'Público' entrega las grabaciones del ministro del Interior a la Fiscalía General del Estado para su estudio

La empresa editora de Público ha hecho hoy entrega a la Fiscalía General del Estado de los archivos digitales de audio correspondientes a las grabaciones de dos conversaciones mantenidas entre Jorge Fernández Díaz, en su despacho del Ministerio del Interior, y Daniel de Alfonso, hasta ayer jefe de la Oficina Antifraude de Catalunya, sobre las que este diario ha venido informando a la opinión pública española desde el pasado 22 de junio.

En el escrito de presentación de las grabaciones íntegras, en un pen-drive, se expone que las dos reuniones fueron supuestamente mantenidas los días 2 y 16 de octubre de 2014 y que los archivos de audio fueron recibidos en la Redacción de Público de forma anónima. Ahora, el diario las entrega a la Fiscalía General "por si procediera realizar de oficio algún tipo de actuación o diligencia, sin hacer valoración jurídica alguna sobre su objeto y contenido".

Durante diez días, Público ha estado difundiendo –en virtud de su indudable interés público y amparado en el derecho fundamental de la ciudadanía a la información establecido en la Constitución– gran parte del contenido de esas conversaciones, en las que el ministro y el entonces jefe de la Oficina Antifrau (destituido ayer por el Parlament de Catalunya) discuten cómo obtener datos comprometedores para desprestigiar o incluso acusar de prevaricación a dirigentes de los dos grandes partidos soberanistas catalanes.

En las grabaciones se puede escuchar a Fernández Díaz y De Alfonso tramando no sólo investigar a destacados políticos nacionalistas sino también filtrar a medios de comunicación afines informaciones –a menudo no verificadas y de las que reconocen no tener pruebas– con las que fabricar escándalos que puedan perjudicarles en vísperas de la consulta popular soberanista del 9-N.

Sólo cuatro días después de la segunda conversación, inspectores de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía (alguno de ellos citado expresamente, con nombre y apellidos, en esas reuniones) empezaron a telefonear decenas de veces a los periodistas de El Mundo que luego publicaron informaciones muy destacadas imputando graves delitos a los políticos de los que hablaron el ministro y De Alfonso. Esas informaciones demostraron ser falsas y las acusaciones fueron después desestimadas por Anticorrupción.

Fernández Díaz anunció hace más de una semana que había ordenado abrir una investigación sobre la grabación de sus reuniones en su despacho oficial, pero pasaron varios días sin que la Policía Judicial pidiese a Público el contenido íntegro del audio que estaba difundiendo en exclusiva. Cuando finalmente dos agentes se personaron en la Redacción para pedir las grabaciones, acudieron sin orden judicial, por lo que el diario no se las entregó, al no tener constancia de que se estuviese investigando el tema judicialmente.

No obstante, Público siempre ha estado dispuesto a colaborar con la Justicia para esclarecer si esas conversaciones y sus consecuencias constituyen algún tipo de delito. En cambio, el Ministerio del Interior parece limitarse a perseguir a la fuente de la filtración, como si revelar actuaciones impropias de un alto cargo del Ejecutivo fuera delictivo.

Más aún, el ministro ha acusado públicamente de "conspiración" y hasta de actividad "mafiosa" a los periodistas que han obtenido y publicado la exclusiva, asegurando que la difusión de esas grabaciones era delictiva. Público demostró ayer, en el último capítulo de la serie, que esas conversaciones fueron grabadas por uno de los participantes, de forma que su divulgación no es en absoluto impropia.