Israel, Sáhara, Ucrania o Venezuela: la acción exterior del Gobierno enturbia la sintonía con sus aliados en el Congreso

La relación del Gobierno con sus aliados de investidura es compleja se mire por donde se mire, aunque la carpeta internacional se ha descubierto como uno de los puntos de fricción más constantes. Hay discrepancias en lo referente a la compraventa de armas a Israel, a la denominación del genocidio de Gaza o en cuanto a Ucrania, Venezuela y Marruecos. Incluso han saltado chispas con la exclusión por parte de México de Felipe VI de la toma de posesión de su recién elegida presidenta Claudia Sheinbaum. También ahí se han distanciado Ejecutivo y aliados.

Los equilibrios no siempre le son fáciles a Pedro Sánchez con unos socios parlamentarios de perfiles tan distintos. El caso paradigmático, en ese sentido, es Venezuela. El Gobierno se ha mantenido, desde el primer momento, en el no reconocimiento ni de Nicolás Maduro ni de Edmundo González como ganadores de las elecciones, aunque a González, eso sí, se le dio asilo en España.

Desde Podemos se cuestionó al Ejecutivo por acoger a un "ultraderechista violento y peligroso" y, en cambio, ser incapaz de hacer lo propio con los "con los activistas saharauis [bloqueados en el aeropuerto Adolfo Suárez] cuya vida corre peligro en Marruecos", tal y como aseveró la secretaria general morada, Ione Belarra. En el otro lado del particular tablero de la mayoría de investidura, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) se distanció del Gobierno por el extremo opuesto y votó a favor de una proposición no de ley (PNL) del Partido Popular (PP) para reconocer a Edmundo González como ganador legítimo de las elecciones. Equilibrio casi imposible para Sánchez.

El caso de los saharauis confinados en el aeropuerto, de hecho, es otro de esos temas de perfil internacional en los que discrepan el Ejecutivo y varios de sus aliados. Los partidos a la izquierda del PSOE en bloque ―Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, Podemos y el Bloque Nacionalista Galego (BNG)― no han cesado en su insistencia de que se les diera asilo, pero España ha terminado por iniciar las deportaciones a Marruecos. 

Todo ello, en un momento en el que el Gobierno presume de buenas relaciones con Rabat, tal y como subrayó el propio Sánchez en su visita a Mohamed VI y al jefe de Gobierno marroquí, Aziz Akhannouch, en febrero. Unas relaciones que son producto directo del viraje en la posición de España en cuanto al Sáhara Occidental al reconocer que la mejor solución para solventar el conflicto ―la más "realista, seria y creíble"― es la autonomía que propone Marruecos. Ningún partido en la Cámara Baja apoyó el cambio de rumbo. 

Podemos (entonces, Unidas Podemos) ya manifestó su disconformidad en 2022 y tres años después insiste en su oposición a la actual sintonía entre ambos países. El diputado Javier Sánchez Serna ha deslizado este mismo martes en rueda de prensa que "todo lo que relaciona al PSOE con Marruecos huele cada vez peor". Figuras de Sumar también han levantado la voz en más de una ocasión. En agosto, sin ir más lejos, pidieron información al Gobierno sobre las maniobras militares marroquíes en la costa del Sáhara Occidental. 

A Sánchez le piden más con Palestina

Si hay una cuestión de política exterior en la que Sánchez ha sido expeditivo es Palestina. Desde muy pronto abogó por la solución de dos Estados, en consonancia con la Unión Europea, y ha llegado a reconocer el Estado de Palestina, lo que llevó a Benjamín Netanyahu a retirar la embajadora israelí en España. Actualmente, la relación entre ambos líderes es muy mala por las críticas de Sánchez al conflicto en Gaza. El líder español expresó "francas dudas" acerca de que Israel esté respetando el derecho humanitario, yendo mucho más lejos que la mayoría de sus homólogos.

Sin embargo, tanto Sumar, como Podemos piden más. El Ejecutivo suspendió las exportaciones de armas a Israel el 7 de octubre del pasado año. Sin embargo, tal y como han informado varios medios, el ejército de Netanyahu ha seguido aprovechándose de acuerdos comerciales con empresas españolas. Las justificación de Moncloa es que esas armas tienen que ver con compromisos que se alcanzaron antes de aquel 7 de octubre. Nunca posteriores.

Son explicaciones que no valen a los aliados. También este mismo martes tanto Sánchez Serna (Podemos), como Gerardo Pisarello (Sumar) han exigido de nuevo que cese totalmente esa compraventa de material bélico. Pisarello ha llegado a insinuar que no proceder a ese embargo radical hace que parezca que existe una cierta "complicidad" entre ambos gobiernos. Tanto la formación que lidera Yolanda Díaz, como Podemos abogan, de hecho, por romper relaciones diplomáticas con Israel.

La cuestión palestina es, por tanto, un elemento de tensión constante entre el Ejecutivo y sus aliados. Por un lado, valoran que España haya ido más lejos que otros países. Por otro, insisten en que no es suficiente y en que Sánchez debería ser todavía más drástico en su posicionamiento sobre el genocidio de Gaza, una calificación con la que no trabaja el Gobierno español. 

Acuerdo armamentístico con Ucrania

Lo extraño, por tanto, es que las decisiones del Gobierno en materia internacional gocen de consenso total entre los partidos que componen la mayoría de investidura. Otro ejemplo, un acuerdo que alcanzaron Pedro Sánchez y Volodímir Zelenski que compromete a España a entregar armas por valor de mil millones de euros a Ucrania durante 2024. Nueva discrepancia. ERC, EH Bildu, Podemos y BNG llegaron a plantar a Zelenski cuando visitó el Congreso de los Diputados. Sumar, que sí tuvo presencia en la reunión, también expresó su incomodidad.

Los de Díaz criticaron el acuerdo y especialmente que una decisión como esa se tomara a espaldas de la Cámara Baja, mientras que Podemos se opone radicalmente al envío de armas porque "va en la línea contraria de lograr un acuerdo de paz en breve tiempo".

Las turbulencias se han repetido este septiembre, cuando las posturas dispares volvieron a evidenciarse en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, que vetó a Felipe VI. El Gobierno elevó una queja formal, mientras que Gerardo Pisarello, Irene Montero o figuras de EH Bildu y el BNG viajaron a México para acompañar a Sheinbaum. La actuación de Sumar se llegó a calificar de "desmarque" del Sánchez. Otra prueba de que la política exterior del Gobierno, encabezada por José Manuel Albares, pone constantemente a prueba las costuras de la mayoría de investidura.