El PSOE propone en el Congreso derogar el plazo máximo de instrucción fijado por la "ley del punto final"

MADRID.- El grupo socialista en el Congreso ha presentado una proposición de ley para derogar la limitación de los plazos de instrucción en las causas penales que introdujo una reforma procesal que entró en vigor a 13 días de las elecciones.

La reforma trae de cabeza a jueces y fiscales porque obliga a revisar 650.000 casos que están 'vivos' en los juzgados y tribunales, que están amenazados de archivo. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal fija un límite de instrucción para todas las causas de 6 meses, prorrogables a 18 meses si son complejas y si lo solicita el fiscal.

Cada causa debe ser revisada por los fiscales carpeta a carpeta - no tienen acceso al sistema de gestión procesal- para determinar su complejidad. Mientras, el tiempo corre a favor de los procesados desde el pasado 7 de diciembre con unos juzgados desbordados. Por si fuera poco, la reforma prohíbe destinar ni un solo euro para estas revisiones.

El PSOE considera que no es necesario que se forme Gobierno para derogar leyes aprobadas en la etapa del PP y que entiende que son perjudiciales, para lo cual el presidente de la Cámara Baja, Patxi López, ha solicitado un informe sobre la legalidad de anular determinadas normas.

La Mesa del Congreso tiene en su poder desde este martes por la noche el informe de los servicios jurídicos que determina qué asuntos puede tratar la institución mientras el Gobierno está en funciones, pero ha decidido no analizarlo hasta el próximo martes, dada su complejidad, según informa Europa Press.

Numerosos juristas, en especial el movimiento en redes sociales de #BrigadaTuitera, han realizado estudios a favor de esta derogación y han reclamado de los partidos presentes en el Congreso que supriman el límite a los plazos de instrucción antes de que sea demasiado tarde.

Todas las asociaciones de jueces y todas las de fiscales han instado a derogar estos límites, dado que beneficia a las redes de delincuentes internacionales, tramas de corrupción política y ladrones de guante blanco ya que suelen operar en paraísos fiscales y con grandes despachos, lo que dificulta la instrucción de una causa mientras ganan fechas al calendario.

La dificultad de instruir estos macrocasos es lo que ha llevado a algunas asociaciones de jueces y fiscales de tildar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como "Ley de Punto Final" o Ley Berlusconi.

El PSOE, al amparo del Reglamento de la Cámara, defiende en su proposición de ley que la reforma en vigor "impone una serie de plazos, prórrogas y trámites que carecen de utilidad y solo sirven para complicar y enturbiar el proceso, sin garantizar que el incumplimiento de tales plazos finalmente sirva para favorecer la impunidad de los delincuentes mejor organizados".

El Grupo Socialista justifica la medida porque "la necesaria aceleración de los procesos penales no se resuelve ni con normas que impongan plazos que en la mayoría de los casos no se pueden cumplir, ni con regulaciones que generan inseguridad jurídica y graves riesgo de impunidad, sino, necesariamente, con más medios personales y materiales que es precisamente lo que, lamentablemente, no se ha incrementado e incluso se ha mermado en los últimos cuatro años".

Otras de las proposiciones de ley planteadas por el PSOE solicitan la derogación de la ley mordaza: del artículo 315 del Código Penal para impedir que los sindicalistas que participan en huelgas y en piquetes informativos sean encarcelados, y la recuperación de la nacionalidad por parte de los hijos y nietos de españoles que viven en el extranjero.

El PSOE también propone recuperar el subsidio para mayores de 52 años y la reactivación de la ley de dependencia, así como la derogación del decreto de autoconsumo, un nuevo sistema de financiación autonómica y el cierre progresivo de las centrales nucleares que cumplen 40 años, así como advertir al Gobierno de que no puede tomar ninguna decisión respecto a la central de Garoña estando en funciones.