Pymes, autónomos y la mayoría de los funcionarios, abocados a la sanidad privada para realizarse los test de covid-19

No ha llegado la desescalada, pero Gobierno y Comunidades Autónomas han comenzado a realizar el estudio serológico, con test que sirven para conocer la llamada "inmunidad de rebaño", es decir, cuánta población tiene anticuerpos contra el coronavirus. Esto no significa que tengan o que hayan pasado la covid-19, aunque esto último es lo más probable. Para detectar la presencia del virus, las pruebas más fiables son las PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa), cuyos positivos son los únicos que cuenta el comité científico que asesora al presidente Pedro Sánchez y sus ministros.  

El estudio estatal se efectúa entre individuos elegidos aleatoriamente y a la prueba no se puede acceder a través de los Centros de Atención Primaria. Ni siquiera están disponibles esos test para la mayoría de los sanitarios, que hasta el momento se han hecho solo la PCR, al igual que los enfermos. Pero las grandes empresas del Ibex-35 y otras ya han adquirido distintos tipos de test para sus trabajadores e, incluso, llevan tiempo haciéndoles dichas pruebas. 

Es decir, quienes por ahora van a quedarse al margen de estas pruebas son las pequeñas y medianas empresas y sus trabajadores -aunque algunas de ellas sean claves para la apertura, como es el caso de la hostelería-, los funcionarios de los ministerios que no están en contacto con enfermos o posibles contagiados, y los autónomos. Quien quiera hacerse cualquiera de estas pruebas pruebas (ya sea PCR o serológica) tendrá que pagársela en un centro privado, salvo que salga elegido en esa selección aleatoria o sea ingresado en un centro hospitalario. 

Problemas en la adquisión de test

Uno de los motivos por los que la realización de test ha estado parada y será muy limitada es porque la Administración "ha tenido serias dificultadas para hacerse con test de inmunidad, al igual que las Comunidades Autónomas, después del problema con del Ministerio de Sanidad con el intermediario Inter Pharma", aseguran a Público fuentes tanto del Gobierno central como de los gobiernos de Madrid, Catalunya y Valencia.

El Gobierno firmó un contrato de 17,1 millones de euros para la adquisición de 659.000 unidades de test de diagnóstico, fabricados por la empresa china Bioeasy Biotechnology. Pagó siete millones de euros de adelanto por unos test que les valían casi 30 euros la unidad, aunque otros intermediarios traían de China test muy similares, como los de la empresa Cellex, a unos cuatro o cinco euros la unidad y con la capacidad de transportar a España alrededor de 500.000 test semanales. 

A partir de entonces, cuentan fuentes de la Generalitat Valenciana, "la compra se quedó parada en las administraciones, porque nadie quería meter la pata y porque el Gobierno centralizó la compra de los test, que aún sigue repartiendo". 

Desde la pasada semana, 793.200 test rápidos de detección de anticuerpos están en poder de las Comunidades Autónomas, aunque en la Generalitat Valenciana no han podido iniciarse las pruebas por falta de determinado material necesario para los kits de análisis. 

Sin embargo, antes de este resbalón del Gobierno, Galicia había empezado a realizar test rápidos el 21 de marzo, que fueron adquiridos por la Xunta que preside Feijóo a un proveedor por el momento desconocido. 

La pasada semana, y a pesar de la advertencia del Gobierno, la Xunta de Galicia también inició antes que el resto el test aleatorio entre los ciudadanos.  

"Se había barajado la posibilidad de que se realizaran estos test según el criterio de los médicos de atención primaria, pero al final se ha optado por el estudio aleatorio por el interés de sacar otros marcadores que interesan más en este momento del análisis", aseguran fuentes del Ministerio de Sanidad. 

El sector privado toma sus propias medidas

De esta manera, los ciudadanos que no sean seleccionados para el estudio serológico, a no ser que estén gravemente enfermos y tengan que pasar por el hospital, quedan fuera de la sanidad pública para la realización de estas pruebas. Las opciones son pagar entre 40 y 60 euros para hacerse el test en la sanidad privada o que la empresa en la que trabajan se encargue de hacérselos.  

Es el caso, por ejemplo, de los más de 1.000 trabajadores que Iberdrola tiene en la calle desde el primer día del confinamiento. "Nuestros trabajadores son esenciales porque es necesario que el sistema eléctrico no falle, sería algo crítico en los hospitales, por ejemplo. Por eso desde el primer día estamos haciendo pruebas PCR en laboratorios a los empleados que nos comunican que tienen síntomas". 

Iberdrola, como Inditex y Telefónica, no solo han traído material de China para los empleados. Además, han hecho donaciones al Gobierno para subsanar otro de los problemas con los que ha chocado de frente el ministerio que encabeza Salvador Illa: la logística. 

En determinados sectores "hacemos compras habituales de mascarillas, EPIs y demás porque son necesarios en algunas de nuestras empresas a lo largo de todo el año", dicen fuentes de Iberdrola, que añaden que esta misma semana "llegará un cargamento con 450 respiradores para los hospitales y que también daremos al Gobierno". 

La prensa alemana preguntó durante el pasado fin de semana por estas pruebas de las empresas al ministro Salvador Illa después de que el Gobierno requisara a Siemens los test que había comprado. Ese es el motivo de que algunas empresas aseguren que están guardando material y que empezarán a usarlo con sus empleados a mediados de mayo, "cuando los test del Gobierno estén más avanzados", afirma un directivo de una de estas compañías que no quiere ser identificado.

Fuentes de otro operador, Telefónica, añaden que "está claro que estos test de inmunidad no sirven para hacer confirmaciones de covid-19, pero sí para hacer planificación de cómo preparar la vuelta al trabajo, debido a que te dan el porcentaje de trabajadores que son inmunes. Esta claro que en cualquier momento pueden contagiarse o que la inmunidad no perdure mucho, por eso hay que comprarlos por miles y hacerlos constantemente ".

Lo mismo ha ocurrido con la Liga de fútbol, que adquirió 15.000 de estos test rápidos y que, tras una ardua polémica, ha pactado con el Gobierno no comenzar a hacer test a los futbolistas hasta una semana después de que haya empezado el estudio serológico. Por su parte, el sector de la alimentación también se está preparando. Es el caso de Carrefour, que ha enviado una circular a sus trabajadores para ir haciendo tomas de temperatura y así realizar su propio estudio para la desescalada.