Es una de las negociaciones más complejas e importantes de la legislatura, pero parece que la reforma de las pensiones podría ver la luz este mismo año; al menos, esa es la intención del Gobierno. El diálogo social en esta materia no ha sido nada fácil desde el principio. No lo ha sido por la complejidad de la reforma y el gran consenso que necesita para ser estable en el tiempo, pero también por las difíciles relaciones entre los principales sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, y el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, dirigido por José Luis Escrivá.

Fuentes sindicales confirman a Público que se habría alcanzado un principio de acuerdo respecto a la derogación del factor de sostenibilidad, lo que despejaría el camino para cerrar la negociación de la reforma de las pensiones, un consenso que el Ejecutivo y los sindicatos esperan lograr en una última reunión el lunes de la próxima semana. Pero también advierten que la negociación no está concluida y que quedan flecos por cerrar.

La derogación del factor de sostenibilidad y el cálculo de la revalorización de las pensiones han sido dos de los puntos que más complicaciones han generado entre el Ejecutivo y los representantes de los trabajadores. En el acuerdo parlamentario del Pacto de Toledo, cerrado a finales del pasado año, se recogía que las pensiones se deben revalorizar de acuerdo al IPC para que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo.

El Ministerio de Inclusión hizo una propuesta en el diálogo social que consistía en que, aunque en los años de inflación negativa no se recortase el incremento de las pensiones, esa subida de poder adquisitivo de los pensionistas en esos años no se consolidaría, y se compensaría y se ajustaría en años sucesivos con subidas inferiores al IPC. Los sindicatos se opusieron a este punto y el Ejecutivo tuvo que retirarlo.

Antes, al principio de las negociaciones, se había filtrado un borrador de Inclusión que abogaba por ampliar de 25 a 35 años el periodo de cotización para el cálculo de la pensión, una propuesta que también tensionó las negociaciones e indignó a los representantes de los trabajadores.

Tras superar estos dos primeros obstáculos, la última propuesta del departamento dirigido por Escrivá casi hace descarrilar de nuevo las negociaciones. El Ministerio de Seguridad Social apuntó durante una entrevista que no derogaría el factor de sostenibilidad este año, una cuestión que resultaba crucial para los sindicatos.

El factor de sostenibilidad

El factor de sostenibilidad ha sido un punto de conflicto desde que el Pacto de Toledo se propusiera abordar una reforma integral de las pensiones en la XII Legislatura, a mediados de 2016. De hecho, fue uno de los elementos que retrasó la aprobación de las conclusiones de esta comisión parlamentaria, ya que el PP rechazaba de forma tajante su derogación; finalmente, su supresión no se incluyó como un punto específico del acuerdo alcanzado a finales de 2020.

Introducido unilateralmente por el Gobierno de Mariano Rajoy bajo el pretexto de contener el gasto en pensiones, el factor de sostenibilidad afecta directamente al cálculo de la primera pensión de los nuevos jubilados y ajusta la cuantía a la esperanza de vida de ese momento. En líneas generales, esto supone reducir el importe de la pensión a medida que aumenta la esperanza de vida de los nuevos pensionistas que se incorporan al sistema. Su primera aplicación se debería haber producido por ley a principios de 2019, pero el Ejecutivo de Sánchez atrasó su entrada en vigor hasta el 2023.

Desde Seguridad Social se habría apuntado a mantener este mecanismo de revalorización de las pensiones, pero mermando su capacidad de afectar a la cuantía final a través de la implementación de otros factores relacionados con la evolución del mercado laboral, el crecimiento demográfico o el peso de la inmigración.

Finalmente, el acuerdo alcanzado en el seno del diálogo social es la derogación del factor de sostenibilidad y su sustitución por un Mecanismo de Equidad Intergeneracional, otra fórmula para contener el gasto en pensiones que no afecte tanto al poder adquisitivo de los pensionistas. Los parámetros de este nuevo mecanismo se definirán en futuras negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos.

Eso sí, esta fórmula deberá definirse este año, ya que la intención del Ejecutivo es que el nuevo sistema de pensiones entre en vigor a principios de 2022, por lo que su tramitación parlamentaria (previa llegada al Consejo de Ministros) deberá concluir antes de que finalice este año.

El acuerdo contempla otras modificaciones relativas a la jubilación anticipada, consagra la subida de las pensiones en función de la evolución del IPC de cada año y disminuye los coeficientes reductores para las jubilaciones anticipadas con largas carreras de cotización.

El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, se mostró optimista para llegar a un acuerdo el lunes porque, según dijo, sólo quedan por concretar temas menores.

Álvarez dijo que el acuerdo va en la línea del pacto de 2011 alcanzado con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y en contra de la reforma de las pensiones que impuso el Gobierno de Mariano Rajoy en el 2013. Para el líder de la UGT, con el acuerdo que se espera alcanzar, "los pensionistas presentes y futuros no pierden", dijo.