Tras el pleno en el Tribunal Constitucional este jueves para dar el plácet a los cuatro nuevos magistrados, llegará el turno de elegir al presidente o presidenta del tribunal de garantías para los próximos tres años. El cargo lo decidirá el pleno del TC, en votación secreta, por mayoría absoluta en una primera vuelta, y por mayoría simple, si es necesaria una segunda votación. En caso de empate, ocupará el cargo el candidato de más edad, aunque en la actualidad, al ser once magistrados no se producirá esa situación.

Tras la breve presidencia de Pedro González-Trevijano, elegido en noviembre de 2021 y que ahora debe abandonar el TC, estará al frente de la corte de garantías un magistrado de tendencia progresista y hay dos en liza: María Luisa Balaguer y Cándido Conde-Pumpido, exfiscal general del Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Una norma no escrita en el Constitucional implica que aquel magistrado que se encuentre en el último tercio de su etapa en el tribunal sea el que ejerza el rol de presidente. Balaguer y Conde-Pumpido entraron a la vez, en 2017, propuestos por los socialista en el Senado. Ambos se encuentran en su último tercio de mandato, que finalizará en 2026. En igualdad de condiciones, estas dos candidaturas se batirán previsiblemente en votación en los próximos días. 

La nueva configuración en el tribunal de garantías, con siete votos progresistas frente a cuatro conservadores, garantiza una presidencia progresista hasta 2026. ¿A quién votarán los magistrados conservadores? ¿Y los progresistas? 

El rechazo de los conservadores

Los magistrados conservadores Concepción Espejel, Enrique Arnaldo y Ricardo Enríquez, que podría ser el nuevo vicepresidente del TC, han manifestado su apoyo a Balaguer, según ha podido saber Público. Los conservadores ven con resentimiento a Conde-Pumpido. En primer lugar, por su pasado como fiscal general del Estado en un gobierno socialista (2004-2011); y en segundo lugar por las duras críticas al sector conservador que vertió en su voto particular en la sentencia que declaró inconstitucional el estado de alarma durante la pandemia.

Conde-Pumpido formuló su protesta en un duro voto discrepante en el que indicó que la sentencia era "más propia de un lego o de un jurista de salón que del máximo intérprete de la Constitución". Días después pidió disculpas públicamente a sus compañeros por aquellas expresiones.

La candidatura de María Luisa Balaguer, en cambio, sí goza del apoyo de los conservadores porque la perciben como menos vinculada políticamente y, sobre todo, como rechazo a Conde-Pumpido. Falta por ver si Balaguer recaba la mayoría de apoyos de los suyos, de los progresistas. Y esta cuestión está enfrentando al sector, según ha podido saber este diario. Las relaciones personales corren el riesgo de romperse, indican fuentes del TC. 

La clave está en los nuevos magistrados

La clave está en los tres nuevos magistrados progresistas que llegan al Constitucional: Juan Carlos Campo, Laura Díez y María Luisa Segoviano. El exministro de Justicia Juan Carlos Campo podría decantarse por Conde-Pumpido. Ambos coincidieron en la etapa de Rodríguez Zapatero: el primero era secretario de Estado de Justicia mientras que el segundo estaba al frente de la Fiscalía General del Estado. 

María Luisa Balaguer (Almería, 1953), catedrática de Derecho Constitucional, confirmó a esta diario su candidatura para la presidencia del Constitucional y también confirmó que era bulo lo que un medio de derechas publicó respecto a que se había autodescartado. En una entrevista con este medio confesó que "aceptaría encantada la presidencia del TC como una manera de darle vigor al feminismo". Porque Balaguer es feminista declarada y jurista progresista de larga trayectoria. 

En su reciente libro Contranarrativa de la transición política en España (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales), Balaguer hace justicia con todos los grupos sociales, desde sindicalistas, agrupaciones vecinales, las mujeres, los estudiantes y los docentes e intelectuales, que contribuyeron a restaurar la democracia en España tras la dictadura franquista.

Experta en Igualdad, el año pasado durante las III Jornadas de Igualdad y Justicia indicó que "sería positivo que en el Tribunal Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial fuese obligatoria la composición paritaria, ya que actualmente las mujeres que forman parte de estos órganos son pocas y se diluye la política feminista". Si finalmente Balaguer resultara elegida sería la segunda mujer en presidir el tribunal de garantías, tras María Emilia Casas (2004-2011).

Uno de los jueces que condenó a Barrionuevo por los 'GAL'

Cándido Conde-Pumpido (A Coruña, 1949) tiene una importante trayectoria a sus espaldas como magistrado. Fundador y portavoz en su primera etapa de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, fue magistrado de la Audiencia de San Sebastián durante cinco años, desde febrero de 1981 a diciembre de 1985, considerados los 'años de plomo' del terrorismo de ETA. En junio de 1984 dictó una de las primeras sentencias contra la tortura ejercida por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el trasfondo de la 'guerra sucia'. 

En este sentido, formó parte del tribunal del Supremo que condenó, en 1998, a José Barrionuevo, exministro del Interior en el gobierno socialista de Felipe González, como responsable, junto a Rafael Vera, su número dos, del secuestro del ciudadano vasco-francés Segundo Marey por los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación).

Como magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo participó en otros casos sonados, como en la instrucción del caso Taula contra la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.