Unidas Podemos ha anunciado este jueves que ha cerrado con el PSOE los últimos flecos para derogar la ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como ley mordaza. Muchos aspectos del acuerdo, al menos las enmiendas más significativas, ya estaban cerrados desde la semana pasada.

En los próximos días los dos socios de Gobierno consensuarán con el PNV, el partido que es ponente de la reforma de la ley mordaza, algunos detalles más de la derogación. Los nacionalistas vascos mostraron el pasado martes su enfado por una nueva prórroga para reformar la ley mordaza. Fuentes de Moncloa han indicado a Efe que el plazo de enmiendas concluirá definitivamente la semana que viene, después de que se hayan prorrogado hasta en cuarenta ocasiones.

Tanto el PSOE como Unidas Podemos comparten el objetivo de que la reforma de la ley mordaza entre en vigor cuanto antes. Desde el PSOE recuerdan, según fuentes consultadas por EFE, que la nueva legislación sobre seguridad es un compromiso electoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En declaraciones a la prensa en el Congreso, el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago ha indicado que el acuerdo con el PSOE es "total o altísimo" y que en los próximos días esperan conocer las propuestas del PNV. "Obviamente la intención es trabajar con el PNV, con los criterios unificados" entre Unidas Podemos y el PSOE, ha apuntado Santiago.

Santiago ha sido rotundo en sus manifestaciones al afirmar que la pretensión es que las enmiendas dejen claro que los ciudadanos deben recuperar "el pleno ejercicio del derecho de reunión y manifestación".

El diputado de UP ha informado de que hay acuerdo también para que ni la toma de imágenes por la prensa en operaciones policiales ni su difusión sean sancionables, salvo que afecten al derecho a la intimidad o a la seguridad de los agentes o de sus familias. 

La cuantía de las multas

Otras cuestiones incluidas en el acuerdo atañen a la cuantía económica de las multas: deberán reducirse las que son excesivas y en todo caso aplicarse siempre criterios de proporcionalidad vinculados a la capacidad económica del multado, así como a su edad en el caso de personas menores. El criterio para la cuantía económica de las sanciones será un cálculo de progresividad y proporcionalidad para reducir la sanción atendiendo a la capacidad económica de la persona sancionada.

Además, en el expediente sancionador se propone la resocialización por encima de la sanción: se eliminará la limitación actual para poder sustituir las sanciones a menores por trabajo social o comunitario, ahora limitada a una sola vez. 

También se incorporan, a su vez, los animales como sujetos de protección y se recogen las peticiones de la Federación Española de Naturismo.