El diálogo social que alumbró una quincena de acuerdos (entre ellos la reforma laboral o la denominada ley rider, que regulaba por vez primera en Europa las plataformas digitales) es ya tan vestigio del pasado como la legislatura en que se produjo.

El fin del ciclo político del primer Gobierno de coalición (2020-2023) supuso un cambio fundamental en muchos ámbitos, entre los que destacan la pérdida de la mayoría parlamentaria de un bloque progresista que permitió una de las mayores producciones legislativas de las últimas décadas; y el diálogo social no es una excepción en esta nueva realidad.

La principal diferencia reside en la actitud de la patronal en las distintas mesas de negociación que se han abierto desde finales del pasado año. Esta actitud, aunque provenga de uno solo de los tres actores (los otros dos son los sindicatos y el Ministerio de Trabajo), ha terminado por afectar a las relaciones en el seno del diálogo social.

El último hito de esta nueva realidad se ha producido en la mesa de diálogo que aborda la reducción de la jornada laboral (con el objetivo final de establecer una jornada de 37,5 horas en 2025). Este foro inició sus trabajos en enero y, desde entonces, el Gobierno, las patronales y los sindicatos han estado negociando.

Hasta ahora las conversaciones no se han centrado en la reducción de la jornada en sí (un punto en el que, en principio, parecía haber consenso), sino en cuestiones concretas como los plazos para implementarla, posibles fórmulas de "compensación" para las empresas (la patronal pidió incrementar el límite legal de horas extraordinarias), o el control sobre el registro horario de la jornada de los trabajadores.

"Una burla al diálogo social"

Sin embargo, este lunes la mesa sufrió un vuelco después de que el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, desvelara que la patronal cuestionaba por vez primera, después de meses y en la recta final de la negociación, la reducción de la jornada laboral misma.

Pérez Rey calificó de "burla al diálogo social" este hecho, y Trabajo endureció su tono respecto a la actitud de la CEOE. El pasado martes, la vicepresidenta segunda y ministra del ramo, Yolanda Díaz, acusó a los de Antonio Garamendi de "hacer huelga de brazos caídos" y de no presentar "ni una sola propuesta por escrito" en la mesa.

Desde Trabajo recuerdan que la patronal sólo ha hablado de la reducción de la jornada laboral "en los medios de comunicación" y siempre "desde posiciones políticas que no se corresponden con lo que se hace en el diálogo social". "Es la primera vez que nos encontramos con una patronal que no hace propuestas y que dice que cuando caiga el Gobierno harán propuestas", explicaba el pasado martes Díaz.

Esta posición de la patronal no es nueva; desde finales del pasado año, la CEOE sólo ha firmado el acuerdo para desplegar planes de igualdad LGTBI en las empresas (un mandato de la denominada ley del solo sí es sí).

Los de Garamendi no se han sumado a cuestiones tan trascendentales como la última subida del salario mínimo, y tampoco quisieron formar parte del acuerdo para alumbrar una nueva regulación para las personas en prácticas extracurriculares (el denominado estatuto del becario), motivo por el que Trabajo congeló la negociación para tratar de conseguir un acuerdo tripartito.

Reforma del despido y estatuto del becario

A falta de conocer cómo se resolverá la mesa de la jornada laboral (el próximo lunes el Ejecutivo trasladará una nueva propuesta tanto a la patronal como a los sindicatos), en la agenda del Ministerio de Trabajo se recogen una serie de mesas que se deberían abrir este año y que, debido a la situación actual del diálogo social, se antojan complicadas.

La más importante (por su complejidad) es la que negociará la reforma del despido. Los de Yolanda Díaz aspiran a modificar el despido improcedente de una manera sustancial, tanto a la hora de revisar sus causas como la indemnización en estos casos.

En concreto, el objetivo de Trabajo es el de avanzar hacia el denominado despido restaurativo que recoge la Carta Social Europea, y que tiene en cuenta factores como la edad o la carrera laboral del trabajador para superar el modelo actual, cuyo cálculo se basa exclusivamente en los días por año trabajado.

Si ya parecía complicado de antemano abordar el despido con la patronal (ya que es un asunto en el que existen, a priori, profundas diferencias con los sindicatos), el momento actual por el que pasa el diálogo social podría dificultar sobremanera la negociación.

Trabajo también tiene previsto reabrir la mesa que aborda el estatuto del becario, impulsar una ley de cooperativas y otra de democracia en la empresa. Además, a finales de año está previsto que se pueda tratar de cerrar una nueva subida del salario mínimo.

El diálogo social que alumbró más de una quincena de acuerdos en la anterior legislatura tan solo es un vestigio que choca con una nueva realidad en la que la excepción parece ser lo que antes era norma: el acuerdo tripartito.