Este artículo se publicó hace 7 años.
Cursos de formaciónPSOE y Ciudadanos eximen a Susana Díaz de cualquier responsabilidad política por el fraude de los cursos de formación
La comisión de investigación sobre los cursos de formación ha aprobado un dictamen final, con los únicos votos a favor de PSOE y C's, que fija las máximas responsabilidades políticas para Chaves y para Griñán
Sevilla--Actualizado a
La comisión de investigación sobre los cursos de formación ha aprobado un dictamen final, con los votos de PSOE y Ciudadanos, que exime de cualquier responsabilidad política a la presidenta, Susana Díaz, y al actual consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, algo que ha sido rechazado por PP, Podemos e IU.
El dictamen final fija las máximas responsabilidades políticas por el caso de formación en Andalucía en los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, según han explicado en rueda de prensa el presidente de la comisión, Julio Díaz (Cs) y los comisionados de los grupos parlamentarios.
El texto, aprobado únicamente por PSOE y Ciudadanos después de más de ocho horas de reunión, irá al pleno del Parlamento a final de mes para su aprobación definitiva o para su rechazo. Todos los partidos mantienen vivas sus enmiendas para la sesión plenaria, entre ellas una conjunta del PP, Podemos e IU que insistirá en fijar la responsabilidad política de Díaz y Maldonado por mantener la paralización de los cursos, además de por "acción negligente, pasividad y falta de colaboración".
Tal y como ha descrito el presidente de la comisión, el PSOE pidió votación separada de todos los puntos en los que se recogen las responsabilidades políticas de dirigentes de la Junta para eximirles, votación en la que se quedó solo. Sin embargo, votó a favor del dictamen en su totalidad, que recoge esas responsabilidades, incluidas las de Chaves y Griñán, lo que ha sido calificado por la oposición como una "pirueta". En total, de más de seiscientas enmiendas que presentaron los grupos al dictamen de síntesis elaborado por Julio Díaz tan solo se han incluido diez (cinco de IU, dos del PP, dos del PSOE y una de Podemos).
El socialista Rodrigo Sánchez ha señalado que, como según él están corroborando los tribunales, ha quedado "clarísimo" que no hay trama ni menoscabo de fondos públicos ni fraude, de lo que ha deducido que no existe responsabilidad política de los dirigentes de la Junta de Andalucía. "El PP ha hecho un grandioso ridículo, ha llegado un momento en el que no sabían ni que votar", ha agregado Sánchez, quien cree que el caso es "un castillo de naipes que se ha caído".
La diputada del PP Teresa Ruiz Sillero ha acusado a Ciudadanos de darle a la presidenta Susana Díaz un "salvoconducto" para poder presentarse a las primarias del PSOE al eximirle de responsabilidad, de lo que deduce que la formación naranja es "rehén" del PSOE, partidos que han demostrado que tienen un "pacto oculto". El PP mantiene la responsabilidad de Díaz y de Sánchez Maldonado al acusarles de paralizar los cursos durante cinco años, lo que ha cifrado en un perjuicio de 1.970 millones.
Juan Ignacio Moreno Yagüe (Podemos) ha censurado la "política chapuza" del PSOE y de Ciudadanos al situar las responsabilidades en "dos políticos jubilados" (por Chaves y Griñán) y no en los "actuales responsables" por paralizar los cursos. "La tarea de investigación incluía desde 2002 hasta la actualidad, pero gracias a Ciudadanos y al PSOE la actualidad acaba en el 2012", ha señalado.
La diputada de Ciudadanos Marta Bosquet ha saludado que "por primera vez" el dictamen final de una comisión vaya a votación en el pleno pero ha criticado el intento de "fagocitar" las conclusiones por parte del resto de grupos, a los que ha censurado que hayan intentado "aniquilar" el dictamen. Bosquet ha indicado que el PSOE no quería incluir ninguna responsabilidad política mientras el PP "sólo quería ver el nombre de Díaz". Por parte de IU, Elena Cortés ha lamentado que el dictamen se quede en la responsabilidad política de Chaves y Griñán y ha criticado que el PSOE haya intentado eliminar párrafos que "evidenciaban" informes de la Cámara de Cuentas, de los interventores o de la "no colaboración" de la Junta.
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