Rajoy se enfrenta a un máximo de 13 años de prisión en la causa por la 'Operación Cataluña' abierta en Andorra

La jueza andorrana Stéphanie Garcia Garcia, titular del Juzgado de Instrucción 2 del Principado, investiga a Mariano Rajoy por los presuntos delitos de coacciones contra los órganos constitucionales, penado en el ordenamiento andorrano con entre tres y diez años de cárcel; y el de creación, uso y comercialización de documento falso, castigado con hasta tres años de prisión. 

Estos dos delitos presuntamente perpetrados por Rajoy cuando era presidente del Gobierno español, en el contexto de las cloacas de Interior desplegadas en el Ministerio del Interior para perjudicar a oponentes políticos y esconder los casos de corrupción del PP, se ubican en la llamada 'Operación Cataluña' (2012-2015), una campaña parapolicial para atacar y desacreditar a los líderes independentistas catalanes y frenar el 'procés'.

El asunto no es baladí. El expresidente se enfrenta a un máximo de 13 años de cárcel por presuntamente ordenar las coacciones hacia los responsables de la Banca Privada d'Andorra (BPA) para conseguir datos de supuestas cuentas de los expresidentes catalanes Jordi Pujol y Artur Mas, y también del exvicepresidente Oriol Junqueras. Esta operación habría precipitado, con información falsa, la caída de BPA, investigada por blanqueo por el FinCEN americano (Finanzas Crime Enforcement Network, organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos).

Por primera vez la Justicia, la de otro país, se decide a investigar a los presuntos máximos instigadores de la llamada 'Operación Cataluña', una serie de acciones policiales ilegales que, a través de informes falsos sobre corrupción, pretendía  parar el proceso de independencia en Catalunya. 

Los denunciantes, las entidades Juristes Drets y l'Institut de Drets Humans d'Andorra (IDHA), consideran autores y ejecutores personales y directos de los delitos a Mariano Rajoy; a Cristóbal Montoro, su ministro de Hacienda; y al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Les atribuyen "haber intimidado al jefe de Gobierno andorrano y sus ministros" durante la visita oficial que tuvo lugar el 8 de enero de 2015, para que intervinieran en la Banca Privada d'Andorra.   

Como informó Público, dos meses después de aquella visita oficial, la primera de un presidente español al Principado de Andorra, se produjo la intervención y liquidación de la BPA. 

En realidad, como adelantó este diario, Rajoy y el jefe del Gobierno andorrano, Antonio Martí, se reunieron por primera vez para tratar ese tema en secreto a principios de agosto de 2014 en Casa de Alicia, la residencia de vacaciones que Rajoy alquiló a Besoñano, un pueblo de Pontevedra con vistas a la ría de Arousa. Ese discreto encuentro se prolongó durante seis horas y fue mucho más importante que el oficial, de sólo hora y media, que mantendrían el 2 de septiembre siguiente en La Moncloa.

Las entidades denunciantes indican en un comunicado que en caso de condena, "el Estado español, de forma subsidiaria, deberá hacerse cargo de los daños y perjuicios materiales y morales que hayan causado a las víctimas de estos delitos. Es decir, a los ciudadanos andorranos Higini Cierco y Joan Pau Miquel", presidente y CEO de la BPA. Como presuntas víctimas, además, la querella cita al Estado andorrano y la propia BPA.

La Audiencia Nacional no quiere investigar

La investigación en la Audiencia Nacional de la operación 'Kitchen', es decir, el espionaje ilegal parapolicial al extesorero del PP, Luis Bárcenas, con fondos públicos, para evitar que las pruebas que acumulaba contra el partido llegasen a la Justicia, destapó la 'Operación Cataluña', que ya había sido desvelada con anterioridad por primera vez por Público, que ofreció los audios en exclusiva de las conversaciones grabadas entre jefe de la Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, y el ministro Fernández Díaz. 

Sin embargo, pese a las evidencias que la instrucción de 'Kitchen' ponía en bandeja sobre esta otra operación de la brigada patriótica para desestabilizar el independentismo catalán, los dos jueces instructores --primero Diego de Egea y en la actualidad Manuel García Castellón--, se resistieron a abrir diligencias, tampoco solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción. Al revés, García Castellón sacó de la investigación por el espionaje a Bárcenas varios audios y otros archivos hallados en los registros al comisario Villarejo y relacionados con la Operación Cataluña y los entregó al CNI, calificándolos como secretos de Estado. 

Así las cosas, la investigación de la jueza Stéphanie Garcia en Andorra constituye la primera ocasión de investigar la 'Operación Cataluña'.