SEVILLA. - El PSOE andaluz ha desechado una de sus promesas electorales estrella sobre educación en los pasados comicios autonómicos después de que Podemos e IU hayan registrado en el Parlamento una proposición de ley muy similar. Las dos formaciones de izquierdas piden establecer por ley “una cláusula suelo en el gasto educativo andaluz”, una medida que los socialistas plantearon prácticamente en los mismos términos hace año y medio.

Podemos e IU proponen fijar “un suelo de gasto equivalente al 5% del PIB regional para garantizar unos mínimos de inversión en educación”, mientras que el programa electoral con el que el PSOE concurrió a las elecciones autonómicas de marzo de 2015 prometía “establecer una financiación pública y unos servicios comunes adecuados para todo el sistema educativo hasta alcanzar un suelo común de financiación del 5% del PIB en dos legislaturas, y con la aspiración de alcanzar el 7% a medio plazo”.

A pesar de que ambas medidas parecen un calco, cuando las dos formaciones de izquierdas han registrado de manera conjunta su proposición de ley en el Parlamento andaluz, el Gobierno de Susana Díaz se ha mostrado abiertamente en contra y ha rechazado la toma en consideración de la misma. La explicación es que la fórmula elegida por Podemos e IU arroja “dudas jurídicas”.

La Junta está de acuerdo en el fondo del asunto, es decir, apuesta por ir incrementando progresivamente la partida de gasto social, tanto para educación como para sanidad y políticas sociales (de hecho el presupuesto actual de la Consejería de Educación representa el 5,1% del PIB andaluz, como reclama la citada propuesta). Sin embargo, el gabinete jurídico de la Junta cree que la reforma de la Ley de Educación de Andalucía (LEA) que proponen Podemos e IU para introducir ese suelo mínimo de gasto podría vulnerar la Ley de Estabilidad Presupuestaria del Gobierno central, una norma de rango mayor y que, además, se desprende de la reforma del artículo 135 de la Constitución que pactaron PSOE y PP.

Lo extraño es que los socialistas llevaran esta misma medida en su programa electoral en 2015, cuando la Ley de Estabilidad Presupuestaria ya estaba aprobada, si sabían que no tendría ningún recorrido jurídico. “No conozco la literalidad de esa propuesta electoral”, ha reconocido a Público el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez. El portavoz recuerda que la Administración de Susana Díaz se ha opuesto desde el principio a las políticas “austericistas” de Mariano Rajoy, y que su objetivo es “ir desmontando poco a poco esa austeridad perniciosa”. “En el futuro debemos demoler barreras como ésta”, ha dicho en referencia a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, “para que podemos seguir avanzando y desactivar todos los mecanismos legales con los que han intentado desmantelar el Estado de Bienestar”.

A pesar del rechazo del Gobierno andaluz, Podemos e IU van a llevar el debate sobre la cláusula suelo para educación al próximo pleno ordinario del Parlamento, que tendrá lugar ya en febrero. El líder regional de IU, Antonio Maíllo, maneja números distintos a los de la Consejería de Educación y defiende que si la medida sale adelante el presupuesto educativo aumentaría un 1,07% respecto a la partida que la Junta destina actualmente a esta materia. Podemos e IU quieren “forzar las contradicciones de Susana Díaz y del PSOE” en el debate parlamentario, sobre todo después de haber conocido los “nefastos” resultados del informe PISA, que arroja un panorama “muy negro” sobre el rendimiento de la escuela andaluza.

Los presupuestos consolidados de la Consejería de Educación crecerán en 2017 un 3,8%, con 222 millones de euros más que el presente ejercicio, un 45,2% más de inversión y un total de 7.252 millones. Con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades, se mantienen las prioridades de los centros bilingües (132 nuevos), se incrementan las plazas para escolares de hasta 3 años de edad (2.000 nuevas para el próximo curso) y se refuerzan los programas de apoyo a las familias (231,8 millones). En 2017 también se eliminarán 181 módulos prefabricados y se modernizarán edificios educativos, con una partida de 38 millones.