Los magistrados del Constitucional Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer creen que el Supremo vulneró el derecho de reunión de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, dos líderes sociales condenados por sedición en una sentencia que, a su juicio, "amenaza con empobrecer nuestra democracia".

El Constitucional ha dado a conocer este martes las sentencias cuyo fallo avanzó la pasada semana en las que desestimó los recursos de Sànchez y Cuixart por su participación en el proceso soberanista catalán cuando eran presidentes de la ANC y de Òmnium Cultural, hechos por los que el Supremo les condenó a nueve años de prisión y otros nueve de inhabilitación absoluta.

Como en las anteriores sentencias, Xiol y Balaguer se desmarcan de la mayoría y ven desproporcionadas las penas impuestas, pero en esta ocasión añaden un matiz relevante, dado que mientras los demás condenados eran miembros de un gobierno, los Jordis eran líderes sociales "cuyas posibilidades de participación e interlocución en el debate público están especialmente garantizadas" por el derecho de reunión.

A juicio de estos dos magistrados, las movilizaciones ciudadanas del 20 de septiembre y del 1 de octubre de 2017 se desarrollaron "por medios estrictamente pacíficos" y, aunque pretendieran obstruir la efectividad de mandamientos judiciales, no tenían por objeto "un levantamiento social que posibilitara la declaración de independencia de Catalunya", sino presionar al Gobierno central para convocar una consulta popular.

Por esas razones, opinan que una sanción penal a esa conducta -en especial con la "severidad" de la que se les impuso- "resultaba desproporcionada y con un indeseable efecto desaliento en el ejercicio de un derecho fundamental", más aun tratándose de los máximos representantes de dos grupos de la sociedad civil de gran proyección pública.

"Una injerencia en el derecho de reunión, con un devastador efecto desaliento sobre este derecho, que amenaza con empobrecer nuestra democracia, con alinearnos con sociedades disciplinadas por el abuso del sistema penal en la represión de conductas que se desenvuelven en el ámbito material de derechos fundamentales", advierten los magistrados.

Y que amenaza también, añaden, "con alejarnos, en definitiva, de la necesidad de una interpretación y aplicación progresiva de aquellos derechos que posibilitan la normal participación de la ciudadanía en las democracias plenas".

Permanecieron pacíficos

Los magistrados reconocen que hubo "esporádicos actos de violencia física que, aun pudiendo ser previsible en atención a la situación social e institucional" en Catalunya, se produjeron "fuera del control" de los líderes sociales que permanecieron pacíficos. Al respecto, explican que los llamamientos a la movilización para "promover una actitud desobediente a resoluciones" de los tribunales, "posibilita justificar una restricción legítima del derecho de reunión en forma de sanción" para "preservar el cumplimiento de las resoluciones judiciales".

Porque, matizan, "acudir a la represión penal de estas conductas y a la imposición de penas privativas de libertad de tan larga duración (...) en ausencia de violencia tiene un tan severo impacto desalentador sobre el ejercicio del derecho fundamental de reunión". El aval del Constitucional al Supremo llega en pleno debate por los indultos que previsiblemente concederá el Gobierno a los líderes independentistas catalanes, rechazados de plano por el Supremo.

Precisamente, el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, defendió recientemente en sus alegaciones al Supremo sobre el indulto que no está arrepentido y que todo lo que hizo lo volvería a hacer porque no cometió ningún delito; mientras que el exlíder de ANC y secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, rechazó informar al tribunal, si bien ha dicho después que no ha de pedir perdón. Con el rechazo de los recursos, se agota el recorrido judicial de los Jordis en España y se abre la puertas a recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), como es su intención.