasa por una solución auspiciada por la ONU, de igual manera que hizo Alemania o la propia Unión Europea.

El entorno de Mohamed VI, rey marroquí, no calculó que la era Trump había acabado. Casi un mes después de que el inquilino de la Casa Blanca hiciera su anuncio sobre el Sáhara, sus seguidores asaltaban el Capitolio cuando el Congreso ratificaba la victoria de Joe Biden en las presidenciales del 2020. Trump marchaba por la puerta trasera de la historia y la Administración del nuevo presidente estadounidense ha ido modulando la postura oficial con respecto al contencioso saharaui con la delicadeza de no molestar a Israel, a quien Trump había metido en la ecuación de diciembre. El portavoz del secretario de Estado de Estados Unidos, Ned Price, ha declarado este verano que "existen unas diferencias muy importantes y profundas" con respecto a la Administración Trump sobre el Sáhara.

En este contexto se encuadra la ofensiva marroquí sobre Ceuta de mayo. Tal y como reconocería la embajadora marroquí en Madrid, Karim Benyaich, el problema no era la presencia de Ghali en un hospital español, sino la postura española sobre el Sáhara. Más tarde lo corroboraría el ministro de Exteriores de Rabat, Nasser Bourita, quien no dudaría en comparar que el Sáhara es a Marruecos como Catalunya a España, negando la condición colonial del conflicto saharaui, tal y como se reconoce en la bibliografía legal internacional. Sánchez fue contundente en su respuesta: "Es inaceptable que se ataquen nuestras fronteras por desavenencias en política exterior".

A pesar de las presiones, González Laya no varió sus postura durante los momentos más duros de la crisis con Marruecos, siempre apelando a que la solución se debe dar en el marco de Naciones Unidas. La embajadora marroquí fue llamada a consultas por Rabat en mayo, las relaciones empeoraban por momento. Unos días antes, Marruecos también llamó a consultas a su embajadora en Berlín por diferencias sobre la cuestión saharaui con el país germano. Sin embargo, pocas semanas después, Sánchez entregaba a Marruecos la cabeza de González Laya en bandeja de plata fulminándola del Ejecutivo en la crisis de Gobierno de julio. Un gesto que hace dudar de hasta qué punto el presidente español seguirá siendo contundente frente al chantaje marroquí. 

La llegada de Albares al Ministerio y su dedicación durante las últimas semanas a reestablecer las relaciones bilaterales hispano-marroquíes hacen sonar las alertas, el régimen marroquí aprovechará para exigir un cambio de postura española favorable a los intereses marroquíes sobre la excolonia. Cuando se dé el caso, la tensión entre socios crecerá en el Consejo de Ministros, tal y como reconocen fuentes de Unidas Podemos a Público. Es cierto que en el acuerdo de Gobierno no hay una postura acordada sobre este tema concreto, pero también lo es que las bases de los partidos que conforman Unidas Podemos difícilmente entenderían una traición así al pueblo saharaui. Los miembros del Gobierno de Unidas Podemos podrían guardar silencio, sus bases no.

Tensión en los próximos meses

Las investigaciones sobre Pegasus, el software israelí usado por gobiernos autoritarios para vigilar a periodistas, disidentes y políticos de todo el mundo, señalan a Marruecos como uno de sus usuarios. Si se corrobora que periodistas y políticos europeos han sido espiados por el régimen alauí, las relaciones bilaterales UE-Marruecos pueden empeorar y, como hemos visto, no pasan por el mejor momento. En Rabat no calcularon que la frontera de Ceuta no solo es una frontera española, sino también lo es europea. Además, si la Justicia europea vuelve a manifestarse acorde a que Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental, será muy mal digerido en Rabat.

La pandemia ha agudizado la crisis económica en Marruecos. Los medios afines al régimen intentan silenciar un descontento social y unas protestas que, sin embargo, se cuelan por redes sociales. La crisis también se da en la vecina Argelia, que siempre ha apoyado las aspiraciones saharauis. Dos países con crisis internas y con intereses geopolíticos contrapuestos en el Magreb. Dos países en busca de un enemigo externo para paliar los problemas internos. 

El norte de África es un espacio en disputa en el tablero de la geopolítica global. Y grandes intereses de España dependen de esta región. Albares llega en un momento complicado: cómo reestablecer las relaciones bilaterales con un Marruecos con aspiraciones anexionistas; mantenerlas con una Argelia que airea la tensión con Rabat y que suministra gas a España; no contrariar la legalidad internacional y el papel español de potencia administradora sobre el Sáhara; no estirar la cuerda con sus socios de Gobierno...  

El conflicto bélico regresó el pasado noviembre al Sáhara, pero el problema ya existía a pesar del silencio. Decenas de miles de saharauis refugiados en campos en la frontera argelina; población saharaui que ve cómo, en los territorios ocupados, las fuerzas policiales y colonos marroquíes pisotean sus derechos más elementales día tras día. Un referéndum bloqueado. Un aumento de la tensión entre Marruecos y Argelia por el Sáhara podría suponer un conflicto regional en el norte de África cuyas consecuencias se notarían especialmente en Europa. Y sobre todo en España.