Hace justo una semana, el pasado viernes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos relacionados con la pesca y los productos agrícolas. Lo hizo por no contar con el consentimiento expreso del pueblo saharaui ni de sus representantes legítimos, el Frente Polisario, que ha impulsado la batalla legal en los tribunales desde hace años. 

La decisión supone desde el punto de vista jurídico un triunfo indudable para los saharauis. Desmonta, de nuevo, la legalidad de la ocupación de Marruecos en el Sáhara Occidental y reconoce el derecho de autodeterminación de este pueblo. 

El conflicto saharaui y las relaciones con Marruecos han marcado buena parte de los últimos años del Gobierno de Pedro Sánchez. En marzo de 2021 trascendió una carta enviada por el líder del Ejecutivo al rey marroquí, Mohamed VI.

En ella avalaba la propuesta del reino alauita de que la "autonomía" es la mejor solución para el conflicto. Un giro histórico que ha provocado desde entonces fuertes críticas de prácticamente todos los partidos políticos. La propia sentencia de la justicia europea pone negro sobre blanco la importancia del derecho de autodeterminación.

Los socialistas han abandonado la defensa del mismo desde hace años tanto en sus documentos oficiales como en los discursos de Sánchez ante la ONU. En su última intervención, el pasado mes de septiembre, el presidente del Gobierno repitió una fórmula similar a la usada los últimos años, sin menciones ni a Marruecos ni a la autonomía y apelando a una "solución mutuamente aceptable". 

En este contexto, a una semana vista de la sentencia del TJUE, la posición del Gobierno sobre la decisión esquiva mencionar los derechos del pueblo saharaui. Y al contrario apunta a alabar las relaciones con Marruecos. 

El primero que difundió los argumentos del Ejecutivo fue el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Lo hizo el mismo viernes durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores en el Congreso, pocas horas después de que se conociera la decisión judicial, tras la interpelación de algunos grupos parlamentarios. 

"Ha sido esta mañana, no la he podido analizar, no la he podido ver. Lo haremos. Sí quiero mandar varios mensajes a nuestro sector pesquero. Van a tener todo nuestro apoyo en todo momento. Respetamos las decisiones del TJUE", destacó Albares el pasado viernes.

El ministro continuó su intervención mencionando las relaciones entre la UE y nuestro país vecino. "Lo que sí es muy importante: la asociación entre la UE y Marruecos es estratégica para ambas partes. Y es por supuesto estratégica para España, ha reportado muchos beneficios a lo largo de estos años", añadió. Entre ellos enumeró a los pescadores, la agricultura, el comercio o "frente a Ceuta y Melilla en la defensa de nuestras fronteras". 

"Nuestra apuesta y compromiso con la estabilidad de la relación con Marruecos es firme y no se va a ver alterada. Vamos a seguir trabajando con la UE y Marruecos para preservar y mantener esta relación, naturalmente dentro del marco jurídico. España va a seguir impulsando esa relación privilegiada entre la UE y Marruecos", concluyó. 

La opinión de Planas

Pasados unos días se pronunció de manera muy similar el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas. El martes, en una declaración ante los medios señaló precisamente que la posición del Gobierno "de respeto a la sentencia" la había anticipado ya Albares el viernes. 

"Estamos analizando, no solo nosotros sino los servicios jurídicos de la Comisión Europea, cuál es el alcance práctico de estas sentencias", señaló Planas. El ministro recordó que ya desde hace un año "no hay actividad pesquera" en la zona y que el acuerdo agrícola está en vigor para los próximos 12 meses. 

"Por encima de todo ello", añadió Planas, se destacó nuevamente que las relaciones entre Marruecos y España y Marruecos y la UE "van mucho más allá en intensidad y profundidad de relación que este tema concreto". El ministro sí resaltó que el asunto "es importante" pero añadió que quería "transmitir un mensaje de seguridad y tranquilidad" tanto para los europeos "como para los amigos marroquíes" sobre la estabilidad hacia el futuro de las relaciones. 

"España tiene que ser valedora del cumplimiento de la legalidad internacional", dijo por su parte Toni Valero, diputado de Sumar. Organizaciones judiciales progresistas como Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) o la Unión Progresista de Fiscales (UPF), celebraron la decisión del TJUE y mostraron "su inquietud por la insistencia de España, potencia administradora, y la UE, en vulnerar el Derecho Internacional al colaborar con la ocupación al favorecer la explotación colonial de los recursos saharauis".