El Partido Popular se ha quedado a solas con CiU este martes, a la hora de defender una proposición no de ley para que el Gobierno presione a Bruselas para que acelere las negociaciones del polémico Tratado de Libre Comercio con EEUU.

El resto de grupos parlamentarios ha anunciado que votará en contra de la proposición no de ley presentada por los conservadores, que han alabado frente al Pleno del Congreso las virtudes del TTIP, rechazando las críticas a la opacidad con la que se negocia el acuerdo.

Tardá: 'El TTIP va a poner en jaque la protección del medio ambiente y las políticas que protegen a los consumidores'

De hecho, incluso el Partido Socialista ha querido desmarcarse de la línea de acción del PP, y ha anunciado que no apoyará su iniciativa. Esto no significa que retiren su apoyo al acuerdo que durante años han impulsado junto a liberales y conservadores en el Europarlamento, pero el rechazo a la proposición no de ley y al mecanismo de protección de inversiones que incorpora el acuerdo (ISDS), que apoyaban públicamente hasta hace una semana, marca un distanciamiento con la línea de acción del PP en lo que al acuerdo transatlántico se refiere.   

El PP volverá a pasar el rodillo de su mayoría absoluta este mismo martes, para aprobar con el apoyo de CiU una medida que ha contado con las críticas del resto de grupos de la cámara. UPyD, que sí muestra su respaldo al tratado, asegura que no debe verse como 'un cheque en blanco', y anticipa que tampoco apoyará la proposición no de ley del partido que gobierna.

Los otros grupos, por contra, se han mostrado muy críticos con la propuesta del PP y con el acuerdo, criticando la opacidad de las reuniones, o la cláusula de protección de inversiones ISDS, que permitirá a las empresas inversoras denunciar a los estados si aplican cambios regulatorios que a juicio de las multinacionales puedan perjudicar a sus inversiones.

Mientras Rosana Pérez (Grupo Mixto) criticaba que los eurodiputados tienen 'limitado, por no decir vetado, el acceso a la información sobre el acuerdo', su compañero de grupo, Joan Tardá, aseguraba que estas 'negociaciones clandestinas' permitirán instaurar un tratado que 'va a poner en jaque la protección del medio ambiente y las políticas que protegen a los consumidores'. El diputado de ERC ha criticado la decisión del PP de no incluir las enmiendas que propuso su grupo, y que incluían la exigencia de convocar un referéndum sobre el acuerdo, que considera 'un tratado al servicio del capitalismo más perverso'.

Precisamente,  en mayo de este año IU pidió al Congreso la celebración de un referéndum, aunque la mayoría absoluta del PP dio al traste con esta iniciativa. Este martes, José Luis Centella se ha reafirmado en la posición de la Izquierda Plural, denunciando que los más perjudicados por el acuerdo serán los países del sur de Europa, y asegurando que el tratado servirá para 'armonizar a la baja, para regular a la baja'.

El diputado del PP Pablo Casado ha echado mano de las previsiones más optimistas de los estudios encargados por Bruselas sobre el tratado para asegurar que la UE 'no puede permitirse perder este tren', y que el acuerdo permitirá crear '140.000 empleos en España', aunque hasta la fecha no existen estudios de impacto del TTIP en nuestro país.

Este es otro de los puntos de divergencia entre PP y PSOE. En un encuentro celebrado hace dos semanas en la sede de la Comisión Europea en Madrid, la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero abogó por efectuar un estudio de impacto sobre el TTIP, y aseguró por vez primera que el PSOE no apoyará la cláusula de protección de inversiones que permitirá a las multinacionales demandar a estados ante tribunales arbitrales, y no ante las justicias nacionales. Esta es una de las aristas del acuerdo más criticadas por parte de ONGs y fuerzas políticas como Podemos o Equo, que ven el tratado como un arma de las multinacionales contra los estados. Mientras la Comisión asegura que impulsará la transparencia, sin especificar medidas concretas, varias organizaciones sociales alertan de los peligros medioambientales o laborales del TTIP. 

En su intervención de hoy, Casado ha reforzado uno de sus argumentos, al defender que en EEUU la energía cuesta menos porque se permite el fracking. Este es otro de los mayores temores de los más críticos con el TTIP: que el tratado abra la puerta a prácticas contaminantes y peligrosas que hasta ahora estaban prohibidas en la UE.