La legalización de la marihuana para uso recreativo en Canadá ha devuelto a Podemos y a la esfera pública el debate sobre su regulación en España. El partido morado lleva al Congreso el debate sobre su legalización para uso medicinal y recreativo. Este jueves se celebra una jornada organizada por el grupo confederal, Hacia la regulación del cannabis, que coincide con el día que entra en vigor su legalización en Canadá. Participarán varios miembros de Podemos, entre ellos el secretario general del partido, Pablo Iglesias, y varios expertos en drogas. Una de las ponentes será la exmagistrada Araceli Manjón, a la que ha entrevistado Público.

Manjón es profesora titular de Derecho Penal e investigadora de Derecho Comparado de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). También fue directora del Plan Nacional Sobre Drogas y magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Era prohibicionista, hasta que comenzó a trabajar en la lucha contra las drogas y cambió de sentir en un "largo proceso" que le hizo reflexionar sobre las consecuencias de la prohibición de las drogas: "No sólo es que no sea eficaz, es que ataca los derechos fundamentales. Hay una afectación clara al derecho de la libertad individual, pero tampoco tiene ningún reparo en violar los derechos fundamentales o comprometer el derecho de la salud", asegura la exmagistrada. En este proceso, también se dio cuenta que era imposible lograr el "mundo libre de drogas" que se reivindica desde el prohibicionismo.

España es uno de los países donde hay más consumo de drogas: es el segundo con mayor consumición de Europa en cocaína, mientras que es el cuarto en el consumo de cannabis, según el último Informe Europeo sobre Drogas 2019: Tendencias y novedades del Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías. 

La exdirectora del Plan Nacional de Drogas y exmagistrada, Araceli Manjón

Sin embargo, hay una legislación de las más duras de Europa respecto al consumo. "La llamada ley mordaza aplica sanciones administrativas que han ampliado de forma desmesurada las conductas sancionables. Esta ley pretende que todo lo que no sea delito, al menos sea ilícito administrativo. La única que parece que se puede escapar es el consumo privado en lugar privado y que no sea visible, pero prácticamente es imposible, porque hay que transportar la droga desde el sitio donde lo compras hasta el sitio donde se consume. De forma que, desde el código penal a la ley de seguridad, prácticamente todas las conductas están prohibidas”.

Araceli apunta que el Estado no debe medir el número de consumidores, si no "los problemas sociales". Para la magistrada, el prohibicionismo provoca grandes daños sociales que van desde “el descontrol absoluto” al “aumento de las drogas, cada vez más peligrosas, más variadas y al alcance de todos, mayor represión, penas desproporcionadas, daños en la salud, el crimen organizado y la corrupción”. “Es la peor de las opciones”, asegura.

Frente a ella, propone la regulación de las drogas. “De entrada, no debe descartarse ninguna sustancia, aunque todas deberían tener distinto régimen de reglamentación. El cannabis, yo creo que podría regularse para uso terapéutico y recreativo, pero para la heroína optaría por someterla a uso médico”. Aunque insiste en que la reglamentación “no se puede simplificar” y que en ningún caso puede tratarse de la misma manera los distintos tipos de drogas.

La magistrada rechaza que la regulación provoque el aumento de las drogas. “Tenemos pocos datos empíricos porque llevamos un siglo de prohibición. Pero si analizamos el caso de Uruguay, aunque lleva poco tiempo regulándose, los indicios apuntan a que el consumo del cannabis no se ha elevado. Lo mismo en el caso de Portugal, en el que no hubo un aumento". Tampoco considera que se banalice el consumo. “En los lugares en los que hay regulación, los vendedores tienen una formación especial e informan a los clientes de los efectos. Además, hay un mayor control sobre lo que se vende y a quién, por ejemplo, con el caso de los menores”, explica.

La prevención de daños y riesgos también es una de las finalidades del regulacionismo, sostiene Manjón. “Algunos países han sido capaces, bajo el paraguas de la prohibición, de llevar a cabo estas medidas. Como hizo España con la heroína. La prevención de daños fue un método mucho más humano y también mucho más eficaz que la prohibición. Pero es mucho más fácil hacerla en un régimen de regulación. En un régimen como el de Canadá, por ejemplo. Podría hacerse como con el tabaco, utilizando las cajetillas para informar a la gente de los daños. Evidentemente, se hace mejor desde un producto reglamentado que un mercado negro en el que los traficantes no informan a los consumidores”.

Respecto a la regulación específica del cannabis, sobre la que gira la ley que prepara Podemos, Manjón explica que, además de que la regularía para uso terapeútuco y recreativo, debe haber un “control férreo estatal”. Para la profesora, el uso medicinal debe ser accesible económicamente a todo el mundo, en venta en dispensarios con todas las garantías sanitarias y acceder a él a través de prescripción médica. Aunque el control del recreativo, apunta que es aún más complejo. En cuanto a la venta, sostiene que no le “preocupa” que algunas sustancies se deriven a empresas privadas. “Todo lo demás lo venden las empresas privadas, no me opongo a ello, lo importante es que haya un control real. Es una opción política más, hay muchos sistemas, y hay que elegir es lo más idóneo para el país”.

Podemos, hacia la regulación del cannabis

Aunque ningún partido político ha rechazado rotundamente abordar este debate, ni siquiera se ha tratado todavía en el Congreso las posibilidades de la regulación. Hay un cierto consenso entre los grupos parlamentarios de abrir el debate hacia el uso del cannabis medicina. Aunque Podemos va más allá y propone su regulación también para el uso recreativo. "Una regulación integral, lúdica y terapéutica", indica el partido morado.

Iglesias ya sostuvo el pasado junio que España debería seguir el mismo camino que Canadá. "El mayor problema que genera el cannabis no es de salud pública, sino la delincuencia y la explotación asociadas al tráfico ilegal. Me parece más digno exportar marihuana y obtener ingresos para mejorar la sanidad y los servicios públicos que exportar armamento", afirmó el líder de Podemos por Twitter.

Según Podemos, esta regulación supondrá una garantía a los pacientes de acceso a un tratamiento médico que mejoraría "de forma considerable sus condiciones de vida”, además de "un avance para la lucha contra el tráfico y el mercado negro" y un "mayor control en el acceso, especialmente, entre los jóvenes". "La regulación debe ir acompañada de una ambiciosa política de prevención. En el plano económico tendría un impacto positivo para la reactivación económica y la recuperación del mundo rural, aumentaría los ingresos del Estado y reduciría los gastos asociados a la política prohibicionista", defienden desde el partido.

Además de Manjón, en grupo confederal contará en la jornada con expertos internacionales como Michael Collins, director de la Office of National Affairs Drug Policy Alliance en Washington, donde trabaja con el Congreso y la Casa Blanca; o Constanza Sánchez, politóloga y doctora en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales por la Universitat Pompeu Fabra.