El PSOE pugna con el PP por los impuestos mientras la reforma fiscal y la financiación autonómica siguen en un cajón

Vuelve el debate sobre la reforma fiscal y el modelo de financiación autonómica a la agenda política. Pero de momento es eso, un debate. La supresión del impuesto a los grandes patrimonios aprobada por Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía ha provocado la respuesta del Gobierno de coalición y, en especial, del ala socialista, que se ha metido de lleno en una batalla cultural por la justicia fiscal y la relevancia de los impuestos en el sostenimiento del Estado del bienestar.

"Es un debate que nos gusta y con el que nos sentimos cómodos", decían este martes en Moncloa tras conocerse la decisión del PP en Andalucía. El Ejecutivo está dispuesto a batallar y confrontar abiertamente para presentar "dos modelos". El del Gobierno, "con la mayoría social", y el de los populares, "con una minoría privilegiada". 

Sin embargo, este discurso sobre la justicia fiscal contrasta con la acción del ala socialista del Gobierno. Hace meses que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, guarda en un cajón el informe del grupo de expertos en fiscalidad que ella misma creó para abordar reformas impositivas de calado y una revisión del sistema tributario autonómico.

Desde Hacienda se han defendido durante los últimos meses por las especiales circunstancias económicas derivadas de la guerra en Ucrania. Este hecho ha provocado que las previsiones de los expertos hayan quedado aparcadas, que no descartadas completamente pese a que el tiempo apremia. 

En lo discursivo el PSOE ha defendido en varias ocasiones la necesidad de armonizar el sistema fiscal entre los distintos territorios e, incluso, llegó a firmar un pacto con ERC para acabar con el denominado dumping de Madrid, que, en palabras de la propia Montero, provocan "deslocalización de empresas y de patrimonio" y provocan desequilibrios financieros entre las comunides.

"No tributan los territorios, tributan los ciudadanos", se defendía desde Hacienda hace casi dos años. De hecho, el ala socialista del Ejecutivo parecía decidido a acometer una reforma fiscal de calado en 2020, pero finalmente esa idea se desechó, y aunque desde Unidas Podemos se ha tratado de ponerla en marcha en distintas negociaciones, los de Sánchez no han estado por la labor.

Ahora la armonización fiscal y la reforma tributaria han vuelto al recetario del PSOE, en un marco en el que el Gobierno de coalición defiende la utilidad de avanzar hacia una justicia impositiva en la que las grandes fortunas y empresas arrimen el hombro para afrontar la compleja situación económica.

Este discurso se contrapone al de un PP y un Alberto Núñez Feijóo que apuestan abiertamente desde hace meses por bajar los impuestos de manera generalizada, y que en Andalucía ya han eximido a las grandes fortunas de pagar un tributo.

La reforma fiscal sigue aparcada, pero con la recuperación de este debate es posible que cojan aire propuestas que Unidas Podemos está planteando en la negociación de los Presupuestos Generales de 2023, como una reforma del Impuesto de Sociedades para aumentar su efectividad a la hora de recaudar, o un impuesto a las fortunas superiores a un millón de euros.

Precisamente con este último asunto, la ministra de Hacienda se mostró este miércoles dispuesta a "explorar" alguna fórmula de implantarlo. Es decir, pedir "una mayor aportación a los que más tienen para permitir el transporte público gratis, los 200 euros a las rentas con menos de 14.000 euros, para poder seguir bajando el IVA de la factura de la electricidad, becar a los alumnos", defendió en declaraciones a los medios. 

La financiación autonómica, un debate que se tiene que dar

Sin embargo, en el Gobierno de coalición asumen que la reforma de la financiación autonómica no se dará en esta legislatura. Algunas voces apuntan a que es demasiado tarde para acometer una reforma que tendría sentido iniciar en el primer o el segundo año de una legislatura, pero no en el último.

En primer lugar porque no hay tiempo material para una modificación que precisa de una negociación compleja que se prolongaría en el tiempo con las comunidades, que después debería materializarse en una propuesta concreta que precisaría de una mayoría importante en las Cortes.

En segundo lugar, en menos de un año tendrán lugar las elecciones autonómicas, y no se espera que las comunidades se presten a alcanzar un gran acuerdo sobre un tema que causa enormes discrepancias tanto territoriales como políticas a las puertas de sus respectivas citas con las urnas.

"Siempre he pedido altura de miras. Cada territorio lo ha visto desde la posición de máximos pero esto no permite avanzar en las reformas. Soy incombustible al desaliento y voy a insistir", dijo también este miércoles Montero.

Fuentes del Gobierno reconocen que "con los mimbres actuales es difícil", en referencia especialmente a la actitud mostrada por el PP en los últimos días. "Pero el debate se tiene que abordar entre toda la ciudadanía", insisten en Moncloa, dispuestos a hacer "pedagogía" con la fiscalidad.