PSOE y Unidas Podemos acuerdan enmendar la ley de memoria para que se puedan juzgar crímenes franquistas

PSOE y Unidas Podemos han acordado registrar conjuntamente 30 enmiendas a la Ley de Memoria Democrática, cuyo plazo concluye este miércoles. Entre ellas, tal como ha podido tener acceso este medio, destaca la adición de un párrafo al artículo dos del proyecto legislativo en el que reza: "Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables".

En este sentido, según reza la motivación de la enmienda, "se garantiza el derecho a la Justicia de las víctimas", una anomalía que ha impedido hasta la fecha juzgar en el Estado español los crímenes perpetrados por los responsables del franquismo. "La Ley de Amnistía no va a poder seguir siendo utilizado como una excusa para perseguir este tipo de crímenes", ha remachado el diputado de Unidas Podemos y secretario general del PCE, Enrique Santiago.

Si bien, el propio Santiago, también secretario de Estado de Agenda 2030, ha reconocido que la aplicación de esta medida "llega tarde", ya que la mayoría de los responsables de los crímenes cometidos desde 1936 hasta los inicios del periodo de la transición han fallecido, por lo que su responsabilidad penal queda extinguida. Asimismo, ha recordado que, "desgraciadamente", la legislación española en materia penitenciaria contempla atenuantes en virtud de la edad de los condenados.

A pesar de no modificar la Ley de Amnistía, como defienden los grupos independentistas y Unidas Podemos, esta directriz en su aplicación supone un "gran avance" en materia de acceso a la verdad, justicia y reparación por el blindaje del franquismo perpetuado en la norma promulgada en 1977.

Asimismo, PSOE y Unidas Podemos proponen ampliar el censo de víctimas del franquismo para incorporar a las personas supervivientes que presten su expreso consentimiento. También, incorporan que los descendientes de los brigadistas internacionales podrán solicitar la nacionalidad española y se creará una oficina de víctimas de la dictadura y un Centro de Memoria Democrática con participación de las víctimas y sus organizaciones.

Otro avance importante es que todas las víctimas de la dictadura tendrán derecho al reconocimiento y la reparación integral por parte del Estado y se reconocerá el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas.

Asimismo, la ley contemplará que el fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática abordará la investigación de los hechos que tuvieron lugar con ocasión del golpe de estado, la guerra y la dictadura.

En relación a la eliminación de elementos contrarios a la memoria democrática, se cambiará la denominación de Valle de los Caídos a Valle de Cuelgamuros, recuperando la nombre original. Además, los retratos u otras representaciones artísticas de personas vinculadas a la represión franquista no podrán mostrarse ni en lugares representativos ni en áreas de acceso al público.

Se completa el procedimiento para la revocación de las distinciones honoríficas en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y se suprimen los títulos nobiliarios concedidos a 33 personajes del régimen franquista, como los ducados de Primo de Rivera, Calvo Sotelo o Queipo de Llano.

Por último, en materia educativa y de formación, se garantiza el derecho a la investigación histórica de los crímenes del franquismo frente a posibles alegaciones sobre el derecho al honor de personas ya fallecidas que hubieran participado en los mismos y se añade una referencia a la necesidad de introducir estos contenidos en los libros de texto y materiales curriculares.

Unidas Podemos, además, apela al resto de fuerzas para trabajar en un amplio acuerdo con todas las fuerzas progresistas que permita "concretar el procedimiento para la declaración de nulidad de las sentencias represivas del franquismo o el desarrollo reglamentario de las medidas que se contemplan".