La ley de garantía de las libertades sexuales, más conocida como la del solo sí es sí parece ir camino de cerrar un ciclo que tiene tintes de paradoja. La norma nació en las calles, fue la respuesta legislativa a la reacción y protesta del movimiento feminista contra la sentencia de 'La Manada' de los San Fermines; ahora, casi cinco años después de la ola de indignación de las mujeres, la ley podría volver a la calle y enfrentarse al juicio de un feminismo que contempla, de momento como espectador, la batalla entre el PSOE y Unidas Podemos.

"No hay nada nuevo. No todos los días hay algo nuevo". Las palabras de una importante ministra del ala socialista este jueves en el Congreso reflejan de alguna manera el estancamiento que existe en estos momentos entre los socios de la coalición. "Estamos en bucle, pero esto hay que arreglarlo ya", insisten desde las filas socialistas. 

En el Ministerio de Igualdad no quieren vincular al movimiento feminista con el choque institucional que mantienen con el PSOE a cuenta del consentimiento como elemento central para definir una agresión sexual. En este sentido, rechazan que estén hablando con colectivos para que le apoyen en esta pugna e insisten en que "son autónomos".

Lo que sí es una realidad es que falta menos de un mes para el 8M y, a día de hoy, la opción más factible es que se llegue a esta fecha con la batalla entre los socialistas y el espacio confederal en un punto máximo de tensión. Ambas partes coinciden en la voluntad de negociar para llegar a un acuerdo que logre atajar la alarma social generada por la rebaja de penas de agresores por parte de algunos jueces. Y ambas fuerzas confían en que se ataje antes de esta simbólica fecha. 

Sin embargo, las declaraciones cruzadas y el desarrollo de los acontecimientos en los últimos días solo han servido para ahondar más en las discrepancias. Tanto es así, que en Igualdad ya consideran este asunto como una batalla por preservar el modelo del "consentimiento en el centro" ante los intentos del PSOE de regresar a lo que denominan el "Código Penal de la Manada", es decir, el que tiene como elementos fundamentales la violencia y la intimidación para definir una agresión sexual.

Los socialistas, en cambio, rechazan estas acusaciones. Insisten en que el consentimiento no se toca de la ley. Y muestran ya cierto malestar con las posiciones comunicativas de UP, ya que consideran que el "ruido" y las "críticas de brocha gorda" solo provocan desgaste del Gobierno al completo. En Moncloa están completamente dirigidos a parar la "alarma social" creada por las rebajas de penas. 

Las relaciones entre el Ministerio de Justicia, liderado por Pilar Llop, y el de Igualdad, con Irene Montero a la cabeza, están rotas. Pero desde UP aún confían en retomar las conversaciones. Otras fuentes, en cambio, sitúan el papel de Llop ya en un segundo plano. Porque a partir de ahora las conversaciones deberán darse en los grupos parlamentarios. Y ahí entran en juego los negociadores habituales del ala socialista: María Jesús Montero y Félix Bolaños. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rechazó tajantemente en la madrugada del jueves que haya riesgo de ruptura en la coalición. Del mismo modo mostró su respaldo directo a Montero. Dos días antes asumió delante de sus diputados y senadores la necesidad de "arreglar el problema" creado por los efectos indeseados de la ley. 

Juristas y colectivos feministas critican la reforma

En un primer momento se barajó que el choque fuera solo institucional, entre propuestas que buscan cerrar el grifo de las rebajas de penas a futuro sin hacer un borrón y cuenta nueva de la norma. Pero que se haya puesto el modelo del consentimiento en la centralidad del debate podría tener una repercusión en la calle cuya representación, si es que se da, tiene como escenario el 8M.

De hecho, ya ha habido colectivos feministas en Madrid o Granada que han reaccionado a la reforma y exigen que el consentimiento "explícito" siga siendo el eje vertebral de la ley. También han alertado sobre el sentido de la reforma diferentes juristas vinculadas al feminismo, tal y como publicó este medio. Estas expertas coinciden con UP en que la reforma propuesta por los socialistas supone un cambio de modelo con respecto a la norma aprobada por el Gobierno y debilita el consentimiento introduciendo nuevamente la violencia y la intimidación.

No es la primera vez que cuestiones relacionadas con el movimiento feminista dividen a socialistas y morados. La más reciente, y que generó también meses de polémica, fue alrededor de la Ley Trans. Precisamente el PSOE recuerda estos días aquella norma para ejemplificar que ellos aceptaron la ley pese a ser rechazadas una serie de enmiendas que pretendían introducir a posteriori.

Porque los socialistas priorizan todavía el acuerdo con UP, pero no verían problemas en sacar adelante la proposición de ley con los votos del PP, que ha dicho apoyar la reforma. Entonces, según el PSOE, la fuerza morada tendría que reconocer el resultado parlamentario como ellos hicieron con la Ley Trans. 

El PSOE registró la propuesta el lunes en el Congreso y este viernes confirmó la petición de que el trámite sea de urgencia. Se espera que este martes la Mesa del Congreso le de el visto bueno para que el PSOE la eleve al pleno y se decida sobre su admisión a trámite. El objetivo es que esto se resuelva cuanto antes, pero por los propios plazos parlamentarios, el plazo de enmiendas y las negociaciones pendientes, puede alargarse hasta un mes si se apura hasta el final. Es decir, a las puertas del 8M. 

Todas las fuentes consultadas coinciden en que hay que buscar un acuerdo. Nadie quiere cerrar la puerta a ello. Existe la voluntad de que este asunto se solucione antes de la fecha simbólica del mes de marzo. Pero tampoco nadie tiene claro en qué se debe concretar salvo que alguna de las partes ceda en sus posiciones. Algo que a día de hoy no está sobre la mesa.