Este artículo se publicó hace 3 años.
La reforma fiscal, el punto más complejo de los Presupuestos de 2022 en una negociación avanzada entre PSOE y UP
Unidas Podemos exige que la reforma fiscal pactada entre ambas formaciones en el acuerdo de coalición se lleve al próximo ejercicio presupuestario, pero los socialistas dicen que "ahora no toca, pero que queda pendiente". El Ministerio de Hacienda lleva y
Madrid-
Si hay un factor que puede medir la verdadera estabilidad de un ejecutivo es su capacidad para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, la medida más importante de cada legislatura y una auténtica prueba de fuego para saber hasta qué punto el Gobierno goza de apoyos parlamentarios.
Pedro Sánchez es consciente de esta máxima, por lo que no aspira solo a llegar hasta el final de la legislatura, sino que quiere protagonizar una demostración de fuerza aprobando unos nuevos Presupuestos de cara al 2022, sobre todo después de haber convertido las cuentas de Cristóbal Montoro en las más longevas de la historia de la democracia, tras haberse visto forzado a convivir con ellas durante varios años.
Con la llegada de los fondos europeos y unos Presupuestos (los de 2021) acordes a la realidad económica actual (marcada por la pandemia del coronavirus), el Ministerio de Hacienda ya ha puesto en marcha la maquinaria para tener listas unas nuevas cuentas antes de final de año.
El objetivo del departamento dirigido por María Jesús Montero es el de llevar este mismo mes de julio el techo de gasto al Congreso (no requerirá de votación en esta ocasión, sino que el Gobierno informará a la Cámara de cuál es el nuevo límite de gasto público) para iniciar, de esta manera, la andadura de unos nuevos Presupuestos.
Sin embargo, antes incluso de echar a andar, las cuentas de 2022 ya tienen una primera piedra en el camino que podría dificultar su aprobación, y que no es otra que las diferencias entre los dos partidos que sostienen al Ejecutivo respecto a la reforma fiscal. No se trata de algo nuevo en el seno de la coalición, ya que el pasado año las diferencias respecto a la distribución de los impuestos lastraron las negociaciones de los Presupuestos de 2021, que finalmente salieron con el apoyo de ambas formaciones (acuerdo mediante) y con una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados.
Unidas Podemos ya le ha trasladado a los socialistas que su intención es la de llevar la reforma fiscal pactada en el acuerdo de coalición al ejercicio presupuestario del próximo año, sobre todo después de que el espacio confederal renunciara a una reforma integral de la fiscalidad en los Presupuestos de 2021.
En ese momento, los de Pedro Sánchez exploraban la opción de sacar adelante las cuentas con Ciudadanos y poner en práctica la famosa "geometría variable" que el presidente defendía incluso antes del arranque de la legislatura. Sin embargo, meses antes de las votaciones definitivas, Pablo Iglesias logró varios acuerdos con los partidos del denominado bloque de la investidura, consiguiendo así un importante apoyo que alejó a los socialistas de los de Inés Arrimadas.
Tras la aprobación de los indultos a los líderes políticos del procés, en la coalición dan por prácticamente imposible que ese escenario se pueda repetir, y se da por hecho que los apoyos que buscará el Gobierno son los del bloque de la investidura (Sánchez ya habría departido sobre las cuentas en su reunión la pasada semana con el presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès).
Libres de la batalla de las mayorías que se libró el pasado año, la reforma fiscal será uno de los principales focos para Unidas Podemos en la negociación presupuestaria, sobre todo después de que la política internacional al máximo nivel esté apuntando hacia la construcción de una fiscalidad que acabe con algunos privilegios de los más ricos para reconstruir las economías golpeadas por la pandemia del coronavirus. El último ejemplo de ello es el acuerdo histórico de la OCDE que obliga a las multinacionales a pagar en sus países de origen un 15% en impuestos por sus actividades en el extranjero.
Unidas Podemos está decidido a dar la batalla en el seno del Gobierno para que la reforma fiscal comprometida en el acuerdo de coalición sea recogida en el próximo ejercicio presupuestario. "La OCDE ha alcanzado acuerdo histórico de 130 países, y este consenso tiene que llevarse a nuestro país. Estamos a siete puntos de recaudación de la media de Europa, la presión fiscal se carga fundamentalmente en las espaldas de los trabajadores, de las pymes y los autónomos. Tenemos que salir de esta crisis con que los que más tienen aporten más y los que menos, dejen de aportar tanto", ha defendido este lunes la portavoz de Podemos Isa Serra.
Sánchez aplaza la reforma a 2022
Las reivindicaciones de Unidas Podemos aparecen sólo unos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara de forma clara y taxativa que la reforma fiscal no se va a contemplar en los Presupuestos de 2022.
Sánchez indicó que dicha reforma fiscal, comprometida en su programa y acordada con Unidas Podemos en el acuerdo de coalición, no toca ahora, pero sí dijo que "queda pendiente".
El presidente explicó hace unos días que con los nuevos Presupuestos, "lo que queremos hacer precisamente es recuperar la economía, salir de esta, superar esta pandemia, modernizar nuestra economía con los fondos europeos, y esa es la hoja de ruta que tiene el Gobierno de España" de cara al próximo año.
Para Sánchez, los Presupuestos del próximo año tiene que ir orientados fundamentalmente a consolidar la recuperación económica, lo que parece que no es compatible con una reforma fiscal, "y también a crear empleo joven y busca la recuperación más justa posible", dijo.
Sin embargo, fuentes del Gobierno aseguran que habrá reforma fiscal en esta legislatura, en la que está trabajando intensamente el Ministerio de Hacienda desde hace meses, y que será un reforma amplia, que toque numerosos aspectos del actual sistema y que buscará ser más equitativa.
El Impuesto de Sociedades en la reforma fiscal
El PSOE y Unidas Podemos se comprometieron en el acuerdo de coalición a reformar el Impuesto de Sociedades "garantizando una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos.
También acordaron limitar "las exenciones de dividendos/plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades, reduciendo en un 5% las referidas exenciones, en concepto de gastos no deducibles en el impuesto, de gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial, como prevé y permite la Directiva matriz-filial.
Además de la subida de impuestos a las grandes compañías, ambas formaciones se comprometieron a relajar la presión fiscal sobre las pymes. En concreto, acordaron establecer "mejoras en la fiscalidad para las pymes, de modo que aquellas sociedades que facturen menos de un millón de euros pasen de tributar de un tipo de gravamen del 25% al 23%".
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