El expresidente catalán Carles Puigdemont ha presentado una querella por prevaricación y malversación contra el juez Joaquín Aguirre, de la operación Volhov. Puigdemont acusa al juez de realizar una investigación ilegal sobre la presunta injerencia rusa en el procés, utilizando recursos públicos.

Puigdemont, acompañado de su asesor Josep Lluís Alay y su abogado Gonzalo Boye, ambos imputados en el caso, solicitan al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que investigue al magistrado y que lo aparte temporalmente de la causa.

La querella se fundamenta en la decisión del magistrado de abrir una pieza separada el 21 de junio, con el objetivo de reactivar la investigación sobre la presunta intervención rusa en el procés. En esta pieza, el juez sugiere la posibilidad de imputar a Puigdemont por traición. Esta acción se produce pocas semanas después de que la Audiencia de Barcelona le prohibiera continuar con la investigación al anular las dos últimas prórrogas.

La querella argumenta que, en noviembre de 2023, el juez inició deliberadamente una investigación por traición, enfocada en Puigdemont, con el propósito de evitar que el expresidente catalán se beneficiara de dicha ley. En la querella, el expresidente catalán afirma que el letrado utilizó un mecanismo "ilegal" para abrir la nueva pieza separada, "eludiendo" así la resolución de la Audiencia de Barcelona. Según Puigdemont, esto se hizo "con la intención de prevaricar, distorsionar la ley" y cumplir "su arbitraria voluntad de mantener vivo un procedimiento que estaba destinado al archivo definitivo".

Aguirre "ha utilizado gastos ilícitos para las arcas públicas"

Los querellantes consideran que esto implica "un sinfín de gastos ilícitos para las arcas públicas", además de causar "bochorno para toda la administración de justicia, que debería ser la primera en evitar este tipo de comportamientos y en asegurarse de que no se repitan ni se conviertan en un precedente para otros".

Para apoyar la acusación de malversación de fondos públicos, la querella se refiere a los autos del Tribunal Supremo que, tras las reformas penales que eliminaron el delito de sedición, conservaron el de malversación agravada para los líderes del procés debido a los gastos asociados a la financiación del referéndum.

"Utilizar dinero público para actividades ilegales, incluso si no hay enriquecimiento personal por parte del autor, implica necesariamente una intención de lucro", enfatizan los querellantes, adoptando los argumentos del Tribunal Supremo en la causa del procés.

El escrito sostiene que al "desobedecer" la orden de la Audiencia de Barcelona, Aguirre "ha socavado el sistema judicial y el Estado de derecho", posicionándose como "un juez todopoderoso frente a todos, incluso frente a los órganos superiores que revisan las apelaciones contra sus decisiones".

Los querellantes afirman que el juez "ha puesto en riesgo el sistema constitucional y los valores democráticos", además de incurrir en un gasto público "ilegal" al asignar a funcionarios de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional para investigar un caso que la Audiencia le había prohibido continuar.

Puigdemont pide al TSJC que retire de inmediato al magistrado, al menos del caso Volhov, para evitar que continúe "instrumentalizando" la causa y tome "represalias" contra los querellantes y otros investigados.