Regulación teletrabajoEl Gobierno y los sindicatos avanzan en la negociación sobre el teletrabajo en la Administración

El Gobierno y los sindicatos de Función Pública (CSIF, UGT y CC.OO.) han registrado avances en su negociación sobre la regulación del teletrabajo en la Administración, tras presentar el Ejecutivo algún "cambio importante" sobre su último borrador, y se han emplazado a una nueva reunión el próximo lunes, con "posibilidades" de acuerdo en breve.

Así lo han señalado fuentes de la negociación tras la segunda reunión después de la primera convocatoria ayer de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas para abordar la regulación del teletrabajo en el ámbito público.

El Gobierno ha presentado a los sindicatos algún "cambio importante" respecto al último borrador remitido para regular el trabajo a distancia de los empleados públicos y las partes se han emplazado a una nueva reunión el lunes, con el fin de alcanzar en breve un acuerdo.

En la negociación Función Pública ha planteado que el teletrabajo en las administraciones sea voluntario y reversible, y que tengan los mismos derechos y deberes en función de las normas que se dicten en desarrollo del Estatuto, entre otros puntos.

El secretario general del sector de la AGE de FSC-CCOO, José Manuel Vera, ha valorado las modificaciones en el borrador y ha expresado su "sensación" de que se podrá alcanzar un acuerdo pronto, algo que podría llegar a suceder incluso la próxima semana, en la que está previsto también que concluya la negociación sobre la Ley de trabajo a distancia en el ámbito privado y sobre la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Fuentes de UGT han explicado que está previsto que se sucedan los cambios, si bien han insistido en su reclamación de que se apruebe una ley de carácter básico para que tenga suficientes garantías en el ámbito público, en línea con lo que se está negociando en el ámbito privado.

En cualquier caso, parece constatarse un avance en las negociaciones, después de que tras la primera del jueves el secretario de Administración General de Estado de UGT, Carlos Álvarez, percibiese "posturas alejadas" ante un documento "absolutamente insuficiente" por parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Por su parte, CSIF espera alcanzar en los próximos días un acuerdo con el Gobierno sobre este asunto para modificar el Estatuto Básico del Empleado Público como regulación básica para los funcionarios y el persona laboral de las administraciones.

El sindicato recuerda que el pasado 17 de junio CSIF ya alcanzó un acuerdo pionero, vigente hasta el final de la pandemia, en el que se establecían criterios de organización para que la plantilla de la Administración General del Estado pudiera trabajar tanto de manera presencial en el puesto de trabajo, como no presencial, desde sus domicilios durante la nueva normalidad.

Ahora pide una regulación que evite el abuso en los horarios de trabajo, se garantice la protección de datos, reconozca el derecho a la desconexión, que se adapte de manera conveniente al domicilio para evitar otros riesgos laborales y que no ocasione un gasto a la persona trabajadora.

Ley del teletrabajo en el ámbito privado

En cuanto a la negociación referida a la nueva Ley de Trabajo a Distancia, ya avanzada entre Gobierno y sindicatos, está previsto que se celebre una nueva reunión la próxima semana, tras suspenderse la programada para este jueves.

En el último borrador presentado el pasado viernes el Gobierno elevó del 20% al 30% el porcentaje para entender que el trabajo a distancia es regular en una empresa.

Dicho borrador también apunta que la modificación del porcentaje de presencialidad "solo podrá realizarse si concurre voluntariedad tanto por parte de la persona trabajadora afectada como por parte de la empresa" y que se realizará de conformidad con lo previsto en el convenio colectivo o el acuerdo de empresa que resulten de aplicación.

Igualmente, recoge que cuando el trabajo a distancia sea algo excepcional promovido por una pandemia, la empresa no tendrá que establecer un acuerdo específico con los trabajadores que incluya, entre otras cosas, la compensación de los gastos.